El ex “impartidor de justicia” no fue acusado por el delito de cohecho o delincuencia organizada porque no se ha podido probar los actos en los que supuestamente habría recibido dinero del grupo delictivo que encabeza “El Mencho”; sin embargo, se acredita por el momento posible lavado de dinero, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera denunció que Isidro Avelar recibió depósitos bancarios en sus cuentas por 78.5 millones de pesos, de los cuáles 50 millones no pudieron ser acreditados y se presumen de origen ilícito.
El 22 de noviembre, agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron a Avelar Gutiérrez en Guadalajara, Jalisco, a quien Estados Unidos acusó por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tijuana, 4 de diciembre (Zeta).- Mal termina la carrera judicial del magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez, pues pese al principio de presunción de inocencia, los gobiernos de México y Estados Unidos están convencidos de que con sus resoluciones presuntamente benefició a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre los que figura Rubén Oseguera González “El Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder de la organización criminal.
Un Juez de Control de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México dictó auto de vinculación a proceso contra el ex funcionario por su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el imputado continuará internado en el penal de máxima seguridad Altiplano, en Almoloya de Juárez.
El ex “impartidor de justicia” no fue acusado por el delito de cohecho o delincuencia organizada porque no se ha podido probar los actos en los que supuestamente habría recibido dinero del grupo delictivo que encabeza “El Mencho”; sin embargo, se acredita por el momento posible lavado de dinero, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció que Isidro Avelar recibió depósitos bancarios en sus cuentas por 78.5 millones de pesos, de los cuáles 50 millones no pudieron ser acreditados y se presumen de origen ilícito.
El suspendido magistrado de circuito fue detenido por agentes federales el 22 de noviembre en el Aeropuerto Internacional “Miguel Hidalgo” de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a una orden de aprehensión cuando se encontraba en tránsito. De inmediato fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y posteriormente remitido al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1.
La audiencia de control duró aproximadamente seis horas, pues comenzó el viernes de su captura a las diez de la noche y terminó cerca de las cuatro de la madrugada del sábado 23 de noviembre. La detención fue calificada de legal y la audiencia llegó a su fin con la imposición de la medida cautelar dictada por el juzgador, ordenando que Avelar Gutiérrez debía quedar preso en tanto se resolvía su situación jurídica en las próximas 144 horas, a petición del propio implicado.
Los señalamientos de presunta corrupción del ex juez y magistrado, nacido el 13 de junio de 1962 en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, limítrofe con Zapopan, datan desde la década de los 90, cuando varias de sus resoluciones fueron consideradas como polémicas, beneficiando en ese entonces a miembros del Cártel de Sinaloa, como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Jesús Héctor “El Güero” Palma, entre otros.
Mientras Isidro Avelar enfrenta de manera inicial a la justicia mexicana para la cual trabajó durante casi tres décadas, el hombre al que habría auxiliado bajo la sombra de la sospecha del soborno, Rubén Oseguera González “El Menchito”, se encuentra a punto de ser extraditado a la Unión Americana para procesarlo en la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington DC, bajo cargos de asociación delictuosa para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina, así como uso y posesión de un arma de fuego para fomentar delitos contra la salud.
ACUSACIÓN
Los problemas para Isidro Avelar Gutiérrez iniciaron a raíz de la resolución de fecha 18 de enero de 2017, en la que siendo magistrado del Sexto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, otorgó un amparo indirecto a Rubén Oseguera, señalado como el número dos del CJNG, para desligarle del delito de delincuencia organizada por el que contaba con auto de formal prisión en la causa penal 177/2015 del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco.
Con el amparo concedido al “Menchito” se derribaban las cuatro pruebas que le vinculaban como integrante de la organización criminal de mayor expansión territorial en el país durante los últimos años. A saber, dichas pruebas son: que es hijo del “Mencho”, líder del cártel; que poseía un fusil AR-15 con las siglas inscritas CJNG; dos testigos lo identifican por medio de fotografía como uno de los jefes del clan delictivo; y finalmente un cuadro de vínculos elaborado tanto por el área de Inteligencia de la Policía Federal, como otro organigrama diseñado por el Centro Nacional de Planeación e Información (Cenapi) de la ex Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía).
Avelar consideró que la documentación para consignarlo contiene fallas y que el juez federal que le enjuició no valoró correctamente las pruebas. Llegó a la conclusión que ser hijo del líder del cártel no hace al hijo criminal; la posesión de un arma con la frase CJNG tampoco es prueba contundente; los testigos describieron características físicas del implicado a pesar de ver la fotografía; y finalmente cuestionó la ausencia de una fuente de información de Inteligencia de la Policía Federal y del Cenapi para elaborar sus informes.
