La audiencia de imputación de cargos en contra del exgobernador de Chihuahua se reanudó esta mañana luego de ser suspendida el viernes por el Juez de control.
Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).– La audiencia de formulación de imputación de cargos contra César Duarte Jáquez se reanudó este sábado con más detalles del mecanismo usado por el exgobernador de Chihuahua para desviar recursos del erario estatal.
De acuerdo con el medio local Tiempo, que cubre desde ayer la audiencia, reveló que el médico Armando Silva Palafox ingresó a la audiencia por autorización del Juez con un estetoscopio para medir la presión del exmandatario, quien se encuentra en una silla de ruedas debido al dolor por una hernia.
Silva Palafox indicó que Duarte tenía 150/190 de presión, es decir, moderadamente alta.
Duarte se convirtió en el primer exmandatario de Chihuahua en enfrentar a la justicia penal, en un estado en el que ejerció plenamente el poder de 2010 a 2016 y tejió redes de corrupción que se mantienen vigentes hasta el momento. La audiencia que comenzó el viernes tuvo que ser suspendida y este sábado inició a las 9:00 horas.
Tiempo reportó que un testigo reveló que el exgobernador César Duarte utilizó a la Unión Ganadera División del Norte y a la Financiera de esta asociación para la campaña a la gubernatura donde lograron tener un fondo de 50 millones de pesos.
“Se trata de un testigo de identidad reservada con el número 56RT65P27/2018, quien señala que Duarte creó en el 2007 la Financiera División del Norte SA de CV S.O.F.O.M., esto con la intención de acceder a créditos del Gobierno federal y entregar apoyos a productores agropecuarios, pues era importante para el proyecto a la gubernatura”, destaca el periodista Pedro Fierro Serna en Tiempo.
El medio agrega que el Ministerio Público narró el testimonio durante la audiencia de vinculación del exmandatario, donde añadió que esta financiera logró obtener gran capital al momento que Duarte Jáquez fue presidente de la Cámara de Diputados en el año 2009.
El MP destacó que una de las estrategias era de la adquisición de servicios reales, pero con un sobreprecio, así como la simulación de contratos con personas morales, algunas que no prestaron los servicios y otras que las cantidades resultan incoherentes con los servicios prestados.
Por su parte, el Heraldo de Chihuahua consigna que la defensa de Duarte pidió a la agente del Ministerio Público que evitara emitir nombres como el de Antonio Tarín, Carlos Hermosillo, Christian Rodallegas, entre otros, debido a que algunos de esos personajes tienen procesos abiertos y estarían vulnerando sus derechos.
Duarte gobernó ese estado vecino de Texas de 2010 a 2016 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Al acabar su mandato, se trasladó a vivir a Estados Unidos y fue detenido en Miami en 2020 gracias a una orden de captura con fines de extradición emitida un año antes. Se le acusa de los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada.
Según la acusación, Duarte, en colaboración con otros funcionarios y con personas ajenas a la función pública, “logró efectuar acciones que resultaron en el desvió de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos extraídos entre los años 2011 y 2014″, indicó el Gobierno mexicano el jueves. Se estima que hay más de 40 exfuncionarios involucrados.
La Fiscalía estadounidense que estudió el caso en Miami, donde Duarte permaneció detenido casi dos años, focalizó su atención en una serie de testigos reservados que trabajaban en el gobierno de Chihuahua y han asegurado que Duarte les ordenaba desviar fondos públicos para fines personales, como pagar impuestos y tarjetas de crédito.
Su sucesor al frente del Gobierno estatal, Javier Corral, del Partido de Acción Nacional (PAN), aseguró que Duarte dejó tras de sí una “amplia red de corrupción” y una deuda estatal de más de dos mil millones de dólares.
En paralelo a esos delitos, que son del ámbito estatal, existen investigaciones que apuntan a que desvió dinero público para la campaña electoral de 2016 del PRI, el partido del expresidente Enrique Peña Nieto, un delito que debe perseguirse en el fuero federal.
La actual Gobernadora, Maria Eugenia Campos, también del PAN y en el poder desde 2021, en un video divulgado en sus redes sociales garantizó que en su gobierno “no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores” y se mostró dispuesta a colaborar con la Fiscalía federal si decide atraer el caso.
