El organismo pidió a Rosario Robles inscribir a 96 damnificados en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso a la reparación integral del daño que sufrieron, realizar todas las medidas necesarias de carácter legal, administrativo y de recursos financieros para que esa dependencia federal, a más tardar el 30 de noviembre de 2018, concluya los trabajos de construcción de viviendas adecuadas para los damnificados de los fenómenos meteorológicos.
Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por una serie de acciones y omisiones que impidieron reubicar y dotar de viviendas a 96 personas damnificadas desde 2013 por el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”, en Acapulco, Guerrero.
A través de un comunicado, detalló que personal de la Sedatu no incluyó a familias como beneficiarias de la reubicación; contravino la obligación de utilizar hasta el máximo de recursos disponibles para garantizar el derecho a una vivienda adecuada; no garantizó que una constructora cumpliera con la edificación de un proyecto habitacional e incumplió con el deber de prevenir a la población de riesgos futuros y con la obligación de protegerla frente a terceros.
La CNDH acreditó que personal de la Sedatu violó el derecho humano a una vivienda adecuada en relación con el derecho a un nivel de vida digna en agravio de esas personas damnificadas, habitantes de la localidad “El Quemado”, municipio de Acapulco.
El organismo indicó que a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el Gobierno Federal aprobó destinar recursos a la Sedatu para atender a las personas damnificadas de la Comunidad “La Isla Las Casitas” y autorizó la ejecución de 26 acciones de vivienda que se ubicarían en “El Quemado”.
Sedatu y una empresa celebraron un contrato de obra pública con objeto de construir viviendas mediante el proyecto San Agustín Barrio III en la localidad, consistente en 330 acciones parciales, 357 acciones totales y 137 de reubicación, acción en la cual se incluyó a las personas beneficiarias de “La Isla de Las Casitas”.
Según informó la Sedatu, la construcción inició en 2014 pero, dos años después, la empresa constructora incumplió con el contrato, lo que tuvo como consecuencia “la falta de recursos económicos” para atender al total del padrón de personas beneficiarias, con el que hubo retrasos en la conclusión de la obra, sin que se encontraran evidencias de que la Secretaría iniciara procedimientos para hacer válidas las garantías que el contrato establecía y así recuperar el dinero.
La Sedatu argumentó que el retraso en la entrega de viviendas se debió a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó la inspección del proyecto San Agustín II y, debido a que no contaba con autorizaciones en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, le impuso una “Clausura Total Temporal” de las obras de construcción. La dependencia informó que a causa de la clausura la empresa constructora suspendió labores, por lo que no fue posible concluir el proyecto habitacional.
La CNDH indicó que no se realizaron los estudios de análisis de riesgo, ni se tuvieron los permisos de uso de suelo, con lo que incumple directamente con la obligación que la Sedatu tenía de realizar dicho análisis con el fin de evitar la construcción de nuevos riesgos y posibles en la zona en la que se encuentra construyendo un conjunto habitacional.
El organismo defensor de derechos humanos recordó que en septiembre de 2013, Guerrero fue uno de los estados más afectados por el embate del huracán “Ingrid” en el Golfo de México y la tormenta tropical “Manuel” por la costa del Océano Pacífico, razón por la que se emitió la “Declaratoria de Desastre Natural” en 56 municipios de la entidad.
La CNDH realizó visitas a la zona afectada, donde se percató del gran deterioro de las viviendas que las hace inhabitables; se reunió con integrantes del mencionado Comité y conoció de otros casos de personas afectadas, que se incorporaron al expediente inicial, haciendo un total de 96 personas agraviadas.
El organismo pidió a Rosario Robles inscribir a las 96 víctimas en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso a la reparación integral del daño que sufrieron, realizar todas las medidas necesarias de carácter legal, administrativo y de recursos financieros para que esa dependencia federal, a más tardar el 30 de noviembre de 2018, concluya los trabajos de construcción de viviendas adecuadas para los damnificados de los fenómenos meteorológicos.
También deberá asegurar que las viviendas sean entregadas con escritura pública a todas las víctimas, garantizar la seguridad de la tenencia y cuenten con los servicios públicos básicos, revisar de manera detallada los procedimientos internos de adjudicación de contratos de obra en casos de desastre, así como sus procedimientos de construcción, colaborar con la CNDH en la queja y en el inicio de la Carpeta de Investigación que se presentarán ante el Órgano Interno de Control en la Sedatu y en la Procuraduría General de la República (PGR), respectivamente, contra quien o quienes resulten responsables de esos hechos, así como capacitar a su personal en forma integral en materia de derechos humanos.
Los afectados por “Ingrid” y “Manuel” ascendieron hasta un millón de personas en los diversos estados que impactaron fenómenos; hubo 157 muertos, de los que 101 fueron de Guerrero, 14 de Veracruz, 10 de Oaxaca y el resto en otros 18 estados que también fueron blanco de los meteoros ese año.
En junio pasado, el periódico El Sur informó que se demolieron 32 departamentos de la manzana 2B del fraccionamiento El Mirador, construido para familias damnificadas de las tormentas “Ingrid” y “Manuel” en 2013.
Las 32 viviendas demolidas fueron construidas por una empresa contratada por la Sedatu y los habitantes sólo las usaron del 23 diciembre de 2015 al 5 de enero de 2016, porque tenían cuarteaduras y fisuras, y fueron declaradas inhabitables por riesgo de colapso.
SinEmbargo informó que de los datos abiertos, de acuerdo con información ubicada en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), en 90 contratos celebrados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se pagaron 70 millones 987 mil 538 pesos para la atención y reparación de daños.
El contrato más caro fue uno de Pemex, destinado a la rehabilitación de caminos, pozos e instalaciones por 25 millones 977 mil 953 pesos. Le siguió uno de la CDI de 19 millones 154 mil 172 pesos para la adquisición de cobijas. Esas dos sumas, además, fueron similares a lo que la Sedatu, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, gastó en la compra de terrenos.