También se conoció que Avelar Gutiérrez había liberado a otros integrantes del grupo delictivo, como Juan Francisco Aguilar Santana “Juan Pistolas”, una de las personas más cercanas a Nemesio Oseguera Cervantes y al que habrían realizado cateos simultáneos en diversos inmuebles, motivo suficiente para que el juzgador cuestionara al Ministerio Público Federal cómo hizo para estar en dos o más lugares a la misma hora.
El 3 de abril de 2019, el Consejo de la Judicatura Federal removió a Isidro de un Tribunal en Chilpancingo, Guerrero, debido a que fue denunciado por actos de corrupción. Posteriormente, el 17 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al entonces magistrado en su lista negra de cabecillas del narcotráfico por su presunta relación con el CJNG. En ese país se ordenó congelar cualquier activo que tuviese él o sus familiares.
El señalamiento de los norteamericanos puso a trabajar a las autoridades mexicanas que ya contaban con antecedentes de la conducta dudosa del jurisconsulto en algunas de sus sentencias y la UIF se afanó en buscar el origen de 50 millones de pesos que Avelar no pudo acreditar con sus ingresos como funcionario judicial o cualesquier otro negocio personal o familiar. A la fecha no se conoce de dónde proviene el dinero, pero la principal sospecha de la autoridad es que es producto de actos de corrupción.
El Consejo de la Judicatura Federal suspendió temporalmente, sin goce de sueldo y por seis meses, a Isidro Avelar, con el objetivo de realizar una investigación sobre las conductas advertidas, luego de una serie de operaciones dentro del Sistema Financiero Nacional que alertan que el magistrado pueda estar obteniendo parte de su patrimonio por medio de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La UIF y el Ministerio Público Federal ordenaron el congelamiento de sus cuentas bancarias y las de sus familiares directos.
Avelar Gutiérrez recurrió a demandas de amparo en un intento de frenar lo que se veía venir. En materia penal interpuso un par de juicios de garantías, pero estos se resolvieron antes de que existiese la orden de aprehensión, por lo que causaron sobreseimiento. En materia administrativa, tanto el imputado como dos de sus hijas, solicitaron la protección de la justicia federal para que pudiesen ser descongeladas sus cuentas de banco, pero a la fecha, los juicios de amparo no se han resuelto.
ANTECEDENTES
La mala fama de “Chilo” -como le conocen sus familiares y amigos-, llegó desde los inicios de su carrera en la función judicial en 1990, cuando era oficial judicial de bajo perfil en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de Guadalajara. En 1992 pasó al Juzgado Primero de Distrito en la misma materia en Puente Grande como secretario de la mesa de amparos, siendo su jefa inmediata la titular María del Pilar Parra Parra.
El ansiado premio de ser juez federal llegó en 1993, cuando fue designado Juez Mixto de Distrito en el Estado de Campeche, para regresar un año después al complejo carcelario de Puente Grande como Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal. Entonces se dio a conocer por algunas resoluciones polémicas como la liberación de algunos de los procesados por los delitos federales del caso del homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más.
En la década de los 90 permite recuperar su libertad al ex comandante de la Policía Judicial Federal, Hugo Tinoco, señalado de proteger al “Chapo” Guzmán y participar en la entrega de presuntos rivales al Cártel de Sinaloa. También concedió sendos amparos al mismísimo Guzmán Loera para desligarle del crimen de Posadas en el fuero común y de un proceso por el delito de cohecho.
Al “Güero Palma”, compadre del “Chapo”, le concedió un amparo contra un auto de formal prisión que pesaba en su contra en un Juzgado penal estatal por un triple homicidio ocurrido en un cerro del poblado de Nextipac, en Zapopan, en hechos ocurridos en diciembre de 1992. Además le protegió jurídicamente del homicidio del Cardenal Posadas y los hechos de la balacera en el aeropuerto tapatío el 24 de mayo de 1993. A Antonio Mendoza Cruz, chofer del “Chapo”, le amparó por el crimen del clérigo.
Otro que recibió la gracia de Isidro Avelar fue Edgar Mariscal Rábago “El Negro”, sicario del Cártel Arellano Félix y señalado como autor material del asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo. La orden de aprehensión dictada en ese Juzgado Cuarto Federal se hizo con base al señalamiento de testigos que describieron al “Negro”; sin embargo, la media filiación no coincidió y el juez determinó que no se trataba de la misma persona y decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar. Solo estaba ahí por delitos federales, y en el fuero común a la fecha sigue preso por el homicidio.
