El Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, dijo que Ignacio Benavente Torre no pertenece a las fuerzas policíacas y cumplió una condena de varios años por el delito de secuestro, pero que lidera las movilizaciones.
En entrevista con medios, Benavente Torres negó que él esté detrás de las protestas de los policías como informó el Secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.
Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, informó que líder Ignacio Benavente Torres, presidente y fundador de la asociación civil Pro Libertad y Derechos Humanos en América, figura como uno de los líderes de los policías federales inconformes.
Alfonso Durazo dijo que Benavente Torre no pertenece a las fuerzas policíacas y cumplió una condena de varios años por el delito de secuestro.
“Se trata de Ignacio Benavente Torres presidente de la organización Pro Libertad y Derechos Humanos en América, sentenciado por el delitos de secuestro cumpliendo la pena impuesta del interior del Cefereso número 32, declaró el Secretario en conferencia de prensa.
En entrevista con medios, Benavente Torres negó que él esté detrás de las protestas de los policías como informó el Secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.
El líder y fundador de la asociación civil Pro Libertad y Derechos Humanos en América acusó que es una guerra sucia por defender a los federales.
“La información que le llega al Presidente le llega mal, es una guerra sucia por defender a los federales, pero nosotros estamos acostumbrados a eso, a luchar. Se me hace muy cobarde la manera en que ahora quieren redireccionar las cosas, pero desgraciadamente no saben la verdad y la verdad la voy a decir y van a quedar mal parados”, dijo Benavente.
¿QUIÉN ES BENAVENTE?
La organización de Benavente tiene su sede en Tijuana, Baja California.
De acuerdo con la información que se presenta en su página de la Internet, la asociación que lidera Benavente fue fundada el 4 de marzo de 2013 y tiene como misión “promover, difundir y enseñar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en vulnerabilidad, de tal forma que se puedan reintegrar y resocializar a la comunidad. Especialmente a los inmigrantes y a las personas privadas de la libertad”.
PROTESTAS SIN RAZÓN
En la conferencia, Durazo Montaño también dio cuenta de errores en la implementación de la Guardia Nacional y confirmó que continúan las negociaciones con los elementos de la Policía Federal, sin embargo dijo que es una movilización sin razón de ser, que ha sido aprovechada por opositores del gobierno actual.
Apuntó a que no es casual que los inconformes de la Policía Federal solicitaran que el ex Presidente Calderón fuese su representante sindical.
Sobre el cierre de la Policía Federal, el titular de Seguridad dio a conocer el finiquito y destacó que el plazo para realizar la transferencia de los elementos de la corporación a otras dependencias será de 18 meses y se hará de manera gradual.
El Secretario dijo que las protestas son comprensibles como el derecho a manifestarse, pero lo calificó como un movimiento sin “razón de ser”.
Destacó que para la actual Administración la molestia encontró la explicación para las manifestaciones en la “velocidad con la que se realizaron los cambios legales, acuerdos institucionales y el proceso administrativo de implementación de la Guardia Nacional”.
COMPRAS A SOBRECOSTO
Durazo Montaño, solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) una auditoría integral para la revisión de la cuenta Pública 2018 con motivo del cierre de de la Policía Federal y buscará que también la Auditoría Superior de la Federación (ASF) participe en el proceso.
Una de las irregularidades que encontraron de la pasada administración fue la adquisición de un sistema de inteligencia que se contrató el 23 de diciembre de 2015 a un sobrecosto.
El mecanismo, dijo, es sumamente potente y su nombre es “Rafael”. Su objetivo era el análisis, diseño e implementación de inteligencia. Explicó que el costo fue de 2 mil 458 millones de pesos por un solo producto de inteligencia que se compró a través de la partida 33701 de gastos de seguridad pública y nacional, sin asegurar las mejores condiciones para el Estado, provocando pagos en demasía y quedando una adeudo por 1,300 millones de pesos.
El Secretario destacó que para la actual Administración la molestia encontró la explicación para las manifestaciones en la “velocidad con la que se realizaron los cambios legales, acuerdos institucionales y el proceso administrativo de implementación de la Guardia Nacional”.
También informó que desde el miércoles el subsecretario de la dependencia, Ricardo Mejía, ha atendido la mesa de diálogo con los Policías Federales inconformes y acordaron, en primer punto, liberar las vialidades públicas en la Ciudad de México y tramos carreteros.
“Se acordó mantener mesas de trabajo temáticas para mantenerlas inquietudes de los policías Federales, ya sean de carácter administrativo o de carácter jurídico”, dijo.
La finalidad del Gobierno, dijo, ha sido propiciar que los uniformados “se sientan reconocidos en su situación laboral y su dignidad personal”.
Reconoció que en el proceso de negociación no hay margen para modificar los requisitos de acceso a la Guardia Nacional, ya que esto se han establecido en disposiciones legales y reglamentaciones de la Reforma Constitucional.
