El nuevo sistema procesal fue utilizado para darle impunidad a Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, sentenciado por lavado de dinero y asociación delictuosa al declararse culpable de esos delitos, dijo en entrevista con SinEmbargo Celestino Espinoza Rivera, abogado de las familias de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz en enero de 2016.
Los artífices, denunció, fueron la Fiscalía General del Estado y Miguel Ángel Yunes Linares, quienes no giraron la orden de aprensión por desaparición forzada a tiempo para que fuera extraditado de Guatemala también por ese delito.
Había denuncias de las familias, en específico una de febrero de 2017 en contra del ex Secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita y de todos los servidores públicos que pudieran ser los “autores intelectuales”. A tres años del suceso, hay 21 detenidos federales y estatales por la desaparición de los jóvenes, pero ninguna sentencia.
Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado de Veracruz y Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador de la entidad, usaron el nuevo sistema acusatorio para generar impunidad y no tuvieron la voluntad política de juzgar a Javier Duarte de Ochoa por desaparición forzada, denunció Celestino Espinoza Rivera, abogado de los padres de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca en 2016.
Las familias de los cinco jóvenes desaparecidos interpusieron una denuncia en contra de toda la cadena de mando en el estado, que incluye al Gobernador, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública en 2017 y un amparo porque la Fiscalía no hizo nada, dijo Espinoza Rivera.
Ahora el ex mandatario preso, que podría salir libre en nueve años por declararse culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, podrá enfrentar un nuevo proceso por desaparición forzada y ser detenido a los 60 días posteriores a su salida de la cárcel.
“Si dentro de esos 60 días no abandona el país, entonces ya le pueden ser ejecutadas las órdenes de aprehensión, y pues ni de tonto se queda en el país saliendo de la cárcel. Se va a ir […] y no es culpa del nuevo sistema procesal, sino del sistema político. El sistema procesal es bueno, pero el sistema político lo está utilizando para la impunidad. Cuando iniciaron con esto de Duarte decían que iba a ser un parteaguas por ser uno de los primeros juicios de esa envergadura”, dijo el abogado.
El 9 de febrero de 2017 los papás de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca interpusieron una ampliación de denuncia por desaparición forzada en contra del ex Secretario de Seguridad Pública de Veracruz Arturo Bermúdez Zurita y de cualquier servidor público de la Secretaría que resultara como autor intelectual del delito.
Espinoza Rivera explicó que si bien la denuncia no es directa sobre Javier Duarte, pues en ese momento no contaban con los elementos suficientes para señalarlo específicamente, el ex mandatario que estaba en el poder cuando desaparecieron los cinco jóvenes, de acuerdo con el Artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, era el mando supremo de todas las corporaciones policiacas, explicó el abogado.
“Se pide que se investigue toda la cadena de mando y cuando son casos de desaparición forzada y tortura la Fiscalía debe investigar de oficio, ni siquiera es necesario que las víctimas interpongan una denuncia”, dijo Espinoza Rivera.
Los jóvenes Bernardo Benítez Arróniz, de 25 años; Jorge Benítez de la O, de 24 años; José Alfredo González Díaz, 25 años; Mario Orozco Sánchez, 27 años; y Susana Tapia Garrido, de 16 años, todos originarios de Playa Vicente, desaparecieron el 11 de enero de 2016 en Tierra Blanca, Veracruz, luego de ser interceptados por elementos de la Policía Estatal. Eran alrededor de las 11:00 horas, cuando sujetos uniformados, cubiertos del rostro y con armas de fuego los detuvieron en un tramo carretero de dicho municipio.
El Fiscal General del estado en ese momento, Luis Ángel Bravo Contreras, informó el 14 de enero –cuatro días después de la desaparición– a través de un comunicado que cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz fueron detenidos por llevar a cabo la detención de los jóvenes sin que lo reportaran a sus superiores.
A pesar de que el caso se hizo público durante la primera semana de los hechos y de que los familiares realizaron plantones desde el primer día frente a Palacio de Gobierno, fue una semana después cuando Javier Duarte de Ochoa tomó el teléfono e hizo una llamada a uno de los papás para prometerle que los muchachos serían entregados con vida en horas, dijo el 19 de enero de 2016 a SinEmbargo Carlos Hermilo Orozco, tío de uno de los desaparecidos.
“Hizo contacto con uno de los padres de los muchachos y nos pidió que le diéramos tantito tiempo para encontrarlos. Se comprometió a entregarlos con vida, nos pidió horas, no días ayer a las cinco de la tarde”, afirmó.
A tres años del suceso, hay 21 detenidos federales y estatales por la desaparición de los jóvenes, pero ninguna sentencia, informó el abogado de las familias.