Y cómo olvidar la resolución de un incidente de devolución de numerario que tramitó el narcotraficante Juan José Quintero Payán, a quien la PGR le aseguró a mediados de 1992 la cantidad de 779 mil dólares en efectivo que presuntamente trasladaba a Guanajuato para pagar un cargamento de cocaína procedente de Sudamérica. Luego de quedar libre, el tío de Rafael Caro Quintero reclamó su dinero e Isidro ordenó su devolución, aunque en la PGR ya no lo encontraban.
En otro caso extraño, siendo magistrado, Avelar Gutiérrez concedió el amparo a dos de cinco sujetos que el 19 de mayo de 2009 fueron detenidos por el Ejército en el rancho “El Tepozán”, municipio de San Julián, Jalisco. Los quejosos habían disparado contra los soldados y al ser detenidos les hallaron dentro del rancho las armas de fuego y 34 tambos metálicos con capacidad de 200 litros cada uno con productos químicos esenciales para la elaboración de narcóticos (tolueno, acetona, alcohol isopropílico, metilamina, ácido sulfúrico y ácido fenilacético), 82 cubetas con acetato de plomo, 40 costales con hidróxido de sodio, cinco cilindros de gas, un reactor, dos tubos metálicos, dos tinas mezcladoras y un motor eléctrico.
“MENCHITO”
Los abogados de Rubén Oseguera González “El Menchito” están desesperados. Su cliente está a punto de ser extraditado a Estados Unidos. Dos semanas es, a lo mucho, el tiempo que tardaría la entrega del gobierno mexicano a su homólogo norteamericano. La defensa ya no espera un milagro, a menos que no se materialice la entrega y entonces al señalado como número dos del CJNG lo tendrían que dejar libre, situación más que imposible.
Pese a lo anterior, los litigantes encabezados por Víctor Francisco Beltrán García, también boletinado en la lista negra del Departamento del Tesoro estadounidense, se quejaron de que en septiembre le fue negado un amparo al hijo del “Mencho” por presiones e intervención de consejero de la Judicatura Federal, Alejandro González Bernabé, y de un supuesto agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). El consejero habría dado la orden de denegar la protección.
Entre los reclamos de los abogados, se encuentra la negativa del Tribunal Colegiado con residencia en Oaxaca de desahogar la totalidad de las pruebas ofrecidas en descargo de Rubén. De 30 solo se desahogaron 14 pruebas, entre estas la que buscaba demostrar que “El Menchito” no es hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, sino que su padre se llama Rubén Oseguera Cervantes y no tiene dicho apodo. Para ello entregó su acta de nacimiento.
Se realizaron periciales antropométricas y de fotografía forense, pues Oseguera junior pretendía probar que no es la misma persona que aparece en la fotografía aportada por un fiscal estadounidense al expediente, pero los peritos oficiales dictaminaron que sí existe correspondencia dimensional, cromática y morfológica de las características faciales entre las personas que aparecen en las fotografías comparadas, y que se trata del sujeto reclamado que en ese entonces se encontraba internado en el Cefereso Número 13 en Oaxaca.
También se argumentó que la supuesta actividad criminal del reclamado en EU es falaz, pues se señala como año de inicio 2004, cuando Oseguera González contaba con 13 años de edad, siendo que al otro lado, la mayoría de edad es a los 21 años. Esa prueba tampoco tuvo la aprobación del tribunal.
Actualmente “El Menchito” está preso en el Cefereso Número 11 en Hermosillo, Sonora, adonde fue trasladado precisamente en septiembre, cuando le fue negado el amparo, procedente del Cefereso Número 15 de Chiapas. Estuvo en la prisión federal de Villa Comaltitlán tras el rumor de que en julio se fugaría del penal de máxima seguridad Altiplano, al cual llegó procedente del Cefereso Número 2 de Jalisco. En todas esas cárceles estuvo tan solo en 2019.
El abogado Víctor Francisco Beltrán informó que el 28 de octubre, la defensa presentó un escrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que revise todas las irregularidades en el proceso de extradición, ya que supuestamente hubo firmas apócrifas de William Duncan, diplomático estadounidense, además de falsos testimonios de testigos protegidos.
Beltrán García reconoce que ya agotaron todos los recursos e instancias judiciales posibles para evitar la extradición al vecino país del norte, y ahora, la única oportunidad para impedir que Rubén Oseguera sea entregado a Norteamérica es que la cancillería mexicana considere su solicitud para revisar las anomalías en el procedimiento.
