El Gobierno mexicano decretó en 1988 que invertir en el campo no era importante y que lo verdaderamente fructífero era importar. Además decidió que fuera el sector privado, mexicano y extranjero, el que le metiera dinero y cedió el territorio rural a los monopolios, dice Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo y también activista en el movimiento Sin Maíz no hay País. El resultado, explica en esta entrevista, fue una devastación que nos quitó autosuficiencia alimentaria y dejó grandes problemas sociales: pobreza, crimen organizado, impunidad y corrupción, entre otras.
Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).– El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Víctor Suárez Carrera, recuerda que el único representante mexicano de este sector en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue Eduardo Robinson Bours Castelo, propietario de la empresa Bachoco y, en 1992, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
El resultado, dice Suárez Carrera, fue que México obtuvo para el sector avícola beneficios como la libre importación del sorgo necesario para la alimentación de las aves y, al mismo tiempo, una protección de 10 años al huevo y a la carne de pollo que vendía desde entonces la empresa de Robinson Bours, convertido luego en Gobernador priísta del Estado de Sonora.
“Ellos [los empresarios] se constituyeron en el ‘cuarto de al lado’ de los negociadores gubernamentales, y alimentaban las propuestas que querían que se negociaran y, como hablamos de trasnacionales, a ellos les interesaba, en primer lugar, asegurar una libre importación sin aranceles de sus materias primas”, dice Suárez en entrevista con SinEmbargo.
“Tenían una capacidad de expresar sus intereses mayor, en contraposición los productores de sorgo, que no teníamos la misma capacidad de negociación”, agrega.
Veintidós años después, de acuerdo con la ANEC, Bachoco es uno de los 20 corporativos que controlan el mercado agroalimentario mexicano, lo mismo que Maseca, Monsanto, Cargill, Nestlé, Walmart, Coca Cola y otros “monopolios privados” en poder de todos los cultivos y eslabones de la cadena, desde la producción hasta la comercialización, procesamiento y distribución de los comestibles.
Otro negociador del capítulo agropecuario por parte del Gobierno federal, recuerda Suárez Carrera, fue Luis Téllez Kuénzler, hoy consejero del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo y, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988–1994), Subsecretario de Agricultura y participante en la Reforma al Artículo 27 Constitucional que permitió el mercado de tierras antes comunales y terminó con el reparto agrario, médula de la Revolución Mexicana.
En 2001, al término del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León –en el que fue Secretario de Energía–, Téllez se convirtió en presidente del Consejo de Administración de Desc [hoy Grupo Kuo], que aglutina negocios de químicos y alimentos, entre ellos alianzas con Nutrimentos Agropecuarios Cargill, filial de la firma norteamericana Cargill.
Y ésta, de acuerdo con la ANEC, con el TLCAN se quedó con el mercado de la desaparecida Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y, ahora, domina el mercado de granos en el país.
BAJO EL CONTROL DE MONOPOLIOS
“Se hablaba de libre comercio y dejar a un lado los monopolios del Estado, que eran ineficientes y corruptos, y dar paso al libre mercado y la libre competencia”, dice Suárez.
“Pero el resultado es que sí desaparecieron los monopolios estatales, pero se generaron los monopolios privados, y hoy el sistema agroalimentario mexicano está controlado por no más de 20 corporaciones agroalimentarias trasnacionales: Maseca, Bimbo, Bachoco, Lala, Monsanto, Cargill, Nestlé, Walmart, Grupo Sigma, General Foods, Coca Cola, Pepsico, entre otros que no suman mas de 20”, agrega.
El también integrante de la campaña Sin Maíz no hay País fue entrevistado luego de que el nuevo Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la revisión del TLCAN, al que ha llamado el peor tratado comercial de la historia.
Para la mayor parte de la población mexicana, de acuerdo con diversos diagnósticos, el resultado es también negativo debido a que, además de que intensificó la dependencia económica de México del comercio con Estados Unidos, redujo el poder adquisitivo del salario y desmanteló la industria nacional.
En el sector agroalimentario, dice Suárez, México ha acumulado en 22 años un déficit de 61 mil millones de dólares en la balanza comercial, muestra de que se ha importado más de lo exportado; hay un crecimiento económico de 1.5 en promedio, que se diluye en comparación con el aumento demográfico y, en general, un aumento en la pobreza y la desigualdad entre la población rural.
