Es la mayor protesta que enfrenta Morales en sus casi 14 años en el poder. El mandatario ya había llegado debilitado a los comicios por escándalos de corrupción y su empeño de reelegirse pasando por alto un referendo que le negó esa posibilidad, lo que encendió el rechazo ciudadano a pesar de la buena gestión económica que garantizó estabilidad, baja inflación y crecimiento.
La Paz, 4 de noviembre (AP).— Las protestas sociales en Bolivia se agravaron el lunes mientras está por cumplirse el ultimátum del líder de los movilizados al Presidente Evo Morales para que renuncie esta misma noche.
Las manifestaciones comenzaron tras las elecciones del 20 de octubre que dieron como ganador a Morales en primera vuelta, victoria que opositores y un movimiento cívico-ciudadano desconocen alegando que el mandatario hizo fraude para reelegirse a un cuarto mandato. En tres semanas de movilizaciones han fallecido dos opositores.
Morales estaba reunido el lunes con líderes de sindicatos que lo respaldan. La víspera, el mandatario rechazó la conminatoria y acusó a los opositores de gestar un golpe de Estado para derrocarlo.
“Vamos a resistir y estoy seguro que el pueblo está organizado”, dijo en una entrevista por radio.
En los hechos, el Gobierno afronta dos frentes opositores que hasta la semana pasada eran uno solo. El ex Presidente Carlos Mesa, líder de la centrista Comunidad Ciudadana (CC), segundo en los comicios, demandó la víspera nuevas elecciones con un nuevo Tribunal electoral y llamó a sus seguidores a mantener las movilizaciones.
En el frente más radical están las plataformas ciudadanas bajo el liderazgo del empresario Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, quien conminó a Morales a renunciar hasta el lunes tras la muerte de dos manifestantes opositores.
“No estamos derrocando a un Gobierno, estamos liberando a una nación”, dijo Camacho el sábado ante una gran concentración en Santa Cruz, un bastión opositor.
A pedido del Gobierno, una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) comenzó una auditoría electoral, pero la oposición la rechaza bajo la sospecha de que avale el resultado.
Morales dijo que el informe, que se espera sea concluido en 10 días, será “técnico-legal y no político”. Negó que haya fraude y emplazó a sus detractores a presentar pruebas.
Es la mayor protesta que enfrenta Morales en sus casi 14 años en el poder. El mandatario ya había llegado debilitado a los comicios por escándalos de corrupción y su empeño de reelegirse pasando por alto un referendo que le negó esa posibilidad, lo que encendió el rechazo ciudadano a pesar de la buena gestión económica que garantizó estabilidad, baja inflación y crecimiento.
El respeto al voto moviliza las protestas. De parte del Gobierno, grupos afines también protagonizan marchas para exigir que se respete el resultado.
Ciudades casi paralizadas por paros y cortes de ruta, barricadas callejeras opositoras, transporte parado, comercio a medias, suspensión de labores escolares, marchas a favor y en contra de Morales, vigilas, cacerolazos y choques con heridos y detenidos entre opositores y oficialistas son cotidianos desde hace 13 días en un país que quedó polarizado.
Las fuerzas armadas no se han pronunciado ante el conflicto.
