La condena contra el exdirector de Pemex sería por delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, de acuerdo con funcionarios del Gobierno federal.
Ciudad de México, 5 ene (EFE).– La Fiscalía General de la República (FGR) pidió una condena de hasta 39 años de prisión para Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho, según confirmaron este miércoles a EFE fuentes judiciales.
El escrito de acusación fue presentado ante un Juez del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, y en un plazo máximo de cinco días se debe informar a la defensa, que a su vez procederá con el “descargo de pruebas”, agregó la fuente.
La FGR consideró que debido al nivel jérarquico que tuvo Lozoya dentro del Gobierno cuando dirigía la estatal Pemex (2012-2016), se debe imponer la pena máxima que la ley contempla por los tres delitos que se le imputan.
Esta petición de la FGR se produce tras año y medio de proceso y fallidas negociaciones para llegar, hasta el momento, a un acuerdo reparatorio.
Además, según medios locales, la FGR también pidió una pena de 25 años por dos delitos, entre estos asociación delictiva, para su madre, Gilda Margarita Austin.
Lozoya fue arrestado a comienzos de 2020 en España y extraditado a México como testigo protegido de la Fiscalía a cambio de inculpar a otros políticos, pero el pasado 3 de noviembre ingresó en prisión preventiva a petición del Ministerio Público tras haber sido captado cenando en un restaurante de lujo.
El que fuera director de la petrolera estatal durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) está acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que habrían servido para comprar el voto a favor de legisladores de la oposición a la Reforma Energética de Peña Nieto.
También se le acusa por haber ordenado como director de Pemex la compra a sobreprecio de la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.
Por el caso Agronitrogenados, el magnate Alonso Ancira se comprometió a pagar 50 millones de dólares en un primer desembolso como acuerdo de reparación.