Después de 10 años de cometidos los abusos contra estas mujeres en Atenco, estado de México, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador, ninguna de las recomendaciones hechas al Estado mexicano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido atendida. Ninguna autoridad ha sido responsabilizada penalmente por los hechos hasta hoy.
Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- Tres de los siete casos contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) han sido por violencia sexual. Y ahora el problema en el país revive con las 11 mujeres de Atenco que fueron torturadas sexualmente hace 10 años y que buscarán justicia en esta instancia.
El 3 y 4 de mayo del 2006 más de una veintena de mujeres fueron torturadas sexualmente en el estado de México, siendo Gobernador en ese momento el actual Presidente Enrique Peña Nieto. Once de esas mujeres decidieron buscar la justicia en las dependencias nacionales, pero no la encontraron.
“Durante estos 10 años tuvimos que recorrer un largo camino, muy difícil y doloroso para acreditar estas pruebas. Nos realizaron exámenes médicos, toxicológicos, para presentar pruebas, y en cada uno de esos momentos ellos aprovechaban para victimizarnos”, dijo Claudia Hernández, una de las víctimas denunciantes.
Después de agotadas las instancias nacionales, el caso llegó hace ocho años a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La instancia hizo una serie de recomendaciones al Estado mexicano que no fueron atendidas.
A pesar de que ha transcurrido una década desde que estos abusos sexuales fueron cometidos, no existe ninguna autoridad a la que le hayan sido adjudicadas las responsabilidades penales, ni investigación alguna contra elementos de la Policía Federal, que fueron señalados por las víctimas como los principales responsables.
“Estos hechos no fueron cometidos por mandos medios, más de 3 mil efectivos fueron desplegados ese día”, dijo Patricia Torres, otra de las mujeres denunciantes.
Sin el cumplimiento de las recomendaciones, ahora el caso llega a la CorteIDH. Lo que representa un reto para México, que tiene una largo historial de condenas por abusos sexuales cometidos por autoridades, dijo Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Italia Méndez apuntó que hace 10 años el Estado castigó a las personas que se oponían a la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en Atenco. “Nuestra lucha no es por nosotras sino por romper un ciclo de impunidad”.
La CIDH determinó que las mujeres fueron víctimas de tortura sexual durante los traslados y tiempo de detención. Pero también se les violó su derecho a la libertad, en algunos casos, hasta por dos años y ocho meses.
“No hay responsables por la detención arbitraria, por los meses que estas mujeres estuvieron privadas de su libertad”, dijo Aguiluz.
El nombre de Enrique Peña Nieto no aparece aún formalmente en la investigación. Sin embargo, Stephanie Erin Brewer, del área internacional del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, recordó que la CorteIDH deberá analizar las órdenes de la cadena de mando que derivaron en los abusos a estas mujeres.
La CorteIDH no realiza condenas individuales, pero sí puede exigir que sea la justicia mexicana la que investigue a presuntos responsables que aparezcan en el informe que realice sobre los hechos.
Ningún mando medio o superior ha sido llamado a declarar dentro de la averiguación previa que se sigue en Toluca.
Claudia Hernández, una de las víctimas, denunció los reiterados intentos de las autoridades por desacreditar sus versiones. En especial señaló el ex Comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad Pública, Wilfrido Robledo Madrid, quien les llamó “mentirosas”.
Las mujeres serán acompañadas por CEJIL y el Centro ProDH durante el litigio que se avecina. Las sesione se realizaran en diferentes países, uno de ellos, Costa Rica.
Erin Brewer recordó que demandarán al Estado reponer el daño.
“Esto incluye tanto la justicia, como deslindar responsabilidades de las autoridades, pero también acciones de no repetición que garanticen que no vuelvan a pasar este tipo de hechos”, dijo Erin.
Las resoluciones de la CorteIDH son vinculantes, es decir, deben ser acatadas y así ha sido reconocido por el propio Estado mexicano.
