Un doctor al que le apodan el “recolector de úteros” tuvo como víctimas a mujeres migrantes en Estados Unidos. El hombre tiene apodo, es decir, fama, y trabaja para la agencia migratoria de ese país. De acuerdo con la organización binacional CD Migrante, este caso es una muestra de cómo ese aparato vulnera y agrede en nombre de la “seguridad nacional”.
Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- Ocurrió en California durante 70 años; en Perú a las indígenas en los años 90; en Alemania cuando Adolfo Hitler tenía el poder y en 2020, en un centro de detención en Georgia, Estados Unidos. Son casos en los que desde el estado se decidió esterilizar a hombres y/o mujeres.
De acuerdo con la información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en Georgia podrían haber violentado al menos a seis mujeres mexicanas. Los actos los cometió el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que es la agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
“Esto tiene que esclarecerse y si se confirma es un caso mayúsculo que debe no sólo sancionarse, sino tomarse otras medidas”, dijo el Canciller Marcelo Ebrard la semana pasada.
La enfermera Dawn Wooten denunció que en el centro de detención se realizaron extracciones de útero o histerectomías sin haberlo solicitado o sin entender de qué se trataba.
El Servicio de Inmigración y Aduanas indicó que el ginecólogo Mahendra Amin, de Georgia, ya no atiende a las inmigrantes detenidas después de la denuncia.
Un grupo de congresistas estadounidenses se pronunció ante el hecho y dijeron en un comunicado que “hay una historia vergonzosa en Estados Unidos de afroamericanos, indígenas, gente de color, inmigrantes, gente pobre y personas con discapacidades sometidas a procedimientos médicos sin su consentimiento informado”.
Diversas fuentes, entre abogados, activistas y mujeres que han estado presas en Irwin, identificaron al médico que realizó las cirugías como Mahendra Amin, un especialista en obstetricia y ginecología en Douglas, Georgia. Aunque Wooten no lo identificó por su nombre, se refirió al médico como un “recolector de úteros” porque “sacaba todo de adentro”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó que el Estado tiene la obligación de garantizar la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción y de obtener el consentimiento previo, libre y plenamente informado antes de realizar cualquier intervención médica.
A través de su cuenta de Twitter, la Comisión hizo el llamado a “poner fin inmediato a las esterilizaciones forzadas, investigar de forma diligente los hechos, sancionar a las personas responsables y tomar medidas de no repetición, garantizando el acceso efectivo a la justicia de las personas afectadas”.
En entrevista con SinEmbargo, Evy Peña, directora de Comunicaciones y Desarrollo en el Centro de los Derechos del Migrante, explicó que este caso no es aislado en toda la lista de violencias de las que son víctimas las personas migrantes, pero de manera más específica las mujeres migrantes.
Desde esa organización binacional, que trabaja en la defensa de los derechos laborales de los migrantes en Estados Unidos, se criticó que exista la permisividad por parte de las autoridades para cometer este tipo de actos que solo buscan criminalizar a las personas que no son blancas y que son pobres en nombre de la “seguridad nacional”.
De acuerdo con Peña, en este caso el Gobierno de México debe mostrar una posición más enérgica, ya que aseguró, la defensa y el orgullo que desde el discurso se lanza a los trabajadores migrantes por las remesas que envían, debe alcanzar también para repudiar estas acciones y dejar el juego de echarse “la bolita” de la culpa entre un gobierno y otro.
LA VIOLENCIA EN EL ICE
–El caso de las esterilizaciones remonta a capítulos negros de la historia, por ejemplo a la Alemania nazi. ¿Cómo podríamos describir lo que pasó en Estados Unidos hace unos meses con esta esterilización forzada?
–Lo que vemos y no solo con este caso, sino con todos los incontables casos que han salido sobre las condiciones en los campos de detención de migrantes, es básicamente una criminalización de personas que no son blancas en general y también es una violencia sistémica hacia las mujeres.
Antes de que saliera esta noticia sabíamos que las mujeres tenían acceso limitado ya a servicios de salud, por ejemplo, servicios básicos. Había una separación en la política migratoria de Estados Unidos. Siempre hemos visto cómo la política y la retórica del Gobierno de EU permite que el daño de la mujer no sea un efecto secundario, sino el propósito de este tipo de políticas, es un ataque directo a las comunidades de inmigrantes y por supuesto a las mujeres, que como era de esperarse, están sufriendo de manera desproporcionada.
Este capítulo en general es un vistazo, es sumamente radical lo que pasó pero está en línea con la política antiinmigrante de los últimos años.
Ojalá esta noticia sea una alarma, como si no fuera suficiente ya, para los gobiernos de ambos países. La falta de transparencia en los centros crea un desbalance de poder para los agentes de ICE que pueden hacer lo que quieran, nadie los ve, a nadie les rinden cuentas. El gobierno de EU está ciegamente de su lado a pesar de este tipo de denuncias de las condiciones deplorables y peligrosas.
