Economía
El Coahuilense

Cacique detrás del dolor

El dueño del tiro que atrapó a los mineros es un político y empresario: Régulo Zapata

04/08/2022 - 11:35 am

Hasta el cierre de edición, Regulo Zapata Jaime no se había aparecido en el lugar ni fijado postura pública respecto al siniestro, mientras que el capataz a cargo de la explotación huyó minutos después de los hechos.

Por Katya González

Coahuila, 4 de agosto (ElCoahuilense).- Un derrumbe por inundación, en la comunidad de Agujita, tiene atrapados a 10 trabajadores en un pocito carbonero propiedad del político y empresario, Régulo Zapata Jaime, a quien la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acaba de otorgarle un contrato por 55 millones de pesos para abastecer de mineral a la carboeléctrica “Carbón II”, localizada en Nava Coahuila.

Las cifras han sido contradictorias. Originalmente, se informó que eran nueve trabajadores, luego la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dio a conocer que eran ocho y, conforme a los testimonios de sobrevivientes que se encuentran internados en la Hospital General de Zona No. 24 del IMSS, en Nueva Rosita, serían hasta 12 trabajadores que no lograron salir a tiempo del socavón.

Hasta el momento, cuatro trabajadores consiguieron salir del accidente y se encuentran atendidos en el mencionado nosocomio. Los trabajadores fueron identificados como Raymundo Tijerina Amaya, de 52 años; Fidencio Sillas Álvarez, de 33 años; Héctor Javier Díaz Esquivel, de 46 años, y Fernando Pompa Orta, de 36 años.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles, en un sector conocido como “Las Milpas” y, de acuerdo con los primeros reportes, los trabajadores se encontraban laborando a 65 metros de profundidad en una estructura insegura y sin verificar por la STPS.

CAUSAS PROBABLES

La organización Familia de Pasta de Conchos dio a conocer que el predio donde ocurrió el siniestro tiene tres pocitos carboneros cuyas condiciones, de por sí inseguras, se agravaron, pues los propietarios no realizaron trabajos de barrenación para medir presencia de gas ni cuerpos de agua próximos a las paredes del filón.

Los reportes preliminares establecen que la inundación se ubica a 30 metros de profundidad, esto es casi la mitad del pozo de acceso llamado bocamina.

La Guardia Nacional, elementos de la Sedena, así como familiares de los trabajadores se mantienen en las cercanías de la mina.
La Guardia Nacional, elementos de la Sedena, así como familiares de los trabajadores se mantienen en las cercanías de la mina. Foto: Gabriela Pérez, Cuartoscuro

“El siniestro da cuenta de condiciones estructurales que ocasionaron hechos como los de Pasta de Conchos en 2006 y que no se han revertido”, expuso la Familia Pasta de Conchos en un comunicado en el que conminó a las autoridades a implementar medidas urgentes para proteger la vida e integridad de los trabajadores de la región.

Según un comunicado de la STPS, el centro de trabajo en cuestión operaba desde el mes de enero, sin embargo, al día de hoy no cuenta con paredes construidas, por lo que se considera “una trampa mortal y no una mina de carbón”, de acuerdo a la defensora de derechos humanos, Cristina Auerbach.

La mina consta de tres hoyos de 65 metros comunicados entre sí. El derrumbe se registró cuando el agua de un río subterráneo subió 35 metros provocando el colapso del pozo.

CACIQUES AUSENTES

Las autoridades federales no han dado a conocer el nombre de la empresa propietaria, e inclusive el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), prefirió identificar a las víctimas y omitir el nombre del patrón que, sin embargo, fue ubicado como Régulo Zapata Jaime.

No obstante, el IMSS informó que cuenta con registro patronal y está al corriente del pago de sus obligaciones.

Sólo por el primer informe de Protección Civil del estado, se sabe que es empresa propiedad de Zapata Jaime, a cuyo nombre, en efecto, está registrada la concesión carbonera, según el Registro Público de Minería, consultado por la reportera.

Zapata Jaime es propietario de la empresa Infraestructura Minera Catamaco, así como de Minera Magenta y, como la mayoría de los propietarios de minas y pocitos, ha participado activamente en la vida política de la región.

La mina consta de tres hoyos de 65 metros comunicados entre sí. El derrumbe se registró cuando el agua de un río subterráneo subió 35 metros provocando el colapso del pozo.
La mina consta de tres hoyos de 65 metros comunicados entre sí. El derrumbe se registró cuando el agua de un río subterráneo subió 35 metros provocando el colapso del pozo. Foto: Gabriela Pérez, Cuartoscuro

Las empresas de Zapata Jaime acaban de obtener un contrato con la CFE por más de 50 millones de pesos, de acuerdo con la base de datos integrada por El Coahuilense sobre las recientes asignaciones contractuales de la mencionada Empresa Productiva del Estado.

Régulo Zapata es nombre de prosapia local, pues el abuelo, cuyo segundo apellido fue Múzquiz, ocupó la Presidencia Municipal de Sabinas de 1981 a 1984; de 1999 a 2022, su hijo homónimo, cuyo segundo apellido es Jaime, ocupó ese cargo, y de 2005 a 2009, lo ocupó su esposa, Carolina Morales Iribarren, quien fue alcaldesa y luego diputada local por Movimiento Ciudadano.

Régulo Zapata Morales, hijo de Zapata Jaime y Morales Iribarren, se muestra en el registro público de comercio con la empresa Beneficios Carboneros AJ, S.A. de C.V. En tanto, Álvaro Jaime, sobrino del primero, provocó un conflicto social en la comunidad de Agujita por abrir socavones en la proximidad de zonas habitacionales, por cierto, en un fundo minero concesionado al hoy senador morenista, Armando Guadiana Tijerina.

La familia Zapata Jaime ha sido favorecida del contratismo para alimentar las carboeléctricas “Carbón II” y “Plutarco Elías Calles”, localizadas en Nava Coahuila, desde hace años, como casi todo el grupo político ligado al exdirector de Pemex y exgobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy, él mismo y sus hermanos, con concesiones para minería de carbón.

Aunque los contratos a las empresas de Régulo Zapata fueron asignados el mes pasado, el siniestro de hoy hizo evidente que no se verificaron las condiciones de seguridad ni los centros de trabajo, una inspección necesaria para acceder a las asignaciones con la CFE debido a la siniestralidad de la extracción cabronera.

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