La Comisión Nacional del Agua nos está fallando gravemente. Desde sus inicios la Conagua ha priorizado el otorgamiento de concesiones al cobro de los derechos correspondientes. Como consecuencia, en 2023, la Nación dejó de percibir 43 mil millones solo por la falta de recaudación de derechos por los usos industrial y de servicios de aguas nacionales.
Al final de este texto, se agrega la postura de Conagua, instancia que negó la existencia de una impunidad fiscal. “La selección de contribuyentes a quienes se les hace exigible el pago de derechos, no obedece a un criterio discrecional. Se toman en consideración aspectos como la reincidencia de incumplimiento y la temporalidad en que hubieran dejado de cubrir sus obligaciones fiscales”, dice la respuesta. “La Conagua rechaza la aseveración de que esta institución ‘se enfoca en hostigar a pueblos indígenas, sistemas comunitarios, núcleos agrarios'”, se lee en la carta.
Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).– Desde sus inicios, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue diseñada no para cuidar nuestro patrimonio hídrico y la infraestructura de su gestión, sino para concesionarlo. La Ley de Aguas Nacionales (1992) estableció los sistemas requeridos para concesionar no sólo aguas nacionales, sino nuestra infraestructura hidroagrícola, obras hidráulicas federales y para facilitar el concesionamiento de servicios municipales de agua y saneamiento.
Otorgó concesiones sin límite durante diez años antes de contar con estudios de disponibilidad; fue hasta el año 2014 que estableció el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes, para mantener un registro de los derechos recaudados. Hasta la fecha el PUUC no tienen vínculo alguno con el Registro Público de Derechos al Agua.
Por lo tanto, la Conagua sufre de una sub recaudación enorme.
Según sus propios datos, en 2023, la Comisión Nacional del Agua solo recaudó 12 mil 374 millones de pesos, o sea, 22 por ciento, de los 55 mil 571 millones de pesos en derechos reconocidos en el Registro Público de Derechos al Agua (REPDA) por parte de los usuarios del régimen general (usos industrial, agroindustrial, servicios y comercio).
De los 310 mil 298 titulares de concesiones y asignaciones registrados en el REPDA, solo 37 mil 373 usuarios, o 12 por ciento, están registrados en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes. De ellos, Conagua informa que sólo ocho mil 182 titulares pagaron derechos en 2023. Si incluyéramos los otros derechos a pagar, por descargas, por generación hidroeléctrica, uso público urbano, acuacultura, ocupación de zonas federales, aprovechamiento de materiales pétreos, se estima que el monto no recaudado ascendería hasta 60 mil millones de pesos anuales, el doble del presupuesto total de la Conagua en 2020.
Según la Ley de Aguas Nacional (LAN), la Conagua podrá caducar y extinguir cualquier volumen concesionado que no es declarado y pagado durante dos años seguidos; según la Ley Federal de Derechos, la Conagua podrá cortar el acceso a aguas nacionales después de dos trimestres del no pago.
Según los usos y costumbres de la institución, la Conagua ejerce estas facultades de manera discriminatoria. En vez de cobrar y vigilar a los grandes usuarios, la Conagua se enfoca en hostigar a pueblos indígenas, sistemas comunitarios, núcleos agrarios.
Hasta la fecha, la Conagua ha defendido el Artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, el cual aplica la tarifa del Régimen General (usos industrial, servicios, comercio y agroindustria) a los sistemas de agua autogestionados por pueblos indígenas y por comunidades sin acceso a la red municipal. Este mismo artículo permite acceso a la tarifa de uso público urbano, 33 veces menor, a empresas y a colonias constituidas como personas morales que presten el servicio de suministro de agua potable de uso doméstico.”
Así es que en Puebla, la Conagua aplicó la tarifa del régimen general a los mil 747 habitantes del pueblo indígena de Santa Cruz Huitziltepec, resultando en el cobro de 2.3 millones de pesos anuales para la provisión de 150 litros por persona al día, incongruencia que no fue corregida hasta 2020, después de años de lucha.
Durante la crisis en Monterrey de 2022, la Conagua buscó extinguir los derechos de miles de minúsculas concesiones para usos doméstico, agrícola y pecuario de las zonas rurales que rodean la capital. Mientras tanto, invitó a los grandes usuarios industriales con volúmenes no declarados a “donarlos” temporalmente, a cambio de convenios garantizando sus derechos sobre ellos pasando la crisis.
En Valles Centrales de Oaxaca, durante la sequía de 2005 a 2007, cuando las comunidades indígenas tuvieron que utilizar más electricidad para extraer agua de sus pozos, la Comisión Federal lo reportó a la Conagua, quien los cobró por supuestas extracciones excesivas. Este mes, el Organismo de Cuenca del Valle de México le envió un requerimiento exigiendo el pago de derechos al sistema comunitario de San Sebastián Atlatelco en Zumpango, Estado de México.
Si la Conagua dejara de hostigar a los pequeños usuarios y más bien priorizara la recaudación de derechos a los grandes concesionarios, vinculando el área de Recaudación a la de Administración del Agua, responsable por concesiones, inspecciones y sanciones, se podría recaudar unos 80 mil millones de pesos anuales.
Aunque la Conagua no ejerce directamente los recursos recaudados ni debe limitarse a estos montos, una recaudación efectiva generaría mejores condiciones presupuestales en general para enfrentar las crisis del agua que están violando los derechos humanos de decenas de millones de mexicanas y mexicanos.
CARTA ACLARATORIA DE CONAGUA
240807 Carta Sin Embargo
