Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).– Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Daniel Ávila Ruiz y Fernando Torres Graciano, confían en que todavía hay tiempo de frenar el megaproyecto de origen chino conocido como Dragon Mart, en Cancún, Quintana Roo.
Los legisladores consideran que la construcción y operación de un centro de negocios, integrado por locales comerciales y de exhibición, almacenes, viviendas, áreas verdes y espejos de agua artificiales, atenta contra la soberanía de México, la economía local y nacional, miles de empleos regionales y tendrá un efecto perjudicial incuantificable para el medio ambiente de la península.
“Independientemente de la parte ambiental, está la del daño económico a los diferentes sectores productivos mexicanos, como es la industria del calzado y la textil. El caso de la competencia desleal que va haber entre productos chinos y productos mexicanos, pero sobre todo que se abre la puerta para que entre la piratería muy fuertemente por la parte del sureste mexicano”, sostuvo el Senador Daniel Ávila.
Los legisladores confiaron en que un dictamen de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que revele exactamente todas las afectaciones negativas que tendría el complejo de origen chino, sería determinante para frenar su construcción.
Y es que a pesar de que el representante legal del megacomplejo, llama Real Estate Dragon Mart Cancún SA de CV asegure contar con todos los permisos locales para iniciar la construcción, los hechos demuestran que podría haber nuevos problemas que impidan su edificación.
“Si tuviesen todos los documentos derechos, todo en claro, todo legal, todos los permisos, pues hace mucho tiempo que habrían empezado la obra y no la han empezado. Ellos se están escudando en una minuta que les entregó el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Gobierno de Quintana Roo, que es un organismo desconcentrado del gobierno estatal, pero no tienen el manifiesto de impacto ambiental federal”, informó el legislador del blanquiazul por Yucatán.
Ante esta omisión, los panistas acudieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para solicitar un nuevo estudio de impacto ambiental. Según explicaron, los promotores de este proyecto se escudan en que tienen el permiso de impacto ambiental, así como un estudio de impacto urbano del estado de Quintana Roo.
SOSPECHAN COMPLICIDAD DEL GOBERNADOR BORGE
La celeridad por parte del gobierno estatal provocó la sospecha del Senador Daniel Ávila de que el propio Gobernador Roberto Borge Angulo, podría intentar favorecer este proyecto de origen chino, a cambio de un beneficio personal.
“Lo que estamos viendo aquí es que el propio Gobernador de Quintana Roo es juez y parte, que está involucrado en este proyecto multimillonario de los Chinos, por eso estamos pidiendo a una autoridad federal a que investigue por tratarse de una zona federal y por el impacto que va a tener en el ambiente”, recalcó.
Para el legislador albiazul causa suspicacia el hecho de que el gobierno estatal haya dado el permiso de impacto ambiental, cuando hay diversas organizaciones ambientales que han reprobado el proyecto, han interpuesto denuncias ante la Profepa, y que han sido ignoradas por la autoridad local.
En junio de 2013, en el marco de la visita del Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, pidió al mandatario y al Presidente Enrique Peña Nieto la cancelación definitiva del proyecto Dragon Mart, porque en ese momento no contaba con ningún permiso de construcción, por lo que era violatorio de la Ley.
Para los ambientalistas, el megacomplejo es altamente dañino porque pretende construirse a menos de 3 mil 500 metros de la costa y del Área Natural Protegida Arrecifes de Puerto Morelos, uno de los más grandes del mundo.
Sin embargo, al iniciar septiembre pasado, el Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en donde se localiza Cancún, otorgó el permiso de construcción necesario para arrancar el megaproyecto.
“Lo que yo vi mal por parte del Ayuntamiento anterior es que debió de inconformarse ante una autoridad federal, un juez federal o incluso irse ante la Suprema Corte de Justicia de la Federación, no lo hicieron, entregaron el permiso de construcción y lógicamente allí está involucrado el Gobernador Beto Borge”, planteó el Senador Ávila.
DRAGON MART AFECTARÁ ECONOMÍA LOCAL Y NACIONAL
Los legisladores se sumaron a las alertas generadas por diferentes sectores productivos en el país, así como el propio Consejo Coordinador Empresarial a nivel federal, que se han pronunciado en contra del proyecto Dragon Mart, por las afectaciones económicas negativas que generaría.
Uno de los estados más afectados, desde el punto de vista del Senador Daniel Ávila, sería Yucatán, su entidad natal.
“Nos afectaría terriblemente, recordemos que gran parte de los empresarios yucatecos tienen sus inversiones en el estado de Quintana Roo, desde hace muchísimos años, desde que se creó el estado de Quintana Roo, y miles y miles de yucatecos van a trabajar a Cancún, Puerto Morelos, la Riviera Maya, cada semana”, lamentó.
Dragon Mart no dañaría solamente a los grandes capitales, la economía de miles de familias yucatecas se verían comprometidas, con el megaproyecto que incluye un centro comercial, sin generar nuevos empleos para los habitantes de la región.
“Está claro que van a venir a trabajar cuatro mil chinos a trabajar a Cancún en el megacomplejo chino. Y van a desplazar la mano de obra, no solamente yucateca, sino de toda la península. Recordemos que el estado de Quintana Roo, es el uno de los estados que alberga a mexicanos de todas partes de la República”, expuso.
Finalmente, el legislador dijo que este tipo de proyectos comerciales no es algo nuevo en el mundo. Sin embargo, en todos los casos los resultados han resultado perjudiciales para las sociedades de sus países de origen.
“La estrategia es así: Ir sacando a los chinos de china, irlos metiendo a otros países, formar sus comunidades de chinos en otros países, invertir en este tipo de negocios para que tengan dónde trabajar los chinos y de esta manera desplazar a la gente de origen de estos países. Este proyecto no es nuevo. Hay en Dubai, hay en aproximadamente en 20 países de África y los resultados son catastróficos para la gente de esos países”, sostuvo.
