En la capital de México, la pérdida de un solo árbol es fatal para el medio ambiente y sus ciudadanos: significa un aumento de entre 10 y 30 kilogramos de dióxido de carbono en la atmósfera cada año. Pero todo esto, dice Vice, “parece no tener tanta importancia en la actual administración del Gobierno de la ciudad, encabezada por Miguel Ángel Mancera”.
Por Saúl Hernández
Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo/Vice News).– Imagina una ciudad sin árboles. Ahora imagina que esa metrópoli, en donde no hay arbustos, es la Ciudad de México: un lugar que sólo ha tenido 39 días de aire limpio a lo largo de ocho meses.
Una nube gris se interpondría entre el cielo y sus habitantes todos los días del año. Los gases expelidos por millones de autos quedarían suspendidos en la atmósfera en ausencia de hojas que ayuden a absorberlos. A cada hora sus ciudadanos respirarían toxicidad.
Como no habría naturaleza verde que produjera sombras, ni hojas que liberaran vapor de agua, la temperatura aumentaría considerablemente por el calor almacenado en los edificios, las calles y el reflejo de los rayos del sol en el asfalto.
Durante el verano, habría que gastar en un sistema de aire acondicionado; y el parque para correr, caminar o hacer ejercicio no existiría. Los capitalinos vivirían con mayor estrés y más propensos a sufrir sobrepeso y obesidad. En los lugares de trabajo, la concentración sería difícil, porque el ruido del tráfico que antes amortiguaban los árboles, subiría de nivel hasta acabar fastidiando.
En la capital de México, la pérdida de un solo árbol es fatal para el medio ambiente y sus ciudadanos: su tala significa un aumento de entre 10 y 30 kilogramos de dióxido de carbono en la atmósfera cada año.
Pero todo esto, parece no tener tanta importancia en la actual administración del Gobierno de la ciudad, encabezada por Miguel Ángel Mancera. VICE News obtuvo una base de datos para saber de qué tamaño ha sido el ‘arboricidio’ en la capital mexicana y según las cifras analizadas, la tala de árboles creció un 44 por ciento respecto del gobierno pasado.
Cifras proporcionadas por las propias autoridades reflejan que durante la primera mitad del actual mandato [2013-2015] se ha permitido el derribo de 11,166 árboles. Si se compara esta cifra con la del gobierno anterior [2006-2012], el cual aprobó la tala de 7,736 ejemplares, se puede decir que en sólo tres años, Mancera ha autorizado 3,430 derribos más que en los seis años de su antecesor.
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Pero más insólito aún es que miles de árboles fueron derribados a precios de ganga.
Un estudio hecho por expertos del Servicio Forestal de los Estados Unidos estima el valor promedio de un árbol urbano en 11.954 pesos [632 dólares], aunque en lugares como Baltimore alcanza los 22,451 pesos [1.187 dólares]. El cálculo se considera tomando en cuenta su especie, tamaño, estado de salud y localización.
Mientras un árbol vale eso allá, en la Ciudad de México la norma ambiental vigente entre 2013 y 2015 exigía una compensación económica de 50 a 180 días de salario mínimo por especie talada; es decir, de 3,652 a 13,147 pesos [193 a 695 dólares], un 30 por ciento menos si se toma el valor intermedio de 8,399 pesos [444 dólares].
La otra opción de “pago” era plantar de tres a nueve árboles por ejemplar talado para una obra pública, o de cinco a doce en caso de un proyecto privado.
La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) es la dependencia que tiene como mandato la protección de los árboles de la ciudad, y la responsable de otorgar los permisos para su destrucción; pero a razón del incremento en la tala, diversos ambientalistas no dudan en calificar de “ecocidio” lo que está sucediendo en la capital, y argumentan que hay una política de favorecer proyectos de construcción de torres, oficinas y centros comerciales, versus las áreas verdes.
La Sedema, incluso, ha dado su visto bueno para tirar 1.083 árboles a cambio de pagos por debajo del mínimo establecido en la norma. Con ello favoreció a 24 proyectos, 22 de ellos privados.
