Aunque la familia agradeció la decisión del Juez y la FGE, dado el estado crítico de salud que atraviesa el médico, ahora hospitalizado en un clínica privada de Tuxtla Gutiérrez, en la audiencia de este lunes, los abogados defensores, Antonio Juárez Navarro y Miguel Negrón, exigieron una libertad incondicional.
El médico fue detenido el pasado 25 de julio a medio día, señalado por el delito de abuso de autoridad, tras la demanda ante la FGE que interpuso en su contra el 18 de julio, Karen Alejandra Ramírez Molina, hija de un político chiapaneco influyente que falleció de Covid, el pasado 7 de julio.
Por Isaín Mandujano
Chiapas, 4 de agosto (Chiapas Paralelo).– A petición de la Fiscalía General del Estado (FGE), este lunes un Juez de control determinó modificar le estado legal del médico Gerard Vicente Grajales Yuca, a quien le retiró la prisión preventina para darle ahora prisión domiciliaria, lo que fue refutada por la defensa que exigió libertad absoluta.
Aunque la familia agradeció la decisión del Juez y la FGE, dado el estado crítico de salud que atraviesa el médico, ahora hospitalizado en un clínica privada de Tuxtla Gutiérrez, en la audiencia de este lunes, los abogados defensores, Antonio Juárez Navarro y Miguel Negrón, exigieron una libertad incondicional.
Previo a la audiencia judicial, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, se reunió con María Fernanda Ochoa Esquinca, esposa del médico y su madre del galeno Candelaria Yuca, donde a petición de la familia dijo pidieron al Juez de control, Carlos Inocencio Morales Urbina, modificará el estatus legal detenido.
Es por eso que la Fiscalía solicitó este mismo lunes a la Unidad de Medidas Cautelares que realizará la valoración integral para determinar el Análisis de Riesgo y que tras el resultado de la valoración de Análisis de Riesgo de la Unidad de Medidas Cautelares, el Fiscal del Ministerio Público solicitó ante el Juez de Control la audiencia para la modificación de la Medida Cautelar.
“En consecuencia de lo anterior y toda vez que esta institución de procuración de justicia es garante de la legalidad y del respeto de los derechos humanos de toda persona, tuvo a bien solicitar al órgano jurisdiccional la modificación de la medida cautelar de Prisión Preventiva Justificada”, dijo el Fiscal.
Expuso que esta solicitud de medida cautelar de ninguna manera impide que la Fiscalía General del Estado continúe con las investigaciones de actos de corrupción iniciadas, tampoco impide que el Ministerio Público continúe desahogando las diligencias del proceso instaurado en contra del hoy imputado.
Sin embargo, el abogado Antonio Juárez Navarro, refutó la decisión del Juez que le dictó el “el resguardo domiciliario con medidas de protección de policía afuera de su casa”, pues dijo que eso “es una medida absurda y una bajeza”.
“No es un delincuente entiendan, ni representa ningún riesgo para nadie, al contrario, en una pandemia que ha cobrado 45 mil vidas se le necesita en libertad y que lo dejen en paz. Está enfermo. Su enfermedad se exacerbó por las consignas que le dieron a este Juez”, dijo el abogado.
Agregó que al Juez le entregaron todos los dictámenes médicos para que los integrará a la carpeta de investigación y los tomara como pruba a su favor para concederle la libertad, sin embargo, el Juez Carlos Inocencio morales Urbina, “omitió deliberadamente permitir que el doctor saliera de esa condición de estrés para cumplir un capricho político”.
Dijo que promoverá una queja contra el Juez por su nula y arbitraria actuación y que de manera adicional si al doctor le llegara a pasar algo peor, lo denunciarán por lesiones e inclusive por homicidio culposo”.
El médico fue detenido el pasado 25 de julio a medio día, señalado por el delito de abuso de autoridad, tras la demanda ante la FGE que interpuso en su contra el 18 de julio, Karen Alejandra Ramírez Molina, hija de un político chiapaneco influyente que falleció de Covid, el pasado 7 de julio.
El médico era responsable de la Clínica COVID VIP, del Instituto de Seguridad Social del Estado de Chiapas (ISSTECH), donde atendió a diversos políticos, funcionarios y sus familiares, así como personajes no derechohabientes “recomendados”. Uno de estos, el fallecido, Miguel Arturo Ramírez López.
Su captura ha propiciado marchas y protestas en diversas ciudades del estado de Chiapas, y se espera una marcha simultánea en más de 50 ciudades del país el 9 de agosto, para exigir la libertad el médico que ahora está hospitalizado.
