Por Marta Duran de Huerta, de RadioNederland, especial para SinEmbargo
Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo/RadioNederland).– Cuando tomamos una foto con una cámara digital, cuando hacemos una llamada telefónica, cuando bajamos y usamos una aplicación, cuando enviamos un mensaje por celular o un correo electrónico, nuestros aparatos producen información “extra” como la fecha, la hora, la duración de las llamadas, el nombre y número de la persona a la que llamamos, etcétera.
Esos datos nos hacen la vida sencilla cuando tratamos de acordarnos de algo. El problema es el mal uso que las compañías proveedoras de servicios hacen de esos metadatos, como su venta a empresas que nos atiborran de anuncios y spam.
La cosa se pone peor con la geolocalización. Cada celular, incluso apagado, busca la señal que emite la antena más próxima para conectarse. Conforme uno se traslada, vamos dejando rastros sobre nuestros movimientos y nuestra ruta. Se puede reconstruir perfectamente la cotidianidad de una persona: los sitios que frecuenta, de los lugares donde pasó tiempo, de los restaurantes donde pidió la clave para conectarse a la red, a quién visitó, a qué doctor, cuánto tiempo estuvo, si hace transacciones por banca vía internet. En pocas palabras, si alguien recoge los metadatos y organiza la información, puede tener un cuadro muy completo de la vida privada de las personas y eso viola el derecho a la privacidad.
Con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, los gobiernos de casi todos los países hacen grandes inversiones en tecnología punta para espiar a la oposición y a los ciudadanos en general.
Por ejemplo, hay aparatos en manos de la policía que en una marcha, manifestación o mitin, captan todos los números de celulares de las personas ahí presentes; además pueden acceder a la lista de contactos, a las fotos y a toda la información sensible de las personas.
Con los metadatos se pueden establecer redes, quién conoce a quién, quién visita a quién, quién es amigo de quién, cuál es su filiación política, su religión sus preferencias sexuales, sus enfermedades.
LA INTIMIDAD ES UN DERECHO
¿Quién tiene acceso a nuestros metadatos? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Por cuánto tiempo los retendrán? No hay siquiera una legislación clara sobre cuándo, dónde ni qué autoridad puede autorizar el acceso a nuestra información sensible. Este tipo de vigilancia y espionaje es altamente invasivo. No hay salvaguardas para el ciudadano. No hay posibilidad jurídica para defenderse.
Las autoridades tienen un cheque en blanco para espiarnos. En México, la situación de vigilancia y espionaje para los defensores de derechos humanos y periodistas es aún peor en el contexto de la criminalización de la protesta social. El registro y seguimiento, la lectura de conversaciones privadas, es un tema que impacta a la libertad de expresión.
La intimidad es un derecho humano fundamental y la intromisión en las comunicaciones debe estar muy bien justificada por la ley para que la medida sea legítima y proporcional al objetivo perseguido. Según las leyes mexicanas, lo metadatos no son privados y las autoridades nos tratan como si todos los ciudadanos fuéramos criminales en potencia.
El que una persona se sepa o se sienta vigilada cambia su vida. Y si es periodista o defensora de derechos humanos, con mayor razón. Así empieza la autocensura.
Jacobo Nájera, especialista en el desarrollo de redes y software libre y miembro del colectivo ContingenteMx dijo a RNW: “La vigilancia masiva es una violación a los derechos humanos. La única vigilancia estatal que puede ser legitima es aquella que está bajo la orden de un juez, sin embargo la ley secundaria (en materia de telecomunicaciones, recientemente aprobada en México) hace legal esa vigilancia a través del artículo 189 y amplia las facultades para la Procuraduría General de la República y la Secretaria de Seguridad Pública. La ley no dice de forma específica y clara qué instancia tiene estas facultades pero lo que hace es legalizar la vigilancia sin ningún tipo de control judicial”.
El problema no acaba en lo local pues la vigilancia se hace a nivel mundial y se pierde la soberanía nacional en cuestión de seguridad.
Jacobo Nájera argumenta que la ley da a las empresas privadas de Internet, una facultad que normalmente sólo debe tener el Estado; además que esta ley no establece ningún tipo de control o fiscalización de cómo deben ser tratados los datos. “Con esta ley las empresas están obligadas a guardar los metadatos del tráfico en internet. Un proveedor de internet está obligado, incluyendo el Estado”, advierte Nájera y agrega que esta ley concedió a terceros una facultad y no la sometió a ningún tipo de control.
“Son tres puntos los que están en tensión para el control de internet: la retención de datos de forma masiva, la censura y la neutralidad en la red. Por ejemplo, el gobierno turco legalizó el bloqueo de señales en tiempo real de sitios internet sin ninguna justificación”, dice el comunicador y advierte: “El problema de la vigilancia es que es un gran negocios de Google, Facebook y de las grandes empresas de Internet; ellos tienen un control preciso de las comunicaciones pues la mayor parte de sus ingresos viene de la venta de análisis de los datos que tienen a empresas de mercadotecnia y a gobiernos. Google fue miembro de la SNA para vigilancia igual que Apple”.
El desarrollo de Internet está centralizado en cinco o seis compañías. Ellas tienen el control de la información. El problema de fondo es que socialmente no estamos creando las capacidades para desarrollar Internet. Según Nájera, quien ha dado la batalla por la socialización y acceso de toda persona a Internet de manera gratuita, hace falta “romper con los monopolios de las grandes empresas, que dejen de ser hegemónicas, desarrollar software libre, gratuito, al alcance de todos. La arquitectura de internet es descentralizada y Google y Facebook lo han centralizado”.