En un extremo, dejó a la empresa Inmobiliaria HMG derribar 41 árboles a cambio de 49 pesos [2,6 dólares] por cada especie talada; y a otro particular le permitió tirar 67 ejemplares restituyendo cada uno en 174 pesos [9,2 dólares], según consta en la información entregada por la propia dependencia.
Para Cristina Ayala, especialista del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las cantidades que se pagaron son “ridículamente bajas en comparación de lo que va a gastar el gobierno para compensar los efectos de ya no tener esos árboles”.
El ambientalista e investigador en desarrollo sustentable Enrique Provencio coincide en que estas retribuciones no reflejan en absoluto el valor ambiental que el árbol tiene tanto para fines ecológicos, como de paisaje urbano. “Perder el arbolado significaría acelerar el proceso de crisis ambiental que vive la Ciudad de México, así de simple lo diría”, agrega el investigador, también de la UNAM.
La importancia de un árbol, es más que estética. Para los expertos, su ausencia significa perder funciones ambientales en captura de carbono, generación de oxígeno, captación de agua del acuífero, regulación de la temperatura y generación de hábitat para otras especies.
También tiene efectos negativos en la salud pública y en los niveles de violencia e inseguridad, que son “difíciles de tasar, de medir y de compensar económicamente”, añade Provencio.
Hasta abril de este año, la Sedema emitió una nueva norma ambiental que fija pagos más altos por árbol derribado. Las restituciones ahora irán de 16.486 a 263.854 pesos [de 874 dólares a 13.992 dólares].
La Ciudad de México cuenta con árboles de diferentes edades y tamaños, algunos han vivido siglos. Hay ahuehuetes, fresnos, jacarandas, pinos, palmas, cipreses mediterráneos, pirules y cedros blancos entre otras especies.
Pero la diversidad y sus beneficios han sido sacrificados para beneficiar millonarios proyectos privados y públicos. Miguel Valencia Mulkay, miembro de la organización Ecomunidades Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México, indica que hay cuatro fenómenos responsables de la pérdida de las áreas verdes.
En primer lugar está la infraestructura de transporte público y privado. Luego siguen las inmobiliarias, las empresas de publicidad exterior y por último la “tala hormiga” o de baja escala.
Para Provencio, quien también forma parte de la Asamblea Constituyente que aprobará la nueva Carta Magna de la Ciudad de México, la metrópoli no puede darse el lujo de perder un solo árbol más.
Aquí hay un promedio de 10 metros cuadrados de áreas verdes urbanas por habitante, apenas un metro cuadrado más del mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Pero éstas no se distribuyen de manera homogénea. Mientras que en la delegación Miguel Hidalgo, ubicada al poniente, hay 35 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, en Iztapalapa, localizada en el oriente, sólo hay tres.
Las cifras corresponden a un estudio hecho por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) en 2010, antes de que se disparara la tala de árboles en la ciudad, y que no se ha actualizado.
MENOS ÁRBOLES PARA MEGAPROYECTOS
La madrugada del 8 de marzo de 2015 es recordada por Vanessa Buzo y sus vecinos como “la noche del ecocidio”. Casi 200 árboles fueron talados para dar paso a la construcción de un túnel vehicular que se prevé agilice el tránsito de la zona.
Aquellos fueron los primeros de 855 que el gobierno tenía contemplado derribar originalmente, aunque los vecinos señalan que ya se tiraron más de 1.000.
Vanessa ha intentado todo para salvar los pocos árboles que aún quedan de pie en su colonia. Ha acudido a los tribunales, se ha manifestado en las calles y más de una vez se amarró a ellos para protegerlos.
Incluso, cual si fuera un escudo humano, impidió con su cuerpo el avance de las máquinas perforadoras de tierra, esas moles destructoras que arrasaron la vegetación a su paso para construir el proyecto llamado Deprimido Insurgentes-Mixcoac que afecta a por lo menos nueve colonias del sur de la Ciudad.
“Comenzaron a perforar y la tierra que sacaban yo la volvía a tirar al hueco, mi cuerpo estaba a menos de un metro de la máquina”, cuenta la joven de 30 años.
