En los últimos diez días, Jaime Bonilla Valdez se ha convertido en un costo político para la cuarta transformación que encabeza desde el Gobierno federal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador. No son pocos los cercanos al mandatario nacional que alertan sobre el lastre en el que se ha transformado, en tan poco tiempo, el Gobernador de Baja California.

Es notorio el distanciamiento que existe entre Ejecutivo Nacional y Gobernador. Lejos de la cercanía que se apreciaba cuando Jaime Bonilla Valdez fue Senador, y súper delegado en Baja California, una vez que el de Tijuana llegó al poder político administrativo la relación con el Presidente de la República entró en un proceso de enfriamiento. A grado tal que el Gobernador de Baja California no ha sido recibido, oficial y públicamente, por el Presidente de la República a pesar de representar al mismo partido político.

Uno de los yerros de Bonilla es la obsesión por ampliar el mandato de gobierno a cinco años y no los dos para los cuáles fue electo. En distintas ocasiones el Presidente de la República ha planteado públicamente que las leyes no deben modificarse para responder a intereses personales, incluso en el caso de la Ley Bonilla, la que amplía el mandato –posterior a la elección-, dijo expresamente que no, que al margen de la Ley nada, por encima de la Ley, nadie. Semanas después el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, confirmaría en una entrevista televisada que López Obrador estaba en desacuerdo con la ampliación de mandato, que respetaba el periodo de dos años para el cual los bajacalifornianos eligieron Gobernador el 2 de junio de 2019.

Hace unos días, el 30 de octubre, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación firmaron de recibida la opinión técnica que fue solicitada exprofeso por el Ministro Ponente en el caso de los recursos contra la Ley Bonilla, José Fernando Franco González Salas, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre el decreto 351 el mismo con el cual en el Congreso del Estado de Baja California, a iniciativa de un Diputado de Morena, ampliaron el mandato constitucional de dos a cinco años. La opinión técnica del Tribunal Electora, fue que la reforma publicada el 17 de octubre en Baja California, era inconstitucional. Los Magistrados Electorales votaron de manera unánime los términos del documento que entregada a la Corte.

Consideraron los magistrados que el Decreto 351 no cumple con el principio de temporalidad mínima, pues el proceso electoral de Baja California tuvo lugar del 9 de septiembre de 2018 al 7 de octubre de 2019, y la reforma que amplía el mandato de Bonilla fue publicada el 17 de octubre de 2019, además que había sido aprobada en la cámara local el 8 de julio de 2019, 36 días después de celebrada la elección a Gobernador con una convocatoria que establecía un periodo de gobierno de dos años.

Para los Magistrados Electores, con la reforma a posteriori se violentó el principio de certeza, que en el Artículo 105 de la Constitución, determina “promulgar y publicar las reformas electorales con noventa días de anticipación” al proceso electoral. Además los colegiados consideraron que está “prohibido prorrogar o extender el mandato más allá del periodo para el cual se ha sido electo democráticamente”.

Entre esos y otros argumentos, los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinaron de manera unánime:

“Por las consideraciones que han quedado señaladas se considera que la reforma impugnada resulta inconstitucional ya que transgrede la prohibición constitucional prevista en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo; los principios de certeza, periodicidad de las elecciones, libertad y autenticidad del sufragio, así como los derechos de votar y ser votados, previstos en los artículos 35, fracciones I y II, 41, párrafos primero y segundo y 116, párrafos primero y segundo”.

Otro bonillazo a la 4T: en su columna del 27 de noviembre de 2019, el periodista Carlos Loret de Mola publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera, investigaba a tres gobernadores entre los cuáles se encontraba Jaime Bonilla Valdez.

Efectivamente del gobierno federal han confirmado la investigación que se desarrolla sobre el patrimonio del Gobernador de Baja California, el cuál no ha transparentado en ninguna de las oportunidades que legalmente ha tenido al ser servidor público, primero como diputado federal, después como Senador, más tarde en su calidad de súper delegado, y hoy día como Gobernador de Baja California.

Durante la campaña 2019 no cumplió con la 3de3. En la única declaración patrimonial que existe de Bonilla, él determinó que su fortuna asciende a 22 millones de pesos. En Baja California en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, tiene registradas cuatro propiedades a su nombre, sin dirección y sin valor económico. Ninguna empresa de su propiedad aparece en ese registro o en el federal, y en los Estados Unidos dio cuenta oficial de una casa y una empresa de radiodifusión, además de tener ingresos anuales de entre los 150 mil y los 175 mil dólares.

La Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto, le investiga por discordancias entre lo declarado, lo devengado y las propiedades que registró en México y en Estados Unidos.

El último golpe a la 4T por parte de Jaime Bonilla, se inició en septiembre de este año pero se reveló hace unos días. Actos de corrupción entre varios de sus funcionarios de primer nivel. Por lo menos tres, dos secretarios y el Oficial Mayor, señalados de estar involucrados en el cobro de moches, dinero solicitado a proveedores con la promesa de entregarles contratos en el gobierno.

Dos de los tres presuntos participantes en los actos de corrupción. Cynthia Gissel García Soberanes y Jesús Núñez Camacho, ya solicitaron licencia a los cargos de Secretaria de Bienestar Social y Oficial Mayor, respectivamente. El tercero, Amador Rodríguez Lozano, continúa trabajando como Secretario General de Gobierno de la administración de Jaime Bonilla.

Un testigo de los hechos presumiblemente de corrupción, y cuya declaración fue tomada en la Secretaría de Honestidad y Función Pública de Baja California, declaró que por lo menos habrían pedido 20 millones de pesos a un empresario para entregarle convenios para la elaboración de desayunos para estudiantes de nivel básico en el Estado, y la proveeduría de alimentos a los penales de Baja California; además a otro empresario habrían solicitado 100 mil dólares por contratos para vivienda y materiales de construcción.

De los hechos que investiga la Secretaría de Honestidad y Función Pública, hay audios, capturas de pantalla de mensajería celular, convenios firmados, cámaras oficiales que registraron la revisión en un retén militar a la camioneta de la ex secretaria donde fue localizado dinero en efectivo (4.7 millones de pesos), y otras declaraciones y documentos.

Sin enfrentar el problema, el Gobernador Jaime Bonilla “aceptó” las solicitudes de licencia de García Soberanes y de Núñez Camacho, pero no ha solicitado ni previsto la de Rodríguez Lozano, a quien le une además, que éste es el operador principal del litigio por la ampliación de mandato.

El Gobernador tampoco ha condenado los actos, ni ha declarado públicamente que serán investigados, todo lo ha dejado en su secretaria de Honestidad, y en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que también se lleva a cabo.

Tres yerros de la 4T en Baja California, tres excesos para sacar provecho de una situación de orden público. La ambiciosa y antidemocrática pretensión de ampliar a cinco años un mandato que constitucional y electoralmente es de dos años, la investigación de la UIF sobre bienes que no ha hecho públicos, y los actos de corrupción en su gobierno a un mes de haber tomado posesión, convierten a Jaime Bonilla en el Gobernador incómodo para Morena entre el electorado, porque dentro del partido, con sus funcionarios y liderazgos, de ninguno de los excesos en la administración de Bonilla han emitido crítica alguna. Vaya, ni constructiva, dejan pasar, dejan hacer. Al modo.

Adela Navarro Bello

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