Diversos análisis políticos del escándalo llamado “Supremacía constitucional”, un concepto inadecuado  pero ya posicionado mediáticamente, han deplorado la grave afectación del sistema democrático y su sustento representativo. Sin duda se trata de lo más inmediato a examinar, más no lo único a tomar en cuenta.

Es más que evidente que el largo ciclo durante el cual se luchó  por adelgazar o acotar el poder presidencial, ha terminado en esta fase en un centralismo exacerbado. Ya habrían dado brincos de gusto los presidentes de la república del PRI o del PAN por tener el poder  que tendrá Claudia Sheinbaum Pardo y en el futuro cualquiera que llegue a ese sitio ahora revestido de facultades  autocráticas.

Para gobernar quien ocupe el Ejecutivo federal podrá hacerlo a punta de decretos, como los que permitió la Constitución alemana que surgió después de la Primera Guerra Mundial en la llamada República de Weimar.

Toda una generación de demócratas y dentro de ellos la izquierda que luchó por la apertura del sistema autoritario impuesto, tiene como saldo nefasto ahora un régimen de naturaleza absolutamente centralista, facilitado por la obsequiosidad lacayuna del Poder Legislativo y del Constituyente Permanente  que estará de rodillas a partir  de privar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de su calidad de tribunal constitucional.

El gobierno actual, qué duda cabe, no quiere tener ningún contrapeso, ningún obstáculo, prefiere encaminarse hacia la tiranía antes que ceder a las herramientas que todo sistema democrático tiene para su autocorrección.

La presidenta, sus bancadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión y el Partido MORENA,  aducen en su favor la narrativa de una elección plebiscitaria y que recibieron prácticamente un mandato imperativo de hacer lo que ahora imponen de manera arrogante  y sin la menor concesión a  una deliberación abierta que sería altamente gratificante para la construcción de ciudadanía.

Hoy lo que se pretende consolidar son las cadenas de servidumbre y desestimar la existencia de ciudadanos libres y presentes haciendo valer sus derechos, por sí o valiéndose del entramado institucional.

Pienso que llamar a esto dictadura suena a exceso retórico, pero basta ver  el talante de la presidenta, de los demagogos Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López y Ricardo Monreal  para pensar que así es.

He dicho que no es lo único a poner bajo la lupa. El llamado Poder Constituyente dispone que aparte del poder revisor y con mayoría calificada que es el Congreso de la Unión se integra al concurso que las legislaturas locales dispongan también con una mayoría suficiente.

¿Qué hemos visto en el comportamiento de los congresos locales?

Más servidumbre legislativa y nula disposición de la defensa del pacto federal. Pareciera que son regiones o departamentos de un Estado unitario y así ponen más clavos en el ataúd para sepultar el federalismo.

Se entiende la docilidad de los gobiernos morenistas, son producto de un presidencialismo sin control, que luego van a padecer los habitantes de sus entidades a la hora de las grandes decisiones presupuestales, por ejemplo.

Restan algunas entidades que están particularmente en manos del PAN y Coahuila donde el PRI ha demostrado tener cierta vitalidad y capacidad de renovación, pero aun en este estado fronterizo se está muy lejos de que se emule el ejemplo de Carranza que se le paró enfrente a la usurpación de Victoriano Huerta.

Los estados están pintados, son piezas decorativas de un federalismo que solo existe en la imaginación y el utilitarismo de caciques regionales que se sustentan en los favores que les brinda  el omnipotente presidencialismo a dónde ahora nos adentramos de manera más que grotesca y a contrapelo de lo que se postuló para reformar el poder en materia de democracia y representación, pero también de federalismo.

El federalismo en México fue por lana y salió trasquilado.

Los gobernadores y los congresos locales han convertido  a los estados en testigos mudos,  pero  sobretodo obedientes de un centro omnímodo y que quiere engordar todos los días su poder a costa de los otros.

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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