También, afirma, se violentó por años la protección acordada al maíz mexicano con la importación sin impuestos de este tipo de granos básicos desde antes de 2008, impidiendo que los pequeños productores se prepararan para la total liberación de este mercado.
El resultado, añade, fue que México –lugar de origen del maíz– se convirtió en el principal importador de este producto básico.
“A partir de 2005, 2006 y 2007, el Gobierno mexicano, de manera discrecional, permitió importaciones libres de aranceles por arriba de la cuota y, en los hechos, el plazo teórico de protección al maíz [15 años] se volvió cero, afectando a los productores nacionales pero beneficiando a Maseca, Minsa, Cargill y otras”, dice.
La devastación del TLCAN en el campo mexicano es oficial. De acuerdo con diversas revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los programas generados para que los productores nacionales enfrentaran la competencia no generaron beneficios supuestos y se concentraron en un pequeño segmento.
“[El Gobierno federal] dejó de participar en el proceso de producción y distribución de insumos, en la desregulación de las actividades agropecuarias, con la premisa de incrementar la productividad de las unidades de producción, promoviendo una reconversión hacia cultivos de mayor rentabilidad, con lo que se dio prioridad a la expansión del sector de frutas y hortalizas, y le restó importancia a la producción de granos básicos”, dice la revisión de la ASF a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) difundida en el más reciente informe.
“Los programas públicos se rediseñaron para que los productores agrícolas pudiesen competir con los países desarrollados, mediante mayor inversión en el campo y participación privada en el sector, por lo cual se implementó el Programa Nacional de Modernización para el Campo 1990-1994, cuya finalidad fue incrementar el bienestar de la población rural, mejorar el uso de los recursos y la balanza comercial agrícola, y reducir las regulaciones”, agrega Víctor Suárez Carrera.
El pago de estos subsidios, sin embargo, reportó la ASF en su revisión al programa Proagro Productivo de la Sagarpa, se entregó a personas que no forman parte de la población objetivo y, por tanto, no están asociados al incremento de la productividad del campo mexicano, la cual sigue siendo baja.
Lo mismo ocurrió con la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), que debería “generar un mercado equitativo con mayor participación de los productores, proveer información oportuna, fomentar la exportación y desarrollar infraestructura comercial”.
El resultado, sin embargo, fue que ASERCA, como Procampo, no diseñó indicadores de evaluación ni de identificación de la población a beneficiar y, en 2012, dice una de las revisiones, entregó el 58.6 por ciento de los 6 mil 895.8 millones de pesos de subsidios “a la comercialización de cosechas de ciclos agrícolas autorizados y el 41.4 por ciento a cosechas de ciclos agrícolas no autorizados”, entre otras observaciones.
“A pesar de los programas desarrollados en las dos décadas anteriores, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se indica que el campo mexicano presenta signos de agotamiento que muestra un estancamiento de la productividad, debido a que anualmente se cultiva alrededor del 85 por ciento de las hectáreas disponibles, de las cuales el 28 por ciento (que concentra el 60 por ciento del valor total de la producción) cuenta con riego y el 72 por ciento se cultiva en temporal”, dice la ASF en la revisión a la cuenta pública de 2014.
El impacto de la liberación del mercado sobre el campo es tal, agrega Suárez, que aun el origen de los fenómenos sociales más graves que han marcado el siglo XXI mexicano, como la migración de millones de personas a Estados Unidos o el aumento del crimen organizado, podrían encontrarse en la forma en la que se negoció y aplicó el TLCAN.
“El Gobierno mexicano decretó desde 1988 que el campo no era importante sino que eran más importante las importaciones agrícolas, y que no había que invertir y que era un asunto del sector privado; entonces, el Gobierno se retiró y desaparecieron las entidades gubernamentales que tenían gran presencia en el territorio rural”, explica.
“Y cuando se retiran el Gobierno y las instituciones y no hay actividad en el campo por la falta de inversión pública y de la competencia desleal que significan las importaciones, cae la actividad económica y, frente a ese vacío, el crimen organizado –que ya existía– encuentra condiciones para expandirse y desarrollar actividad económica, ingresos, generando perspectiva e incluso opciones para los jóvenes, todo asociado con la impunidad y la corrupción”, agrega.