Entre los árboles destruidos había fresnos y cedros blancos considerados como Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México.
Cuando la mañana llegó, los pobladores del lugar salieron a las calles para protestar en contra de la devastación de sus áreas verdes.
La respuesta oficial fue inmediata: medio centenar de policías salieron a su paso para replegarlos con escudos antimotines, sin importar que entre ellos hubiera incluso niños, como muestra este video publicado en Youtube.
Para Raquel Rodríguez, madre de Vanessa y arquitecta de profesión, no hay duda que el Deprimido Insurgentes-Mixcoac se hizo para favorecer la construcción de otros dos megaproyectos inmobiliarios.
El primero sería la Torre Mítikah, que con 60 pisos se convertirá en el edificio más alto de la ciudad y contará con el tercer centro comercial más grande. El segundo es un inmueble de 28 niveles conocido como Torre Manacar.
“El deprimido lo hicieron para beneficiar a esas torres. La Mítikah estuvo parada por cuatro años porque no tenía la factibilidad vial. No había manera de desalojar los miles de coches [que saldrán] de esa torre en las horas pico.
“Con este trabajito [el túnel] le dieron factibilidad, ahora ya tienen los permisos necesarios para construir la torre”, sostiene la urbanista.
Para ella no hay otra explicación, pues resulta absurdo que el gobierno avalara la obra pese a que en el estudio de impacto ambiental se identificaron 141 efectos adversos frente a 71 benéficos, la gran mayoría económicos.
El estudio citado, y revisado por VICE News, indica que los impactos adversos se darían principalmente en el aire y el paisaje, aunque su magnitud sería “moderada” y “baja”. Esto en una ciudad que ha tenido diez contingencias ambientales por mala calidad del aire en lo que va del año.
Los habitantes afectados por el Deprimido Insurgentes-Mixcoac han documentado en redes sociales lo que llaman un “ecocidio” (Imagen de Catalina Pérez/VICE News).
Por ley, para derribar un árbol en la Ciudad de México se debe pagar una restitución física y/o económica a fin de compensar los daños generados al ambiente.
En el caso de las restituciones económicas, los recursos obtenidos deben destinarse exclusivamente a obras de plantación, mantenimiento, rehabilitación y creación de áreas verdes en la ciudad.
Cristina Ayala, quien también es miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), explica que ambos tipos de restitución son insuficientes para compensar los daños causados al ambiente.
De entrada, expone Ayala, “se sustituyen árboles sanos de más de 30 años por otros jóvenes que tienen bajas probabilidades de sobrevivir”.
Los vecinos afectados por el Deprimido Insurgentes-Mixcoac saben muy bien de lo que habla la experta. Como parte de las obras de mitigación del daño ambiental, la Sedema sembró árboles nuevos que murieron al poco tiempo.
Apenas unos meses después de la supuesta reforestación, personal de la PAOT revisó la estructura física y el estado sanitario de los árboles restituidos por las obras del túnel.
En su dictamen técnico, la dependencia concluyó que de 55 árboles valorados, sólo nueve tenían un estado general bueno. “Nos mienten cuando hablan de mitigación, los árboles ya no se dan. Ese dictamen fue recién se plantaron, ahorita vas y ya casi no hay vivos.
“Matamos los árboles de la banqueta, plantamos otros que se secan y volvemos a poner otros que también se van a morir. ¿Cuántos árboles estamos matando con todos los procedimientos?”, se pregunta Raquel.
Enrique Provencio también alerta que en estas compensaciones “no se plantan árboles de la misma especie [que las derribadas] ni en el sitio correcto para que se desarrollen masas compactas de árboles”. En consecuencia, “ya no se recupera su función ambiental”.
La Sedema inició este año un programa de reforestación para plantar 3.500 especies nuevas en la ciudad, pero éstas son apenas la tercera parte de lo derribado entre 2013 y 2015, suponiendo que todas sobrevivan.
VICE News solicitó una entrevista a esta dependencia a fin de que explicara los criterios que utiliza para autorizar el derribo de árboles y para determinar el monto de las restituciones, pero hasta el cierre de la edición no se tuvo respuesta.
