El Ministro detalló que, de aprobarse la reforma, cambiará la forma de impartir justicia, pues no sólo implica la elección directa de los jueces, sino también la constitución de un nuevo órgano encargado de evaluar las sentencias de los ministros.
Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).- El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, consideró que, en la discusión sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) y poderes judiciales locales, los jueces deben permanecer ausentes del debate político, pero no del debate técnico.
Por medio de un comunicado, el máximo Tribunal retomó la entrevista que dio el Ministro a Justicia Tv, donde aseguró que se debe permitir a los juzgadores expresar sus objeciones, cuestionamientos y dudas respecto de dichas reformas trascendentales, debido a que estás pueden impactar en la organización del Poder Judicial. Asimismo, descartó que dichas opiniones signifiquen que se adelanten criterios y, con ello, quedar impedidos para resolver un eventual caso sobre el tema.
“¿Cómo es posible que yo no pueda opinar? Por ejemplo, respecto de la elección de ministros, ministras, jueces, magistradas, magistrados, o sea, una reforma de esa trascendencia y que no pueda decir nada (…) qué podemos decir: ‘no es conveniente, no es buena reforma, la elección no es la solución al problema’”, dijo Laynez.
En su intervención, el Ministro detalló que, de aprobarse la reforma, cambiará la forma de impartir justicia, pues no sólo implica la elección directa de los jueces, sino también la constitución de un nuevo órgano encargado de evaluar las sentencias de los mismos.
Laynez Potisek destacó que es necesaria una reforma judicial; sin embargo, aseveró que debe existir un ejercicio de autocrítica, en el cual se haga un análisis para determinar qué se puede cambiar para mejorar al organismo.
Durante los foros de parlamento abierto organizados en diferentes estados de la República, se ha contado con la presencia de especialistas, jueces, ministros y magistrados para compartir diferentes puntos de vista respecto al tema. Hasta el momento, falta aclarar aspectos básicos para conocer las condiciones de los jueces que puedan participar como candidatos, así como la forma de realizar la elección y delimitar los periodos en que se pueden reelegir.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, que este año termina su periodo de Gobierno, envió el lunes 5 de febrero del 2024 a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 18 iniciativas de reformas constitucionales para revertir los efectos del frenesí legislativo de los gobiernos que le antecedieron.
Esas iniciativas serán dictaminadas por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados durante el mes de agosto, para que sean discutidas y eventualmente aprobadas por el pleno de la nueva legislatura que iniciará sus tareas el domingo 1 de septiembre del 2024.
Con respecto a la Reforma Judicial, la iniciativa señala: “El Gobierno de la Cuarta Transformación sostiene que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los Juzgados de Distrito, los Tribunales de Circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que ha restado credibilidad en su actuación y pérdida de legitimidad en sus decisiones”.
El documento reflexiona que: “La paz sólo puede ser producto de la justicia, pero no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla muestran incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales, o peor aún, privilegian los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público”.
Y explica: “Esta reforma pretende romper con la inercia de los acuerdos cupulares, dónde las y los ministros, magistrados y jueces, no eran responsables ante la ciudadanía sino ante quienes los propusieron en el cargo, orientando sus decisiones a la protección y defensa de intereses personales y de grupos e intereses fácticos. Al impulsar la democratización de la justicia y someter a los integrantes del Poder Judicial al voto popular, se garantiza que representen las diferentes visiones que conforman la sociedad mexicana, logrando así que el acceso a una justicia pronta, expedita e imparcial sea una realidad y no un principio escrito, que sólo se utiliza para fundar y motivar los procesos judiciales, pero que no se refleja en la realidad de las personas justiciables”.
