Mediante un videomensaje, Dávalos aseguró que el exmandatario estatal es “un preso político” del Gobierno de Samuel García Sepúlveda.
Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).- Adalina Dávalos, esposa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, envió este miércoles un mensaje al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a las máximas autoridades para pedir justicia en el caso de su esposo.
A través de un video publicado en las redes sociales del exgobernador, Dávalos aseguró que el exmandatario estatal es “un preso político” del Gobierno de Samuel García Sepúlveda.
Además, recordó que Rodríguez Calderón fue detenido hace casi 50 días, procesado y “exhibido de una manera denigrante e ilegal sin que a la fecha haya un Juez competente que acepte llevar su caso”.
“Usted ha mencionado en reiteradas ocasiones que en su Gobierno no hay lugar para los abusos y excesos de poder. Ante lo señalado no cabe duda de que Jaime es un preso político del Gobierno de Nuevo León”, dijo Adalina Dávalos.
Hoy mi esposa Ada, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las máximas autoridades de este país; debido al abuso de autoridad y excesos de poder aplicados a mi situación legal, por parte del gobierno del estado. Les comparto el video para que lo vean
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— JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) May 4, 2022
Asimismo, Dávalos externó su “preocupación” hacia el Presidente López Obrador, no sólo por la situación que vive su familia, “sino por todas las familias de Nuevo León”.
“Si esto sucede con quien fuera Alcalde, Diputado, Gobernador y excandidato a la Presidencia de la República. ¿Qué nos espera a los ciudadanos que habitamos en este estado? Le pido justicia Señor Presidente, confiamos en usted”, concluyó Dávalos.
El pasado 1 de mayo, el exgobernador fue trasladado a un hospital, ya que su estado de salud fue reportado como delicado, según su defensa. Ante ello, su esposa responsabilizó a las autoridades en caso de que la salud de Jaime Rodríguez empeora.
Rodríguez Calderón, detenido el pasado 15 de marzo, es acusado del uso indebido de recursos públicos para conseguir las firmas requeridas para su candidatura independiente a la Presidencia en las elecciones de 2018.
Además, fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad en la requisa del sistema de transporte Ecovía que pertenecía al empresario Abelardo Martínez, de Transporte Tecno Ecológico, por haber confiscado bienes de un particular sin indemnización.
Se alegó que al haber sido una orden directa del exgobernador, sería el responsable del daño al concesionario, quien interpuso la denuncia en el 2020 ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción.
