Dos productoras de armas lograron que la Corte Suprema aceptara su caso para intentar desestimar una demanda de México.
Por Jesús García
Los Ángeles, 4 de octubre (LaOpinión).- La Corte Suprema aceptó el caso de productoras de armas que buscan desestimar una demanda del Gobierno de México sobre el tráfico de armas que ha permitido a los cárteles tener arsenales de alto calibre.
Se estima que el 80 por ciento de las armas traficadas a México provienen de Estados Unidos, debido a la falta de controles para su compra.
En la demanda original había ocho fabricantes, pero seis fueron retirados, debido a justificaciones de jurisdicción, pero Smith & Wesson e Interstate Arms quedaron en la demanda y ahora buscan que sea desestimada.
México ha ganado varias batallas legales en este proceso judicial que se ha vuelto significativo para su lucha contra los cárteles, a fin de que se reduzca el tráfico de armas, una industria que se estima en 250 millones de dólares anuales.
Los jueces de la Corte Suprema deberán discutir el caso en los siguientes nueve meses.
En enero de este año, la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito, que corresponde a la Corte ordenó que la demanda del Gobierno mexicano contra fabricantes de armas regresara a la Corte federal de Boston, Massachusetts.
En el nuevo proceso, seis de las empresas pidieron al juez Dennis Saylor, a cargo del caso, retirarlas del proceso, debido a que no operaban en Massachusetts.
El Juez Saylor coincidó con el argumento, al señalar que ninguno de los acusados ya fuera de la demanda habían constituido su negocio en el estado ni tenía una oficina de ventas.
“Ninguno de los seis acusados en movimiento está constituido en Massachusetts, y ninguno tiene un lugar principal de negocios en Massachusetts. No hay evidencia de que alguno de ellos tenga una planta de fabricación, o incluso una oficina de ventas, en Massachusetts”, determinó el juez.
La parte central por la cual fueron retirados es que México no logró demostrar que las armas de Barrett Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Century International Arms, Inc.; Colt’s Manufacturing Company, LLC; Glock, Inc., y Sturm, Ruger & Co., Inc., hubieran causado lesiones en aquel país.
“El demandante no ha identificado ningún arma de fuego específica, o conjunto de armas de fuego, que se haya vendido en Massachusetts y haya causado lesiones en México”, se indicó.
La siguiente audiencia en la Corte de Distrito en Massachussetts será el 17 de octubre, pero es posible que, dada la aceptación de la Corte Suprema en el caso, las empresas demandadas pidan detener provisionalmente el proceso ante una decisión de los jueces.
EL TRIUNFO DE MÉXICO
Aunque el Gobierno no ha ganado la demanda contra productoras de armas ha logrado poner el tráfico de armas con un tema crítico contra el crimen organizado.
“Es una buena victoria ante el Gobierno de México, porque ya se empieza hablar más en Washington de la relación de armas y crimen organizado“, dijo Alejandro Celorio, entonces director Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, en una entrevista con este diario a finales del 2023. “Si el crimen organizado en México no tuviera, no sólo la cantidad, sino el poder de fuego por el calibre, sería más fácil el ejercicio de la fuerza por parte del Estado mexicano”.
En la demanda original, México pidió que las empresas resacieran los daños causados con 10 mil millones de dólares.
México no ha estado solo en este pleito civil, ya que recibió escritos de amigos de la corte, incluidos fiscales estatales y países el Caricom, que incluye Jamaica, Trinidad y Tobago, donde se acusa que el tráfico de armas desde EU afecta la seguridad en la región.