Aunque hoy la Fiscalía General de Veracruz busca procesar a Javier Duarte por desaparición forzada y hay una orden de aprehensión girada en su contra desde el 6 de junio de 2017, la acusación se hizo fuera de tiempo que establece el Tratado de Extradición México-Guatemala.
El pasado 27 de septiembre Yunes Linares anunció que urgió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a acelerar el trámite para que Guatemala autorice proceder contra de Duarte de Ochoa por el delito de desaparición forzada.
Pero el abogado Celestino Espinoza explicó que las autoridades mexicanas realizaron esa solicitud fuera de tiempo y después de que se realizó la audiencia de Javier Duarte en Guatemala.
“Debió ser desde que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó la solicitud por los delitos que ya fue juzgado y hasta antes de la audiencia en la que le fueron dados a conocer en Guatemala los delitos por los que se le estaba extraditando. El Tratado de Extradición México-Guatemala señala que únicamente por los delitos que hayan sido sometidos a su consideración podrá ser juzgada una persona que esté sujeta a extradición”, añadió el abogado.
De acuerdo con Espinoza hay una excepción que prevé el Tratado, al que está apelando la Fiscalía, que es la posibilidad de aprehender a Javier Duarte por el delito de desaparición forzada al concluir su condena. Sin embargo, el ex mandatario tendrá 60 días de inmunidad para salir del país si él quiere.
“Es un tratado de extradición que está pesando en proteger a personas inocentes o perseguidos políticos. Da seguridad jurídica al extraditado de que no será detenido por un delito fabricado posterior a la extradición en 60 días, pero aquí lo utilizan para dar impunidad”, dijo Celestino Espinoza.
BUSCAN JUSTICIA INTERNACIONAL
A las víctimas de la violencia en Veracruz sólo les queda recurrir a la Corte Penal Internacional, pues en México ya se agotaron los recursos debido a la falta de voluntad política del Estado mexicano para juzgar a Javier Duarte por desaparición forzada, explicó el abogado.
Pero, agregó, la Corte tiene requisitos que pueden alargar el proceso para que la demanda pueda proceder, que en el caso de Veracruz deberían ser cumplidos rápidamente.
“En Veracruz han estado simulando la justicia, no han estado haciendo el papel real de la sanción por desaparición forzada. Le solicitaremos a la Fiscalía adscrita a la Corte el análisis de caso”, explicó.
Que la Fiscalía acepte el caso podría ocurrir en un corto plazo, pero también se podría alargar, como lo han hecho otros casos que tienen entre cinco y 10 años sin ser procesados
“Vamos a depender de la voluntad política de las instancias internacionales. Ahorita el ánimo de las familias es de decepción y de que la Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGR) fueron muy laxas por el tipo de acuerdo que llegaron con Javier Duarte”, dijo.
Lucía de los Ángeles García Henao, coordinadora del Colectivo Solecito, dijo en entrevista a finales de agosto que, el que Duarte pueda salir libre en poco tiempo, fue un “descuido” de Yunes Linares.
“Se dedicó nada más a hacer su circo. Eso habría que haberlo hecho con tiempo y no lo hicieron. Nosotros se lo hicimos saber, pero nosotras no tenemos la capacidad para hacer ese tipo de cosas. Se necesitaba que ellos se dispusieran a hacerlo y no lo hicieron”, dijo.
La activista recordó que el Colectivo y los familiares de las víctimas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace cuatro años, pero sólo recibieron indiferencia.
“También la pusimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le llevamos todos los casos, pero no se le dio curso cuando nosotras llevamos esas demandas hace cuatro años. Estaba de director de la Comisión Emilio Álvarez Icaza y has de cuenta que no se movió para ningún lado. No se movió ni siquiera para hacer un comentario, es la persona más indiferente que me ha tocado. Entonces esto se quedó archivado ahí seguro. Uno presenta las cosas, pero nosotras no tenemos recursos para haber hecho todo esto con abogados”, afirmó.
Hoy, ya con la sentencia de nueve años para Javier Duarte, recordó que el Colectivo Solecito ha documentado los casos de lesa humanidad en Veracruz y ha llevado el tema a varias instituciones, debido a que el Gobierno del ex mandatario se dio a la tarea de desaparecer jóvenes sistemáticamente de forma continua para causar “horror y terror”.
“El delito de desaparición forzada no se le imputó a Duarte. Debió haberlo hecho la Fiscalía, agregado al pliego y aquí tenemos que no está imputado por eso lo que lo están dejando maniobrar. La desaparición es un delito continuado, es un delito que tiene una característica muy peculiar: no deja de estar desaparecida la persona”, dijo.
