Al fiscalizar los componentes “Arráigate Joven” y “Extensionismo” del Programa de Apoyo a Pequeños Productores, implementado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y el INCA Rural, la Auditoría Superior de la Federación encontró anomalías por más de 159 millones de pesos.
Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló irregularidades por 159 millones 641 mil 100 pesos en dos componentes del Programa de Apoyo a Pequeños Productores.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce que el campo es un sector estratégico para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional, por lo que debe impulsarse la productividad para garantizar la seguridad alimentaria.
Este programa consiste en apoyar a pequeños productores con servicios de extensión, innovación y capacitación para incrementar la producción de alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas rurales.
Sin embargo, en el componente “Arráigate Joven-Impulso Emprendedor” el órgano fiscalizador detectó anomalías por 37 millones 247 mil 500 pesos.
En otra auditoría, la ASF fiscalizó el Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su componente “Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva”, en el cual hay pagos sin determinar su destino por 122 millones 393 mil 600 pesos.
ARRÁIGATE JOVEN
“Se identificaron deficiencias de control en el seguimiento y supervisión de los recursos del componente ‘Arráigate Joven – Impulso Emprendedor’ por parte del INCA Rural y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, dictaminó la Auditoría Superior.
Los recursos son ministrados por la Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural y Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural y transferidos al Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural).
El componente se conforma por dos conceptos. Del de “Proyectos de Producción Primaria y Agregación de Valor” se hallaron posibles daños al erario por 20 millones 006 mil 700 pesos.
El órgano fiscalizador observó falta de documentación comprobatoria por 8 millones 281 mil 700 pesos de 66 agrupaciones sociales que recibieron recursos del programa; no se acreditó que 6 millones 519 mil 500 miles de pesos se entregaron a las agrupaciones beneficiarias.
Además, 2 millones 200 mil pesos rebasaron los montos máximos autorizados, y se efectuó la comprobación del ejercicio del gasto por 3 millones 005 mil 500 miles de pesos con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que fueron cancelados por su emisor.
Sobre el concepto “Capacitación y Consultoría”, se tuvieron dudas por 17 millones 240 mil 800 pesos.
No se acreditó que cuatro instancias capacitadoras cumplieran con la cantidad de personas que recibirían la capacitación por 6 millones 815 mil pesos; una instancia capacitadora no comprobó los recursos que recibió ni acreditó haber prestado el servicio de consultoría a 24 grupos sociales por 6 millones de pesos.
También faltó la comprobación de 4 millones 010 mil 800 pesos de tres instancias capacitadoras; y la comprobación del ejercicio del gasto por 450 mil pesos con un Comprobante Fiscal Digital por Internet que fue cancelado por la instancia capacitadora que lo emitió.
La Auditoría Superior de la Federación pidió al Órgano Interno de Control en la Sagarpa que investigara las irregularidades de los servidores públicos que no acreditaron la publicación de la convocatoria dirigida a los solicitantes del concepto de “Capacitación y Consultoría”.
Al Órgano Interno de Control del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural pidió investigar por los pagos a la capacitación de tres personas, de las cuales no acreditó su devengo ya que estas fallecieron antes de la fecha de la solicitud de los apoyos, y por no aclarar la no entrega de recursos a las instancias capacitadoras.
EXTENSIONISMO
Sobre el componente “Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva” también hay dos conceptos.
En el de “Apoyo Extensionistas” hubo diversos pagos a prestadores de servicios sin acreditarse con comprobantes fiscales o entregables y en otros casos no de demostró el destino final por un total de 65 millones 472 mil pesos.
En el segundo concepto, el de Apoyo “Centros de Extensionismo”, se determinaron anomalías por 56 millones 920 mil pesos.
Por ejemplo, cuatro Centros de Extensionismo no acreditaron, con los comprobantes fiscales, la aplicación de 7 millones 097 mil 600 pesos o se transfirieron 2 millones 124 mil pesos a tres Centros de Extensionismo, los cuales, al mes de mayo de 2018, se encontraban depositados en las cuentas bancarias sin demostrar que estaban comprometidos para los fines que fueron otorgados.
El INCA Rural tampoco demostró que los 2 millones 044 mil pesos que Sagarpa ministró para los gastos de operación del Concepto “Centros de Extensionismo” se destinaron para cumplir con la ejecución de ese apoyo.
