México es el país que, sin mantener una guerra con otra nación o una guerra civil, tiene más personas desaparecidas en todo el mundo. Hasta el sábado 3 de agosto, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tenía 116 mil 147 personas reportadas como ausentes. Es una cifra casi cuatro veces mayor que las 30 mil casos que dejó una sangrienta dictadura militar, como la argentina en las décadas de 1970 a 1980.

Como han indagado los historiadores, las desapariciones en México iniciaron como un dispositivo represivo de parte del Estado en contra de disidentes políticos o civiles inocentes. Lamentablemente, esta práctica represiva, perfeccionada en los entrenamientos militares contrainsurgentes proveídos por el ejército de Estados Unidos, se incorporaron a los dispositivos violentos de los grupos criminales existentes en México, especialmente los cárteles del narcotráfico.

Esto en parte a que los cárteles del narcotráfico mexicano reclutaron a muchos soldados que tenían entrenamiento militar contrainsurgente. El mejor ejemplo de cómo las tácticas violentas y represivas pasaron de grupos especiales del ejército mexicano a los cárteles de la droga lo tenemos en el cártel de los Zetas, dirigido por ex militares.

Lamentablemente la práctica de las desapariciones se ha convertido en una de los dispositivos de violencia más utilizados en esta época de guerra informal desatada en México luego de que estúpidamente el presidente Felipe Calderón Hinojosa declarara la guerra contra el narcotráfico. Ahora la práctica de la desaparición de personas es al mismo tiempo una forma de represión política estatal (el Estado sigue desapareciendo disidentes) como una forma de violencia cometida por grupos criminales o incluso por particulares para sus fines propios.

Pero lejos de establecer la desaparición de personas como uno de los principales problemas sociales y políticos a combatir, los gobiernos (federal y estatales) han administrado este problema y el sexenio que está a punto de terminar, dejará una crisis mayor por la desaparición masiva de personas.

A pesar de la creación de leyes, de un sistema de búsquedas y de instituciones encargadas de encontrar a los ausentes, el Estado no solo ha sido omiso y negligente, sino irresponsable al enfrentar este problema. Esta negligencia e irresponsabilidad del Estado mexicano se puede ilustrar al mirar lo que ocurre en Jalisco.

Como se sabe Jalisco es el epicentro de las desapariciones que ocurren en todo el país, con más de 15 mil casos registrados oficialmente; 15 de cada 100 desapariciones que ocurren en el país, se cometen en Jalisco.

Discursivamente el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y su gobierno dicen que se preocupan y que atienden este problema, pero la realidad es distinta. La realidad es que las familias que buscan a sus hijos, encuentran desidia, apatía, malos tratos, negligencia, burocratismo y en el otro extremo, desde amenazas hasta casos de desaparición forzada, es decir, cuando las desapariciones las cometen los propios servidores públicos o incluso policías a quienes la sociedad les paga para el cuidado de la vida de las personas.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió el pasado 2 de agosto una recomendación en la que recoge las denuncias presentadas en 14 quejas que suman en total 18 víctimas de desaparición de personas. En esta recomendación, la 027/2024, se incluyen quejas presentadas entre 2015 y 2021.

De las quejas presentadas por las víctimas, la CEDHJ resume así la deficiente respuesta de las autoridades estatales: “De nueva cuenta, es constante el señalamiento en las inconformidades sobre la actuación tardía, deficiente y omisa; así como múltiples irregularidades por parte de agentes ministeriales y de la policía investigadora para la investigación, búsqueda y localización de las personas desaparecidas; igualmente, deficiencias periciales en la identificación de los restos humanos localizados, así como la nula o poca coordinación entre ellas”.

En la recomendación de 95 cuartillas, la CEDHJ presenta una matriz de observaciones de cada una de las quejas. En general, la mayoría de las quejas presentadas por las familias víctimas resaltan un patrón de negligencias, anomalías e irregularidades de las autoridades de Jalisco que dan por resultado una fallida estrategia de búsqueda de las personas desaparecidas.

La CEDHJ concluye que en la mayoría de los casos que se indagan en esta recomendación hay al menos 18 graves omisiones e irregularidades, en las que se destaca que no se elaboró un plan de investigación de inmediato, una gran dilación en la elaboración de las carpetas de investigación, tardanza en solicitar las diligencias, poco o nulo seguimiento a la información que las propias familias entregaban al ministerio público, en la mayoría de las investigaciones no se solicitaba de inmediato la geolocalización del teléfono celular de la persona desaparecida, o los videos de las cámaras de videovigilancia de los alrededores donde se vio por última vez a la víctima. Una denuncia constante de los familiares es que la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas de Jalisco efectuaba constantes cambios de ministerios públicos y policías investigadores a cargo de las investigaciones, con la consecuente pérdida de tiempo que ello conlleva.

Otra falla grave en las búsquedas de personas desaparecidas en Jalisco, de acuerdo a la recomendación de la CEDHJ, es que no se realizó una búsqueda a nivel nacional, lo que podría haber ayudado en muchos casos a dar con la persona ausente. En la mayoría de estos casos hubo falta de empatía de los funcionarios encargados de tratar con las familias víctimas, porque no se les daba seguimiento a la información que aportaban las familias, no se les respondía a solicitudes de actualización o por la dilación en llevar a cabo las investigaciones.

Estas fallas suelen ser más graves en los servicios médicos forenses estatales que en repetidas ocasiones han resguardado cuerpos de personas desaparecidas por meses o años sin que se informe a sus familiares que los están buscando.

En conjunto, estas negligencias e irregularidades han dado como resultado una fallida política de búsqueda efectiva en Jalisco. Dice la recomendación de la CEDHJ: “El señalamiento constante de la actuación tardía, deficiente, omisa por parte de las autoridades ministeriales, policiales y periciales en la investigación, búsqueda y localización de las personas desaparecidas, así como la poca coordinación entre la Fiscalía en Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda de Personas, y otras instituciones”.

Como cabe esperar, debido a estas graves omisiones, hay molestia en las familias de las víctimas. “Las y los peticionarios expresaron a esta Comisión su desesperación y frustración ante la falta de acciones efectivas de las autoridades que representan a las distintas instituciones del Estado para investigar los hechos, encontrar a las víctimas, conocer los motivos de la desaparición y aplicar las sanciones a los responsables”.

Esto que encontró la CEDHJ para el caso de Jalisco seguramente existe en otros estados de la república y en las instituciones federales. Es grave e inadmisible que tras doce años de que se gestó la actual crisis por desaparición de personas en México, el Estado siga cometiendo las mismas irregularidades, deficiencias y errores que impiden que los desaparecidos puedan regresar a casa con sus familias.

Pero por más que se exija al Estado que cumpla con su deber y las exigencias de las familias, las cosas no cambiarán si desde abajo la sociedad no se organiza para detener la guerra informal que tiene a las desaparición de personas como su arista más agresiva y dolorosa.

Rubén Martín

https://www.sinembargo.mx/author/ruben-martin

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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