En el México actual, los gobiernos de cualquier nivel, sin importar sus colores políticos, enfrentan problemas cotidianos de operatividad, derivada de la capacidad de sus responsables; de funcionalidad, a causa de modelos normativos caducos y leyes inaplicables; y de eficacia por las razones anteriores y por la carencia de presupuestos suficientes.

Sin embargo, como decía el personaje de una novela del español Rafael Chirbes: “los problemas, son el trabajo”. Ningún político en sus cabales va a esperar que terminen los problemas coyunturales para empezar a desarrollar su gran plan preparado en el escritorio.

Cuando hace campaña, un político nunca le dice a los ciudadanos que ofrece gobernar bien si las cosas no están tan mal. Al contrario, para todos los problemas ofrece soluciones y los mayores fracasos de sus antecesores, son la fuente de sus promesas.

Héctor López Santillana sabía que las cosas no serían fáciles, si estaba leyendo con atención lo que pasaba en León durante la recta final del gobierno priista de Bárbara Botello y el interinato de Octavio Villasana.

Aunque las cosas hayan resultado peores en materia de recursos económicos y la seguridad haya profundizado su bache, no hay ninguna sorpresa en lo que está pasando.

Por eso preocupa que ante situaciones extraordinarias, el gobierno no tome medidas del mismo calibre y se refugie en argucias justificatorias, en un discurso oblicuo que evade responsabilidades y en un presunto respeto a las diferentes áreas y a los consejos ciudadanos, para no atender las urgencias que afectan al municipio.

Sin embargo, esa baja velocidad, esa parsimonia que ya raya en la negligencia y el abandono, ha dado un paso extremo con los recientes acontecimientos en los que es protagonista la Secretaría de Seguridad Pública de León y su cuerpo de policía.

La sola sospecha de que un policía haya dado muerte a un joven de 17 años, en un delirante abuso de poder; que esto ocurriera delante de otros agentes y que el hecho haya podido ser encubierto e incluso la posibilidad de que se registrara una manipulación de evidencias, habla de una cadena de actos criminales que deberían tener al alcalde de León y a su círculo cercano más que preocupados.

Que los mandos de la policía hubiesen podido solapar el ocultamiento de un delito grave y permitido la huida del elemento responsable, pretextando “el respeto a sus derechos humanos”, nos estaría hablando de una corporación fuera de control a sus más altos niveles.

Las consecuencias de una situación así están a la vista. ¿Cómo se va a poder enfrentar el reto de la alta criminalidad cotidiana y de la presencia del crimen organizado si la corporación policiaca de León carece de disciplina y de respeto a la ley? ¿Se puede combatir al crimen con el crimen? ¿Cómo es eso compatible con la filosofía panista y con los criterios de alta eficiencia de los que ha hecho gala siempre el alcalde López Santillana?

Lo extraordinario es que a cinco días de que ocurrieron los hechos aún no se haya anunciado la intención de realizar una investigación del propio Ayuntamiento, pretextando que el tema ya está en manos de la Procuraduría de Justicia, que ha cerrado la información; y de Derechos Humanos, sobre la que cae el peso de indagar las omisiones, negligencias y posibles actos delictivos, siendo como es una instancia que no puede ir más allá de realizar recomendaciones.

La Procuraduría de Justicia puede indagar los pormenores del homicidio y procesar al presunto responsable, pero no se centrará en investigar lo que ocurrió en la cadena de mando de la corporación, algo que debería ser del mayor interés del alcalde, si es que en algo le preocupa el servicio que la policía debe ofrecer a los ciudadanos a los que gobierna.

Queda en claro que el modelo político adoptado por López Santillana en el tema de la seguridad ha hecho crisis. La “concesión” entregada al titular del área en el Estado, Álvar Cabeza de Vaca, para que opere los mecanismos policiales en León se ha vuelto inoperante.

Con Leslie Melchor cuestionada en la dirección del C4 por su prepotencia, su falta de perfil y sus descuidos personales; con el comandante Jorge Guillén Rico señalado por encubrimiento y sujeto a investigación de Derechos Humanos por abusos de autoridad; con el secretario de Seguridad Luis Enrique Ramírez Saldaña obligado a respaldar a unos subordinados en cuya designación nada tuvo que ver, el modelo de “subrogación” no parece estar caminando.

Pero además, está claro que quien recibió el mandato de los leoneses, por quien cruzaron boletas en las urnas y a quien le otorgaron una confianza quizá delegable, pero absolutamente intransferible, es a Héctor López Santillana.

Problemas como los que hoy enfrenta el alcalde le han tocado a muchos de sus antecesores. Nadie está exento de contingencias naturales y humanas que alteren la normalidad de una comunidad organizada. Sin embargo, la gran cuestión no es el problema en sí, sino la forma de responder ante él.

La evasión nunca es una solución, esa es una obviedad que sin duda conoce quien ya fue gobernador y un destacado secretario de desarrollo económico. Entonces ¿qué le pasa ahora? ¿Tendremos que seguirlo preguntando?

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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