El centro de estudios con sede en Washington -Institute for Policy Studies (IPS)- otorga el premio anual para homenajear al ex embajador chileno Orlando Letelier y a su asistente estadounidense Ronni Karpen Moffitt, asesinados por encargo de la dictadura de Augusto Pinochet en un carro bomba en Washington cuando trabajaban para IPS en 1976.
WASHINGTON (AP) — Activistas dedicados a defender dos ríos de proyectos mineros activos en el departamento hondureño de Colón esperan que su visita a la capital estadounidense permita crear conciencia entre la comunidad internacional sobre la importancia del derecho al agua.
“El acceso al agua es inviolable. Sin agua todos vamos a desaparecer. Es necesario organizarse para defenderlo”, dijo el jueves a The Associated Press Reynaldo Domínguez, el presidente de la Junta de Agua de la Comunidad Guapinol.
Domínguez es uno de los integrantes del Comité Municipal en Defensa de Bienes Comunes y Naturales del Municipio de Tocoa que recibirán el jueves el premio a los derechos humanos Letelier-Moffitt, de manos de la congresista demócrata Ilhan Omar.
El centro de estudios con sede en Washington -Institute for Policy Studies (IPS)- otorga el premio anual para homenajear al ex embajador chileno Orlando Letelier y a su asistente estadounidense Ronni Karpen Moffitt, asesinados por encargo de la dictadura de Augusto Pinochet en un carro bomba en Washington cuando trabajaban para IPS en 1976.
Juan López, otro de los activistas hondureños, dijo que las prioridades actuales del Comité incluyen reclamar la liberación de ocho de sus integrantes, siete de los cuales se encuentran en la cárcel de máxima seguridad La Tolva, compartiendo con presos comunes de alta peligrosidad.
López indicó que han sido acusados de delitos graves como asociación ilícita, privación ilícita de libertad, y que el caso es reflejo de una tendencia nacional porque ascienden a 400 los activistas imputados judicialmente por defender el agua en 60 de las 91 áreas protegidas, en riesgo ante 860 proyectos mineros, de los cuales 271 ya fueron aprobados.
El Comité se fundó en 2015 ante el temor de que los ríos Guapinol y San Pedro se sequen por la deforestación de 200 hectáreas en las cabeceras adelantadas por la empresa Inversiones Los Pinares como parte de dos concesiones mineras.
“Está probado que las fuentes de río se secan al quitarles el bosque donde nacen”, agregó Domínguez a la AP horas antes de recibir el galardón.
Los activistas aseguran que desde hace un siglo 12 mil residentes de 42 comunidades dan uso doméstico y agrícola al agua de ambos ríos, ubicados en el parque nacional Montañas Botaderos, Carlos Escalera Mejías.
Expresaron preocupación porque el caudal del río Guapinol no ha recuperado su cauce habitual después de que los concesionarios le arrojaran tierra mientras abrían 28 kilómetros de carretera, lo cual convirtió al río en fango durante siete meses del año pasado.
Juana Esquivel, otra hondureña premiada, señaló que la zona se mantiene bajo fuerte custodia militar desde que mil 500 efectivos acudieran a desalojar de manera violenta un campamento que 450 personas levantaron durante 88 días de 2018 para proteger el río Guapinol.
En Honduras “hay corrupción en el proceso de concesionamiento, del cual 30 por ciento es confidencial para proteger los derechos de propiedad intelectual de los estudios de impacto ambiental”, dijo Esquivel. “Tampoco se le consulta debidamente a las comunidades sobre los proyectos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el jueves un informe sobre Honduras que menciona al Comité y en el que exhorta al Estado a “investigar con debida diligencia las muertes ocurridas en el Aguán, así como los actos de amedrentamiento y desprestigio en contra de personas defensoras de derechos humanos”.
El informe, elaborado tras una visita a Honduras entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2018, explica que la Unidad gubernamental de Muertes Violentas del Bajo Aguán ha investigado 118 muertes ocurridas en relación a un conflicto de tierras de larga data entre campesinos y empresarios.
Honduras, un Estado con niveles de impunidad que rondan el 96 por ciento, es el país más mortífero per cápita para los ecologistas. El año en que mataron a la activista Berta Cáceres fueron asesinados en total 14 ambientalistas, entre ellos otros dos miembros de COPINH, según la organización Global Witness.
