La inconformidad por el incremento del transporte en el municipio de León, el más grande de Guanajuato, al igual que la que ha despertado el alza de los combustibles, permea de manera amplia en todos los sectores afectados, aunque solo grupos relativamente pequeños se encuentren exponiendo su oposición.

Tanto los responsables de la política nacional como quienes conducen el ayuntamiento de León, con el Alcalde Héctor López Santillana al frente,  cometerían un grave error si confunden el activismo de unos cuantos con una apatía generalizada de la sociedad.

En ambos casos, aunque pudiera haber justificaciones sólidas para las medidas instrumentadas, lo que más ha enardecido a los ciudadanos es el esquema de ocultamiento y opacidad que ha prevalecido en la actuación de la autoridad.

Decisiones tomadas en fechas vacacionales, con ánimo de escurrir el bulto, de enfrentar a los gobernados a hechos consumados, no son compatibles con el nuevo ánimo de participación que existe en amplias capas de la población y que tanto ponderan las propias autoridades en el discurso.

Además, las razones técnicas han aparecido tardíamente y no como un ejercicio de razonamiento que pudiese dar lugar a una discusión madura, sino solo como justificaciones.

Nadie niega que el subsidio a la gasolina pudiese constituir una carga para toda la población que termina beneficiando a los más favorecidos, (algo parcialmente cierto, pues también ocurre que la mayor parte del traslado de bienes y servicios de consumo básico se realiza por carretera y no por ferrocarril).

Sin embargo también debería ser susceptible de discutirse el papel jugado por la corrupción y por la existencia de un sindicato protegido y privilegiado desde los más altos niveles del poder, uno de los mayores lastres para la productividad de Petróleos Mexicanos.

Como tampoco nadie niega la necesidad de transporte urbano moderno y eficiente que eleve la competitividad de la ciudad de León, pero cuyo costo debe repartirse en forma equitativa, mediante un justo precio de la tarifa y un esfuerzo de eficiencia de las empresas del ramo.

Hoy por hoy, parece que todo el esfuerzo de mantener funcional el SIT de León, no de modernizarlo o elevar su calidad, corre a cargo del usuario y no del transportista.

El modelo de negocio del transporte urbano de León contempla importantes subsidios a cargo del erario, que no deja de ser dinero de los contribuyentes, como ocurre con la infraestructura de rutas y paraderos. Sin embargo, las contraprestaciones que deben ofrecer las empresas, se quedan incumplidas o cumplidas solo a medias.

Un transporte eficiente y de calidad debería motivar a dejar el automóvil en casa y usar el servicio público, máxime con la elevación del precio del combustible. Sin embargo eso, históricamente, no ha ocurrido en León. Al contrario, cada vez hay más autos circulando en las calles y los recorridos de las orugas y los autobuses urbanos cada vez son más tardados.

Y como, además, la autoridad ha eludido el papel de regulador para colocarse prácticamente como un socio de las empresas transportistas, tolerando el creciente deterioro del sistema, los equilibrios se encuentran gravemente afectados.

Hoy vemos como el municipio se ha convertido en el defensor del incremento al precio del boleto, gastando más recurso público en una campaña publicitaria que debería salir del bolsillo de los concesionarios.

En contrapartida, pareciera que los ciudadanos deben limitarse a escuchar y obedecer, como en los viejos tiempos de la autocracia, pues fueron relegados sistemáticamente de cualquier intervención en la discusión sobre el incremento.

Apenas ahora que se han movilizado varios miles de personas para mostrar su inconformidad en distintos tonos y grados, la autoridad abre una rendija para una mesa de diálogo que está condicionada a “portarse bien”, según los parámetros de la propia autoridad.

Sin embargo, el mayor problema que enfrenta el gobierno leonés es la precariedad de su capital político, pues en el año y meses que han estado al frente de la conducción del municipio no ha logrado generar una credibilidad en torno a un proyecto identificable, sostenible y compartible.

Por ejemplo, cada vez que el ayuntamiento encabezado por Héctor López Santillana habla de participación ciudadana, esta se limita a interlocución con el sector empresarial que constituye una mínima parte de la sociedad leonesa, a menos que el Alcalde piensa a la vieja manera que todos los obreros de una fábrica están representados por su patrón.

Los ciudadanos leoneses han mostrado una madurez que sus “representantes” parecen seguir regateándoles. En los últimos cuatro años han votado a dos partidos distintos, han castigado a candidatos de mala fama pública y han sancionado la pésima conducción política de sus gobernantes.

López Santillana, que llegó al poder gracias a ello, parece no recordarlo. No es solo ingratitud, también parece insensatez.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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