Norma Piña, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha asumido personalmente la estrategia de oposición política contra la Reforma al Poder Judicial de la Federación y ha ordenado a los jueces hasta de manera personal, como a Rodrigo de la Peza, el sentido de sus sentencias, aunque sean ilegales.
Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).– El viernes 23 de junio por la madrugada, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, se reunió en la Ciudad de México con el Juez Noveno de Distrito en materia Administrativa, Rodrigo de la Peza, para acordar con él presionar al Tribunal Electoral y al Senado para que designaran a dos magistrados electorales faltantes. La estrategia diseñada por ella fue admitir una demanda de amparo presentada por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), una organización fachada de El Yunque.
Tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como la Secretaría de Gobernación anunciaron el martes 2 de julio que denunciarían al juzgador ante la Fiscalía General de la República (FGR) por extralimitarse en sus funciones pero, de acuerdo con una fuente de Poder Judicial consultada por SinEmbargo, fue la Ministra Piña la que ordenó a De la Peza presionar con su fallo a la máxima autoridad electoral, que es independiente de la SCJN.
La fuente dijo que la noche del viernes 23 de junio, Piña y De la Peza se reunieron en un domicilio al sur de la capital mexicana y que hay registro de ello. Allí fue donde acordaron que el jueves 27 el Noveno Juzgado de Distrito emitiera una suspensión para presionar al TEPJF y al Senado para asignar los dos magistrados faltantes, aunque se tratara de una violación abierta del Artículo 99 de la Constitución que establece que ese órgano jurisdiccional es autónomo.
La maniobra de la Ministra Piña y del Juez De la Peza fracasó. Pero fue apenas una parte de una estrategia que ella emprendió para las siguientes semanas; una especie de “guerra relámpago” con dos objetivos claros: por un lado, tratar de ganar influencia dentro del Tribunal Electoral, que se preparaba para calificar la elección presidencial y confirmar como Presidenta electa a Claudia Sheinbaum Pardo; y, por otro lado, para impedir el proceso por el cual los otros dos Poderes de la Unión, el Legislativo y el Ejecutivo, empujaban la Reforma Judicial que obligará a Piña y a todos los ministros de la Corte a ser ratificados con voto popular en 2025, si es que desean mantenerse en el cargo.
La “guerra relámpago” de la Ministra Presidenta incluyó violar la Constitución y otras veces movilizar a los trabajadores del Poder Judicial en manifestaciones públicas y luego llevarlos al paro junto con jueces, magistrados y los mismos ministros y hasta al personal de confianza, a pesar de que eso significara violar la Ley. “No está prevista la figura del paro de labores a nivel constitucional ni legal para los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es decir, mediante un acuerdo de las Ministras y Ministros”, dijeron las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama, quienes se pronunciaron este martes 3 de septiembre en contra de la decisión del pleno del Máximo Tribunal de sumarse al paro de labores del Poder Judicial.
LA “GUERRA RELÁMPAGO”
Norma Piña ha asumido personalmente la estrategia de oposición política contra la reforma al Poder Judicial de la Federación y ha ordenado a los jueces hasta de manera personal el sentido de sus sentencias, aunque sean ilegales.
Con la suspensión de labores de la SCJN, que por ocho votos contra tres tomaron los ministros, Piña afianzó su estrategia contra los poderes Ejecutivo y Legislativo para obligarlos a cancelar la Reforma Judicial que busca acabar con los privilegios de la casta judicial.
La parálisis en la SCJN es el más reciente de siete episodios en los que Piña Hernández ha maniobrado, antes y después de las elecciones, para generar caos e influir en decisiones del Tribunal Electoral contra Morena y sus aliados, el primero de los cuales fue la cena que organizó, en diciembre, con tres magistrados electorales y el dirigente priista Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.
En esa cena, celebrada el 12 de diciembre en el domicilio personal del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, asistieron la magistrada presidenta del TEPJF, Areli Soto, así como los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, a quienes Piña presentó a “Alito” Moreno como su “amigo”.
En esa reunión, en la que Piña presuntamente presionó a los magistrados para tomar decisiones que ella pretendía, estaba invitado, aunque no llegó, Santiago Creel, el coordinador de campaña de la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.
Una segunda maniobra de Piña para tratar de influir en el ámbito electoral fue después de las elecciones, cuando el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa ordenó al TEPJF designar, en un plazo de 24 horas, a los dos magistrados faltantes de la Sala Superior.
Los magistrados del TEPJF rechazaron la orden de De la Peña, porque se excedió en sus facultades para pronunciarse en materia electoral y por tratarse de “una intromisión en las funciones y desempeño de este órgano jurisdiccional electoral”.
De la Peza López Figueroa, hijo del expresidente del TEPJF José Luis de la Peza, emitió su fallo el 27 de junio, cuatro días después de reunirse en un domicilio particular con Piña Hernández, quien buscaba con esa determinación cambiar la correlación de fuerzas en la Sala Superior, que era y sigue siendo de tres magistraturas fuera de su control por dos a favor.
Quien promovió el amparo que dio lugar a la maniobra de Piña es la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, un membrete de la organización secreta El Yunque que preside René Bolio Hollarán, director en México de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que adora a ultraderechistas como Donald Trump y Javier Milei.
Un tercer episodio de Piña para influir en materia electoral fue después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) distribuyó los 200 diputados plurinominales a los partidos y Morena y sus aliados lograron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, una composición legislativa clave para aprobar la reforma judicial.
El jueves 22 de agosto, Piña recibió un recurso del presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, para resolver una contradicción de criterios entre la SCJN y el TEPJF que podría influir en la asignación de plurinominales y lo asignó de manera “urgente” al Ministro González Alcántara Carrancá.
Ante la evidente parcialidad y el involucramiento ilegal de la SCJN en las facultades exclusivas del TEPJF, cuyos magistrados también protestaron, el Ministro González —el anfitrión de la cena de Piña con magistrados electorales y“Alito” Moreno— decidió archivar el expediente y resolverlo pasado el proceso electoral.
Una vez consolidada la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y con un solo voto faltante en el Senado, Piña Hernández articuló una cuarta maniobra para evitar la reforma al Poder Judicial de la Federación con la agitación de los trabajadores sindicalizados y los jueces para paralizar las labores judiciales en todo el país.
El quinto episodio de Piña para frenar la reforma judicial fue la suspensión que la juez quinta de distrito, Marta Eugenia Magaña López, otorgó a cuatro jueces de Chiapas para paralizar al Congreso, justo en vísperas del inicio de sesiones, un fallo que fue repudiado por la Cámara de Diputados y por abogados por ser inconstitucional.
Magaña López, asidua a las marchas convocadas por el magnate Claudio X. González y el PRIAN, es amiga personal de Piña, con quien suele fotografiarse, reivindicar su pertenencia al “TeamPiña” y vestir camisetas con esa leyenda.
La sexta maniobra de Piña Hernández para evitar el la discusión y votación de la reforma judicial fue el bloque de la Cámara de Diputados, desde la mañana de este martes 3 de septiembre, lo que obligó a cambiar la sede legislativa a la Magdalena Mixhuca.
Y el séptimo y más reciente episodio de Piña Hernández fue el paro de labores de la SCJN, aprobado en la sesión de este martes por mayoría de ocho votos, cuyo propósito es presionar al Ejecutivo y al Legislativo para que desistan de la reforma que removería a los actuales juzgadores y los nuevos serían electos por voto popular.
Sin embargo, aun con todas las maniobras de Piña, el proceso legislativo en la Cámara de Diputados sigue su curso para aprobar la reforma al Poder Judicial de la Federación, el más opaco de los poderes del Estado.
