Biden prometió poner fin a la construcción de un muro en la frontera con México. Pero cuando asuma en enero, tendrá que tomar muchas decisiones difíciles en vista de que el Gobierno saliente de Donald Trump ha estado acelerando las obras en sus últimas semanas. Por otro lado, lo acompaña un cierto escepticismo relacionado con sus políticas del pasado hacia los muros.
Por Nomaan Merchand y John L. Mone
LOS ÉBANOS, Texas, EU (AP) — El Gobierno estadounidense ha estado tratando de quedarse con las tierras de Pamela Rivas para construir allí un muro fronterizo desde antes de que Joe Biden fuese Vicepresidente.
Desde un peñasco, Rivas puede ver el territorio mexicano, del otro lado del Río Bravo (Grande para los estadounidenses). Pasó su infancia pescando en el río. El Gobierno quiere partir en dos su propiedad con un cerco de acero que cerraría su acceso al río y propone pagar solo por la faja de terreno donde erigiría el muro. Mientras tanto, la tierra está siendo vigilada constantemente por agentes de la Patrulla Fronteriza que la cruzan sin su consentimiento.
“Llevamos 12 años peleando en los tribunales”, dice Rivas. “Es devastador. Esta es la herencia de mi familia”.
Biden prometió poner fin a la construcción de un muro en la frontera con México. Pero cuando asuma en enero, tendrá que tomar muchas decisiones difíciles en vista de que el Gobierno saliente de Donald Trump ha estado acelerando las obras en sus últimas semanas. Por otro lado, lo acompaña un cierto escepticismo relacionado con sus políticas del pasado hacia los muros fronterizos.
Como Senador, Biden votó a favor de apropiarse de tierras privadas en el 2006. Y fue Vicepresidente de un Gobierno de Barack Obama que siguió construyendo cercos y demandando a propietarios de tierras en la frontera. Bajo la ley del 2006 se construyeron mil 050 kilómetros (650 millas) de barreras hasta el 2011.
En el Río Grande Valley del sur de Texas, donde Rivas y varias decenas de propietarios de tierras resisten la construcción de muros, Obama construyó más barreras que Trump.
“Ahora somos un poco menos inocentes que la última vez”, dijo Ricky Garza, abogado de Proyecto de Derechos Civiles de Texas (Texas Civil Rights Project), una organización sin fines de lucro que representa a Rivas y otros propietarios.
Biden heredará un enorme plan de construcción de muros que se vio acelerada en el último año. Se están despejando espacios a fuerza de explosiones y destruyendo cactus y otros aspectos del hábitat de Arizona y Nuevo México. Casi toda la construcción adelantada bajo el Gobierno de Trump se ha hecho en reservas de vida silvestre y en territorios indígenas que ya pertenecían al estado. Si bien las obras son consideraras “reemplazos” de otras ya existentes, se están eliminando barreras para vehículos y en su lugar se instalan enormes postes de acero y luces mucho más restrictivas.
El Gobierno de Trump dice que completó 644 kilómetros (400 millas) y que hacia fin de año habrá terminado otros 725 kilómetros (450 millas). Hay más de dos docenas de proyectos en marcha y contratos firmados con al menos cinco empresas constructoras, por valor de 7 mil millones de dólares, según cifras del Gobierno.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que supervisa las obras financiadas con fondos de los militares a los que Trump tuvo acceso mediante una declaración de emergencia nacional, “no especulará sobre las medidas que el Gobierno pueda tomar o no” y “espera que los contratistas sigan las obras según los términos de sus contratos”, declaró el portavoz George Jozens en noviembre.
Después de las elecciones el Departamento de Justicia siguió demandando a propietarios de tierras en Texas. Enfrenta los mismos obstáculos con que tropezaron otros gobiernos a la hora de decidir a quién demandar. Algunos de los terrenos donde desea construir muros tienen decenas de potenciales herederos dispersos por el país.
El trabajo ha sido complicado y en una ocasión una jueza federal acusó al Gobierno de hacerle “desperdiciar los recursos del juzgado”.
“No se toman el trabajo de averiguar si alguien falleció”, dijo la jueza Micaela Álvarez, nombrada por el expresidente George W. Bush hijo. “Hay casos en los que se menciona a alguien y uno o dos meses después, regresan y te dicen que esa persona murió hacía dos, tres o cuatro años”.
La semana después de las elecciones, el estado demandó a Minnie G. Sáenz, una viuda de 78 años que estaba con su hijo cuando se enteró de la demanda a través de la Associated Press.
“Están apurados, pero no apurados para pagar, sino para construir”, comentó el hijo, Leonel Sáenz Jr.
A Biden le costará frenar obras en marcha.
En agosto prometió que no construiría “ni un pie” más de muros en la frontera y que “retiraría las demandas” que hay en curso. Una portavoz del equipo de transición de Biden, Jennifer Molina dijo en un comunicado emitido esta semana que el Presidente electo dejaría sin efecto la declaración de emergencia nacional de Trump e “invertiría en soluciones reales” en la frontera. Cosas como tecnología y una mejor infraestructura en los puertos de entrada.
Molina no dijo cómo haría Biden para frenar la construcción de muros.
De paralizar las obras en marcha, se dejarían el acero y el cemento ya adquirido en esos sitios. Pero si permite que sigan, podría exponerse a que lo acusen de no cumplir sus promesas.
Los contratistas, por su parte, podrían exigir compensaciones, de acuerdo con el servicio de Protección de Aduanas y Fronteras. No está claro cuánto costarían esos pasos pues el gobierno no dio a conocer los contratos.
La retórica de Trump en torno a la construcción del muro, acompañada a menudo por críticas a los migrantes, complicó el consenso bipartidista que hubo alguna vez en relación con la seguridad en la frontera. Obama y Bush hijo construyeron muros y añadieron agentes a la Patrulla Fronteriza, lo mismo que torres de vigilancia, dirigibles y helicópteros. También añadieron nueva tecnología de vigilancia.
“Si lo analizas en conjunto, esto es mucho más sensato”, dijo Kerlikowske.
Algunos residentes y activistas dicen que la suspensión de la construcción del muro debería ser parte de un repudio amplio de lo que describen como la “militarización” de la frontera. Afirman que el gobierno debería usar el dinero para mejorar la salud pública y la infraestructura, especialmente a la luz de los estragos que está causando el coronavirus en las comunidades fronterizas.
“Hay que abandonar la idea de que debemos sellar de algún modo la frontera”, declaró Garza, del Proyecto de Derechos Civiles de Texas.
