La violencia e inseguridad que se vive en México en los últimos tres meses no sólo ha provocado que las grandes empresas cierren operaciones en algunas regiones del país, también las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales son víctimas de cobros de piso y extorsiones.
El 2017 se convirtió en el año más violento de las últimas dos décadas, sin embargo las cifras en materia de inseguridad y violencia de este año parecen indicar que el 2018 será todavía más violento.
En el primer trimestre del año ocurrieron más de 850 atracos en trenes y vías, esto es 580 por ciento más que el año pasado y 3 mil 300 robos de mercancía, 65 por ciento más que en 2017.
Por Laura Quintero
Ciudad de México, 4 de junio (EconomíaHoy/SinEmbargo).– Debido a la violencia e inseguridad que se vive en México en los últimos tres meses, grandes empresas han cerrado operaciones en algunas regiones del país. Tal es el caso de Coca-Cola FEMSA, ubicada en Guerrero, de Lala en Tamaulipas y de una minera canadiense en Saltillo.
Pero la inseguridad no sólo afecta a las grandes compañías. Las micro, pequeñas y medianas empresas la sufren todos los días a través de cobro de piso y extorsiones, pero esto no ha sido tan visible.
“Nos preocupan los casos ‘emblemáticos’ de las empresas que se conocen, pero nos preocupa igual o más las pequeñas y medianas empresas que no san tan visibles (…) No tenemos cifras en estos momentos, pero sí sabemos que los pequeños empresarios han sufrido por estos repuntes en los índices de violencia e inseguridad”, aseguró Gerardo Trejo Veytia, presidente de la Federación Centro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en entrevista para EconomíaHoy.mx.
Por su parte, Patricia de Obeso, directora de campañas de Creatura, promotora del pensamiento crítico, dijo que si bien hay repercusiones para las empresas y para los trabajadores que pierden sus empleos por el cierre o las afectaciones a las compañías, la Inversión Extranjera Directa (IED) y la economía no se han desacelerado, porque las empresas siguen encontrando maneras de sobrellevar la violencia y la inseguridad.
Sin embargo, agregó, las Pymes no han tenido esta capacidad y muchas de éstas cierran sus negocios porque no pueden sortear los daños y las pérdidas para la economía local y familiar, que es aún mayor para estas empresas.
“Me ha tocado estar en Guerrero, donde los pequeños empresarios tienen sus locales en el malecón y nos han dicho que les cobran derecho de piso mensualmente y además te dicen que no saben con quién ir a denunciar, porque tienen miedo de la propia policía. Son círculos viciosos que tienen un costo directo sobre todo en los pequeños y medianos empresarios”, aseguró la también ex coordinadora del Instituto para la Economía y la Paz en México.
El 2017 se convirtió en el año más violento de las últimas dos décadas, sin embargo las cifras en materia de inseguridad y violencia de este año parecen indicar que el 2018 será todavía más violento.
En abril se registraron 90 asesinatos diarios en promedio, 25 por ciento más que el mismo mes del año pasado; el robo a combustible creció 34 por ciento durante marzo; además en el primer trimestre ocurrieron más de 850 atracos en trenes y vías, esto es 580 por ciento más que el año pasado y 3 mil 300 robos de mercancía, 65 por ciento más que en 2017.
ABIGEATO, TERRENO DEL CRIMEN ORGANIZADO
En lo que va del año, el crimen organizado ha incursionado en un terreno en el que no había estado presente, o por lo menos, no de manera tan sistemática como lo ha hecho en el último mes.
“En algunas zonas productoras, en los altos de Jalisco, en las últimas tres semanas se han robado más de mil 200 cabezas de ganado gordo, ya para ir al mercado. En los corrales donde están confinados entran con lujo de detalle y se llevan 100 animales, cargados en camiones tortol en una noche”, aseguró Salvador Álvarez Morán, vocal ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche.
Dijo que otros de los estados en los que también han registrado robos son en Puebla y Tamaulipas. “Es la delincuencia organizada también en el tema de abigeato, es algo reciente, esto no lo habíamos visto en años anteriores”, advirtió Álvarez Morán.
Patricia de Obeso explicó que a partir de 2011 la violencia aparentemente empezó a disminuir, pero lo que pasó fue que el crimen organizado diversificó sus operaciones y hubo un cambio al negocio del secuestro y la extorsión, de manera más sofisticada e infiltrados dentro del gobierno. La estrategia fallida del gobierno federal hizo que con los años estos delitos se fueran recrudeciendo.
“No sólo aumentaron los asesinatos, también aumentó la violencia con la que éstos se ejecutan. Lo que ha mandado un mensaje de impunidad”, afirmó la especialista.
GASTAN MÁS EN SEGURIDAD… SIN RESULTADOS
En el 2017 los gastos de seguridad pública y nacional pasaron de 796 millones a 18,539 millones, lo que representa un incremento de más del 2 mil por ciento, y pese al despliegue de recursos, los delitos también se incrementaron.
“No ha habido una estrategia real en el combate a la corrupción y en mejore el sistema de justicia, finalmente el crimen organizado ha aprovechado (…) Seguimos apostando en estrategias de corto plazo, es decir, en armar más a la policía y al ejército, pero lo que tiene que ver con combatir la violencia a largo plazo, como lo es el combate a la corrupción, invertir en la implementación del sistema de justicia, ese gasto ha disminuido en México, lo cual ha impactado negativamente en los niveles de violencia”, advirtió Patricia de Obeso.
A pesar del enorme gasto que se ha destinado al “combate de la violencia”, en el índice global de impunidad México está en el número 66 de 69 países, en dónde sólo 4 de cada 100 delitos resultan en sentencia, lamentó Trejo Veytia.
Tan sólo en el 2015, la inseguridad que se vivió en varios estados provocó que 10 empresas hayan tenido que reubicar sus operaciones dentro del país, retirando sus inversiones de entidades como Tamaulipas, Ciudad de México, Guerrero y Chihuahua, para instalarse en Querétaro, Yucatán, Puebla, Oaxaca y Nuevo León, según estimaciones de la Cámara Americana de Comercio (AmCham, por su sigla en inglés).
Ese mismo año, aparte de la reubicación de esas 10 firmas, otras seis más retiraron sus inversiones del país por el tema de la inseguridad. Éstas realizaban sus operaciones en Nuevo León, Estado de México, Tamaulipas, Jalisco y Campeche y decidieron trasladarlas a Estados Unidos y Canadá.
“La reforma en seguridad pública debe iniciar ya, no puede esperar a que terminen las campañas y las elecciones y menos a que llegue un nuevo gobierno, esto se tiene que empezar a revertir desde este momento”, exigió Gerardo Trejo Veytia.
