La International Dockworkers Council, que cuenta con 140 mil agremiados en unas cien terminales portuarias del mundo, brindó su respaldo a la lucha laboral que emprendieron los trabajadores maniobristas del puerto de Veracruz, afectados por la requisa de 1991. Jordy Arangunde, representante internacional de ese organismo, dijo que si el caso no es resuelto por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador podrían emprender acciones internacionales, como paros en terminales marítimas, para que la administración federal resarza los daños y perjuicios causados hace tres décadas. “No existe un caso tan lastimoso e indigno en el mundo como el que sufrieron los maniobristas de Veracruz”, dijo el representante de los obreros portuarios a nivel internacional, de visita por la Ciudad de México.

Los trabajadores portuarios de Veracruz, afectados con la requisa que decretó el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari en 1991, ya cuentan con apoyo internacional en unos cien puertos del mundo, cuyos obreros están dispuestos a realizar paros escalonados en terminales portuarias si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no cumple su promesa de devolverles propiedades y derechos laborales perdidos hace tres décadas.

El apoyo que lograron los miembros del sindicato de maniobristas, carretilleros y checadores veracruzanos es nada menos que de la organización International Dockworkers Council (IDC), que cuenta con unos 140 mil agremiados en 48 países. Se trata de obreros de todas las categorías que laboran en unas cien terminales portuarias localizadas en los cuatro continentes.

Jordy Arangunde, coordinador internacional de IDC, dijo en entrevista con SinEmbargo que en el mundo no conocen otro caso como el que enfrentan los trabajadores portuarios veracruzanos, a quienes en 1991 los despojaron de sus derechos laborales, edificios, maquinaria, cuentas bancarias y de la empresa Servicios Portuarios de Veracruz (Serpover), fundada en 1973 por el entonces Presidente Luis Echeverría Álvarez.

“Hemos apoyado luchas laborales, como la que emprendieron unos 500 estibadores en Inglaterra, particularmente en el puerto de Liverpool, hace algunos años. Ese caso fue casi dictatorial y se solucionó. Hay otros, pero nada que se compare con lo causado por la requisa de 1991”, dijo el directivo español de IDC.

La mañana del jueves 3, Jordy Arangunde estuvo acompañado de César Luna, de origen chileno, quien es coordinador de IDC para América Latina y el Caribe, así como por Alejandro Pulido Cueto, apoderado legal del sindicato de maniobristas de Veracruz. Juntos preparaban algunos puntos que tratarían en una reunión, el jueves 3, con Alejandro Pulido García, titular de Asuntos Públicos y Relaciones Internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER).

De acuerdo con Pulido Cueto, el funcionario federal tomó el caso portuario con el fin de agilizar su solución. Su tarea, dijo, será vincular a todas las dependencias implicadas en nuestro caso –Secretaría de Hacienda, Sistema de Administración Tributaria, Secretaría de Marina, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Seguro Social y la Unidad de Inteligencia Financiera– con el objeto de unificar criterios y resolver el embrollo portuario de Veracruz. De esto depende que nos devuelvan nuestro patrimonio.

Pulido Cueto no tiene descanso. Viaja cada semana de Veracruz a la Ciudad de México. Hace quince días, por ejemplo, entregó una copia del expediente completo –con todas las violaciones y agravantes financieras, laborales y humanas causadas por la requisa de 1991– a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a cargo de Julio Scherer Ibarra.

En el área que encabeza Scherer –narra– se analizarán todas las violaciones que acreditan que fuimos despojados de nuestro patrimonio mediante abusos legales y de poder ejercidos en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari; con esas acciones nos quitaron la empresa Serpover, disolvieron nuestro sindicato, nos arrebataron nuestro patrimonio y los edificios que habíamos construido a lo largo de varios años de trabajo. En el expediente obras documentos falsos, firmas apócrifas y decenas de anomalías en las que incurrieron los funcionarios de entonces con el fin de agilizar la requisa y quitarnos la fuente de trabajo y nuestras propiedades.

El caso de violación laboral más grande de la historia reciente es precisamente el que enfrentan los trabajadores portuarios de Veracruz. Con el fin de resarcir los daños y recuperar sus bienes y derechos laborales, el Gobierno federal ordenó que el sindicato de maniobristas recobrara vida. Por ello le asignaron una nueva toma de nota, pues para poder demandar la reparación de los daños era necesario que tuviera personalidad jurídica.