–En las notas se habla de que el doctor que realizó las esterilizaciones tiene un apodo, le dicen el “coleccionador de úteros”. Eso habla de que hay una fama detrás. ¿Hay permisividad para cometer este tipo de actos?
–Es una cultura sumamente misógina. El año pasado salió a la luz que los oficiales de ICE tenían un grupo en Facebook en el que hacían memes y publicaciones bastante ofensivas contra las mujeres migrantes, por donde se le vea, la Agencia está llena de abuso.
Lo que dice el gobierno de Estados Unidos para defender o negar las acciones, dice que la Agencia existe para proteger a la población, pero su propósito es atacar a comunidades de migrantes, es deportar y criminalizar a personas que no son blancas. Hay una violencia sistémica en la agencia que incrementa la vulnerabilidad de las personas migrantes.
Cuando hablamos del orden de la ley, deberíamos hablar de cómo las políticas y las leyes protegen a las personas, a las familias, a las comunidades, porque esta agencia está haciendo lo contrario: la política migratoria criminaliza y ese no debería ser el propósito de una ley y mucho menos de una agencia. Han coptado esta frase de “seguridad nacional” para deportar a personas migrantes y privarlas de los servicios más básicos, cuando en teoría lo que tendríamos que hablar cuando decimos “seguridad nacional” es sobre la protección a todas las personas, familias y comunidades.
–Ahora del lado de la Agencia, ¿cuál es la filosofía que manejan?, ¿cómo justifican estos actos frente al Estado?
–De acciones en general, para ellos el argumento es la seguridad nacional; ICE protege el territorio y a las personas estadounidenses, de lo que no se dan cuenta es que las personas migrantes son parte de esa comunidad.
La filosofía de una agencia como ICE, pero además del gobierno en general, es de separar a las personas blancas del resto, ya sean personas latinas, afrolatinas, cualquier persona que no sea blanca es vulnerabilizada por la política estadounidense, porque no te tienes que ir al centro de detención, se puede ver la caracterización racial cuando se detiene a personas en la calle y la violencia policial.
Es un racismo que está muy metido en la política y el gobierno de EU, se permea a todos los ámbitos.
–Entonces es violencia que trasciende a una administración…
–Estas prácticas no solo ocurren en los centros de detención. Nosotros hemos documentado cómo son las condiciones en los centros de trabajo. Los programas de trabajo con visa temporal facilitan la explotación y la trata de personas porque ponen todo el poder en manos de los empleadores: la visa de una persona se le entrega al empleador y eso quiere decir que si reporta cualquier clase de abuso, puede ser deportado a México, muchas veces endeudados por cobros ilegales.
Ahora en la pandemia, si una persona reporta condiciones inseguras en el lugar de trabajo, el empleador lo puede despedir y aparte reportarlo –porque tiene ese derecho– a las autoridades migratorias y así pierde su estatus de regularizado. Se trata de un sistema que está socavando los derechos laborales de los migrantes, no es que los abusos pasen en el sistema, sino que es un sistema que facilita esta clase de explotación y trata de personas.
–Sobre el papel de México en estos casos. Ahorita las autoridades se han enfocado en tener una buena relación con Donald Trump, pero frente a estos casos de explotación y el de esterilización, ¿cuál cree que debería ser la respuesta y el posicionamiento de México?
–El Gobierno de México siempre ha tenido una resistencia a solidarizarse, no solo con palabras sino con acciones con las personas migrantes.
Es preocupante porque la falta de acción del Gobierno de México denota una manera de deslindarse de personas mexicanas cuya labor sostiene al país, las remesas son una parte muy importante para México y de alguna manera el Gobierno está orgulloso de estas remesas y quiere asegurar que la migración laboral continúe, pero rechaza la posibilidad de estar detrás de las personas que están sosteniendo la economía del país.
Al final las y los trabajadores migrantes siguen yendo a Estados Unidos e incluso fueron denominados como trabajadores esenciales durante la pandemia, pero el gobierno de México se rehúsa a actuar para poner en alto sus derechos.
Esta falta de acción y de apoyo convierte al Gobierno de México en cómplice en estos abusos para personas migrantes. Cuando hablamos de migración laboral muchas veces se trata como de un juego de culpas, EU le echa la culpa a México por ciertos abusos y viceversa. En medio los migrantes enfrentan los abusos de la ineptitud y negligencia de ambos gobiernos.
–Mientras las violencias continúan…
–Sí, desafortunadamente. Cuando hablamos de cómo crear políticas públicas que estén dirigidas a enaltecer los derechos de las mujeres, tenemos que hablar de cómo vamos a poner sus voces y sus experiencias al centro de esas políticas públicas. Hay que invitarlas a formar parte de estas mesas en las que se crean las políticas, que los gobiernos empiecen a considerar los problemas y las vulnerabilidades específicas de las mujeres en cualquier clase de política migratoria, que muchas veces sus voces y experiencias se dejan a un lado, no se consideran, cuando más bien se tienen que poner en el centro. Todo sería diferente.
