Desde el pasado mes de octubre, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un acta de compromiso para iniciar en 2021 el proceso de recuperación de los 63 mineros y aseguró a los familiares que les pagarán una indemnización este año.
Ciudad de México, 4 ago (EFE).– Activistas y familiares de la tragedia de Pasta de Conchos, en la que en 2006 murieron 65 mineros y sólo dos cuerpos fueron recuperados, pidieron este miércoles al Estado mexicano dar respuesta a sus peticiones y comenzar con el “proceso de solución amistosa” y con los compromisos establecidos con la CIDH.
En un comunicado firmado por la ONG Familia Pasta de Conchos y por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), se explicó que el pasado 26 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó a los peticionarios del caso Pasta de Conchos que trasladó al Estado mexicano las comunicaciones enviadas el 20 de mayo y 15 junio pasado.
Ello “en respuesta al ofrecimiento de solución amistosa al litigio interamericano, propuesto por parte del Estado”.
En los escritos, que fueron trasladados a las autoridades mexicanas, familiares y activistas hicieron “señalamientos puntuales para poder estar en condiciones de iniciar un diálogo de solución amistosa”.
El Estado deberá dar respuesta a la @CIDH sobre nuestros planteamientos para iniciar diálogo de #SoluciónAmistosa en caso #PastadeConchos. Se deben garantizar condiciones adecuadas de participación y medidas de no repetición como ruta del proceso.
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— PastadeConchos (@PASTADECONCHOS) August 4, 2021
Según el comunicado, esto “sin duda sería una oportunidad para que el Estado, con acompañamiento de la CIDH, atienda los compromisos y legítimas exigencias que por más de 15 años mantienen las familias de Pasta de Conchos”.
En dicho texto, los afectados explicaron que para comenzar plenamente con este proceso de solución amistosa se les debe dar información puntual y permitir reunirse con las autoridades para dar seguimiento a los acuerdos asumidos por el Ejecutivo.
“Lo que en los hechos no ha ocurrido, debido a una falta de política victimal organizada y adecuada que integre a todas las peticionarias. Además, solicitamos a la CIDH una reunión de trabajo, en lo posible presencial y en la mina, con el fin de dialogar entre las partes” sobre los acuerdos asumidos, agregó el comunicado.
Además, pidieron medidas de no repetición, con tal de evitar nuevos siniestros como el acontecido en 2006.
“Dicha exigencia, se reiteró en escrito de 15 de junio, derivado de los lamentables acontecimientos ocurridos en las cuevas de Rancherías, en Múzquiz, en donde la inundación de la mina ocasionó la muerte de siete compañeros, que pudieron ser rescatados en los días subsecuentes”, remarcó el boletín.
Según las ONG, en la región se siguen haciendo nuevas cuevas “para surtir carbón derivado del contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, apuntó.
Por ello, las comunicaciones trasladas por la CIDH al Estado son “tan relevantes, pues en su respuesta, que deberá ocurrir en el plazo de un mes, permitirá a las autoridades atender las deficiencias que hasta ahora persisten en la interlocución y asegurar que la voluntad y los compromisos adquiridos por el Gobierno, se lleven a cabo”, concluyó el texto.
El 19 de febrero de 2006, 65 trabajadores murieron en un accidente en la mina Pasta de Conchos, en el norteño estado de Coahuila, y sólo dos cuerpos fueron recuperados. El resto se quedó sepultado por considerar que su rescate era de alto riesgo.
