Secretos propios y de otros funcionarios. Eso es lo que más se encuentra en el perfil público de Eduardo Medina Mora, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó a la Fiscalía de Chihuahua suspender “toda investigación o imputación penal” en contra del Presidente Enrique Peña Nieto por el desvío de 270 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el Gobierno del priista César Duarte Jáquez en ese estado.
Cuando fue Procurador General de la República (2006-2009), el recurso de la reserva fue el signo de su gestión al grado que el organismo fue apodado como “el negrito en el arroz de la transparencia”. Le puso candado a averiguaciones previas de delitos cometidos por servidores públicos durante la guerra en contra del crimen organizado y de paso, también a las investigaciones ministeriales sobre Amigos de Fox; los procesos penales ligados con Elba Esther Gordillo, y las denuncias en contra de Rosario Robles Berlanda y el empresario Carlos Ahumada Kurtz.
La compra de una flota de helicópteros en 2008, por 200 millones de dólares, en el rearme aéreo más costoso de la historia de la PGR también quedó bajo reserva.
Una constante se observa en los 19 años en la administración pública de Eduardo Medina Mora: la discreción respecto a su fortuna que jamás ha publicado en sus declaraciones patrimoniales; de modo que se ha reservado para sí mismo lo que ha hecho con el dinero que le ha pagado el Estado en las últimas dos décadas.
Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– El 6 de junio de 2008, el entonces Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, reunió a 900 funcionarios en el Palacio Nacional. De manera pública les pidió que acabaran con “el influyentismo y el amiguismo”, con el fin de “construir un gobierno caracterizado por rendir cuentas”. Transcurría el tercer año del Gobierno del hombre que con 12 días en el poder lanzó una guerra en contra del crimen organizado. Aquella vez, dio una orden: “Actuar con transparencia y ponerse en los zapatos de la gente o al otro lado del mostrador”. A la izquierda del Mandatario estaba el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, quien aplaudió con efusividad.
Ese mismo año, tanto el Presidente como el Procurador le dieron la espalda a la transparencia. Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión una reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales que le otorgó a las averiguaciones previas “carácter estrictamente reservado” y Eduardo Medina Mora, apegado al nuevo marco jurídico, clasificó todas las investigaciones –aun cuando ya estaban concluidas– que concernían a la implicación de funcionarios públicos en delitos relacionados con la guerra, lo que ha impedido conocer hasta ahora un dato fundamental: la implicación del Estado en la muerte violenta de unas 200 mil personas, la desaparición de otras 300 mil y el desplazamiento de otros miles.
También se mantiene bajo reserva el nombre de la empresa que en 2008 le vendió a la PGR una flota de helicópteros Blackhawk y Little Birds por 200 millones de dólares en el rearme aéreo más costoso de la historia del organismo, ordenado por el ahora Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se usó para sellar la frontera con Centroamérica con la justificación de que se requería inhibir vuelos clandestinos cargados de droga desde América del Sur. El candado se lo puso a la totalidad de la flota aérea de la Procuraduría (los modelos, el valor de mercado, la capacidad, la antigüedad, las horas de vuelo y el proceso de adquisición).
Por su parte, tiene una reserva indefinida el expediente que guarda el registro de los bienes muebles, inmuebles, numerario, centenarios, joyas, cuentas bancarias y los montos asegurados a la banda de Daniel Arizmendi.
Y hasta 2020, bajo su mando, también quedó reservado el número de chalecos antibalas adquiridos en 2008 para la extinta Agencia Federal de Investigación.
Lo anterior resulta de una búsqueda en los asuntos negados ante los ciudadanos por ser reservados o confidenciales de la PGR, entre 2006 y 2009, los años en que la PGR estuvo a cargo de Eduardo Medina Mora, en los archivos del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, en ese tiempo, IFAI). De hecho, la PGR en ese tiempo fue llamada por el entonces comisionado Alonso Lujambio (Q.E.P.D) “el negrito en el arroz de la transparencia” porque el organismo recurría al Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa para negar asuntos cruciales.
FUNCIONARIOS PROTEGIDOS POR LA RESERVA
Entre esos velos, un nombre quedó protegido: Genaro García Luna, quien ocupó la Secretaría de Seguridad Pública de 2006 a 2012, llevó la estrategia frontal contra el crimen y en cuanto concluyó el sexenio, se fue de México. Reapareció en abril de 2018 cuando presentó su libro “Seguridad y Bienestar”. En las averiguaciones bajo reserva se encuentra la su presunta implicación en el montaje del caso de Florence Cassez, una de las historias más escandalosas en la historia reciente de México. Como en reality show, elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación, la detuvieron como presunta secuestradora al lado de su pareja sentimental, Israel Vallarta, y liberaron a las víctimas frente a las cámaras.
