Por Marcia Itzel Checa Gutiérrez

La semana pasada, los tres Poderes de la Unión anunciaron la integración de los Comités de Evaluación establecidos en la reforma al Poder Judicial. De acuerdo con el artículo 96 Constitucional, estos comités serán los encargados de evaluar los perfiles que se registren para las candidaturas judiciales que se someterán a voto popular en junio de 2025. Nada menos que 881 responsabilidades se elegirán, las cuales incluyen 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte, 1 magistrada y 1 magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 10 magistradas y 5 magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral, 3 magistradas y 2 magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina, 464 magistradas y magistrados de circuito, así como 386 juezas y jueces de distrito.

Cabe recordar que el corazón de la reforma judicial es la modificación del método de designación hacia uno basado en la elección popular de quienes integran el Poder Judicial en sus distintos niveles, bajo la justificación que será el pueblo quien elegirá a sus juezas y jueces (et. al.) y, por lo tanto, quien les dote de legitimidad (de origen). Sin embargo, en esta premisa se ha omitido “un detalle”: quienes decidirán (preseleccionarán) las listas que irán a votación serán estos Comités de Evaluación, con el visto bueno de cada uno de los poderes del Estado.

La semana pasada se anunció precisamente la integración de estos comités. El Legislativo no dio mayor explicación sobre el proceso seguido para determinar los cinco perfiles de su Comité, sólo se observaron notas que evidenciaban jaloneos entre cada una de las cámaras del Congreso sobre cuántos lugares le correspondían a cada una. Por su parte, el Ejecutivo anunció su Comité mediante un boletín, que tampoco explica las justificaciones detrás de cada nombre, algunos de ellos sumamente cercanos al gobierno y/o con simpatías públicas hacia este, al igual que el caso del Legislativo. En el caso del Judicial, su Comité se aprobó en sesión pública tras varias rondas de votación. Si bien este fue el ejercicio más transparente de todos, tampoco quedaron claros los criterios tomados, aunque es el único con una integración plural de sectores y sin evidentes cercanías partidistas o con el gobierno, así como con lineamientos para su funcionamiento. 

Lo anterior pone de manifiesto una gran alerta: la captura de estos mecanismos “ciudadanos”. En distintas designaciones, se han incluido o establecido órganos ciudadanos para construir confianza sobre las decisiones que se toman, bajo la lógica de que actúan de manera distinta a los partidos políticos. Es decir, se espera que no reproduzcan el cuatismo ni el reparto de cuotas en la asignación de determinada responsabilidad pública y que sus trabajos sean más objetivos. Hay experiencias serias que demuestran esto; siendo clave su integración con perfiles independientes y autónomos del gobierno y los partidos para asegurar la imparcialidad en su actuación. 

Desafortunadamente, no es el caso de los comités de la reforma judicial, donde dos de los tres tienen profundos sesgos. Esto confirma gran parte de los cuestionamientos planteados a esta reforma judicial, su fin último parece reducirse a cambiar a las personas juzgadoras por otras afines al proyecto partidista gobernante, en lugar de generar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la justicia de todas las personas. Justicia a modo. 

En términos de sus trabajos será fundamental que transparenten sus lineamientos, la metodología y los criterios con base en los cuales van a cumplir su misión. Es decir, aunque independientes, los comités tienen que someterse a ejercicios de escrutinio y transparencia. Por lo tanto, se vuelve esencial el carácter público de sus reuniones, decisiones y trabajos, así como la máxima publicidad de la información de todo el proceso. Entre más transparentes y participativos sean estos ejercicios se construye confianza y legitimidad, sin embargo, esto se ve difícil por su captura de origen. 

Estamos en días cruciales, no sólo por el avance en los trabajos de estos comités sino por las discusiones que se darán en el pleno de la Corte sobre la constitucionalidad o no de la reforma al Poder Judicial. Mantengámonos atentas y atentos. 

#SinCuotasNiCuates

* Itzel es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones. 

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