A partir de entonces, el apoderado legal de ese gremio, Alejandro  Pulido Cueto, se ha entregado a desenredar todo el embrollo legal, financiero y laboral en el que terminaron enredados en 1991, tras el decreto de la requisa, la cual se ejecutó con exceso de fuerza por parte de la Policía Judicial, el Ejército y la Marina. Los trabajadores fueron echados de su sindicato y no les permitieron sacar ni un solo documento. Incluso, fueron amenazados de muerte.

Al conocer de todos estos antecedentes represivos, Jordy Arangunde afirma que el caso de los obreros portuarios de Veracruz es único en el mundo. Afirma que es posible que no tengan que recurrir a las presiones internacionales para que este asunto se resuelva: “Las reuniones que se han celebrado es un signo de que hay voluntad política. Cuando hay un conflicto como este siempre analizamos los escenarios, el diálogo y la negociación. Si ambas cosas no ocurren entonces recurrimos al apoyo internacional, pues tenemos fuerza y acción sindical a nivel mundial”.

En México están unificados en esta lucha, además del sindicato de maniobristas, la organización sindical Primero de Mayo, que encabeza Leonel Noya, quien está respaldado por IDC a nivel internacional.

Según Alejandro Pulido Cueto, el apoderado legal de los obreros maniobristas, los representantes de IDC –que tiene 22 años de antigüedad defendiendo conflictos laborales a nivel de los puertos del mundo– será clave para llevar a cabo las negociaciones con las empresas que se apropiaron de las actividades portuarias después de la requisa, como es el caso de ICAVE, CICE y Hutchison Port. Esta última –donde los obreros consideran que figura Carlos Salinas como socio a través de testaferros– controla el 80 por ciento de la actividad portuaria en Veracruz. El representante es Jorge Lecuona.

–¿La concesión de Servicios Portuarios de Veracruz está vigente? –se le pregunta a Alejandro Pulido Cueto.

–Si, hay documentos que así lo acreditan. Nosotros tenemos esa concesión, que se nos otorgó por 99 años. Aún nos quedan 30 años de explotación. Éramos los responsables de la primera y segunda maniobra en el puerto. Todo esto nos lo quitaron. En realidad nosotros no queremos causar conflictos, lo que nos importa es que nos devuelvan nuestro patrimonio y que las tres empresas actuales paguen por la explotación tanto de nuestra concesión como de la maquinaria que nos quitaron y que han utilizado a lo largo de tres décadas.

–¿Qué va a pasar con el edificio que era de Servicios Portuarios de Veracruz, donde hoy está operando la Administración Portuaria Integral?

–Ese edificio nos pertenece. Lo construyó el Gobierno de Luis Echeverría y nos lo entregó para que ahí fueran nuestras oficinas. El objetivo en este caso es negociar con el Gobierno. Que nos paguen las rentas de 30 años y ahí puede seguir la API si el Gobierno así lo determina, pero nos tienen que pagar porque el inmueble también nos lo quitaron en 1991.

–Alejandro, ¿crees en el Presidente López Obrador? ¿Por qué estás tan convencido de que habrá justicia en el caso que representas?

–Hay muestras de apoyo. El caso va muy lento, hemos dado muchas vueltas para dar pequeños pasos, pero ha habido voluntad. Estamos muy agradecidos con Marcelo Ebrard, que nos ha apoyado siempre, con la señora Dolores Padierna y Luisa María Alcalde, quien desde la Secretaría del Trabajo nos ha dado muchas muestras de apoyo y deseo de que este caso se resuelva.

–¿Y el Presidente?

–Por él hemos avanzado, sin la voluntad del Presidente este caso estuviera estancado o quizá ni siquiera hubiéramos intentado resolverlo. Como te he dicho, va muy lento, no avanza como quisiéramos, pero los pasos que hemos dado se lo debemos al Presidente López Obrador.

–¿Hay desesperación de los socios maniobristas por las demoras?

–Muchísima. Tenemos mucha necesidad económica. Los socios que quedan están muy grandes de edad y enfermos. Lo peor es que no tienen solvencia financiera. Por eso es que este caso significa justicia para todos. Apelamos que al menos los últimos tiempos que nos queden de vida los podamos pasar con una pensión, a la que tenemos derecho, pues éste derecho nos lo truncaron en 1991, pero confiamos en que habrá justicia y que el Presidente no nos dará la espalda.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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