No fue lo único que se quedó entre los archivos guardados por la PGR, bajo la gestión de Medina Mora. Con el apego al mismo marco legal, se negó a responder a las solicitudes de información sobre las investigaciones ministeriales sobre Amigos de Fox, los procesos penales ligados con Elba Esther Gordillo Morales, entonces dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, así como las denuncias en contra de Rosario Robles Berlanga (hoy Secretaria de Desarrollo Social) y el empresario Carlos Ahumada Kurtz (quien purgó cinco años de prisión por un fraude multimillonario en contra de la Delegación Gustavo A. Madero y fue conocido por aparecer en un video en el que le entrega un maletín con billetes a René Bejarano Martínez).
En el apego al artículo 16 de Eduardo Medina Mora no fue tan rígido en otro casos. Si bien la PGR se negó a brindar información en determinados asuntos; sí lo hizo en el caso de Laura Elena Zúñiga Huízar, ganadora del certamen “Nuestra Belleza Sinaloa”, quien fue detenida en Zapopan, Jalisco, en diciembre de 2008, por el Ejército Mexicano. Estaba en compañía de siete hombres que portaban armas de alto calibre y miles de dólares en efectivo.
Laura Elena Zúñiga y los detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y luego, trasladados a la SIEDO [hoy SEIDO]. Permanecieron bajo arraigo durante 40 días. Ella quedó en libertad porque el Ministerio Público no reunió suficientes pruebas en su contra. Su caso fue conocido porque la PGR envió boletines en los que brindaba detalles de la averiguación previa.
Coronada en julio de 2008 como “Nuestra Belleza Sinaloa”, Laura Elena Zúñiga había declarado que deseaba realizar una carrera como modelo; pero después de los acontecimientos de Zapopan prefirió retirarse de la escena pública.
LA OPACIDAD LO PROTEGIÓ A ÉL MISMO
Su carrera en la administración pública federal es larga; pero marcada por los secretos. De 2000 a 2015, completó 19 declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública. En ninguna quiso hacer público su patrimonio o sus posibles conflictos de interés, elementos clave para la medición de la transparencia para la organización Transparencia Internacional. En México, conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, revelar el patrimonio ante los ciudadanos queda a voluntad de los funcionarios y son pocos los servidores con dos décadas en el servicio público que jamás han dado a conocer un bien ante los ciudadanos.
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en 2000, cuando Vicente Fox Quesada se convirtió en el primer Presidente de la República postulado por el Partido Acción Nacional, pasó de abogado corporativo en Grupo Desc a Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cargo en el que estuvo hasta 2005. Después fue Secretario de Seguridad Pública Federal hasta 2006. Ese año, las elecciones presidenciales las ganó Felipe Calderón Hinojosa –también del PAN– y entonces fue nombrado Procurador General de la República, cargo en el que estuvo hasta 2009. De este año hasta 2013, fue Embajador de México en Reino Unido. Y de 2013 a 2015, fue Embajador del Gobierno de Enrique Peña Nieto en Estados Unidos.
En los 18 años como servidor público, Eduardo Medina Mora ha estado en el centro de episodios oscurísimos del país. De ello dan cuenta las recomendaciones archivadas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que aunque rechazadas, revelan su comportamiento frente a la tragedia. Ahí está la 38/2006 por San Salvador Atenco cuando un operativo policiaco militar causó la muerte de dos jóvenes y la detención de 207 habitantes y la agresión sexual en contra de 26 mujeres. Seguiría la 37/2006 sobre el movimiento de los trabajadores siderúrgicos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el que murieron dos obreros. La 64/2008 fue por la investigación de funcionarios públicos sobre la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila.
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Desde marzo de 2015, Eduardo Medina Mora es Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de la votación del Senado de la República pese a miles de firmas de ciudadanos en la plataforma Change.org que criticaron la crisis de derechos humanos tras su gestión en la PGR. Tres años después, ha vuelto a tomar relevancia: ha admitido la impugnación presentada por el Consejo Jurídico del Ejecutivo federal, lo que implica suspender “toda investigación imputación penal” en contra del Presidente Enrique Peña Nieto por el desvío de 270 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el Gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua.
La suspensión se derivó de una controversia constitucional presentada el 11 de octubre por el consejero jurídico de la Presidencia, Misha Granados, contra órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación de la Fiscalía estatal contra funcionarios federales y que fue ampliada el 16 de octubre. El argumento: la inconstitucionalidad del artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el 7 del Código Penal estatal. Bajo esa letra, los Gobiernos estatales sólo pueden denunciar delitos del fuero común y no federal.
