Pilar Garrido, esposa del presunto criminal, desapareció el 2 de julio de 2017 cuando viajaba con su marido y su bebé en su automóvil de regreso a Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Fernández Villarreal, padre del detenido dijo que “[…] Todos están seguros, porque muchos lo conocen, de que Jorge no es, por muchas razones, capaz de haber cometido ese crimen”.

 México, 4 de mayo (EFE).- La familia del Jorge Fernández, condenado a 47 años de cárcel tras haber sido sentenciado por el asesinato de su esposa, la española Pilar Garrido, espera que se resuelva pronto la apelación presentada ante la justicia del estado de Tamaulipas y que él sea absuelto, dijo a EFE el padre del reo.

“Estamos en vías para que (el juez) dé el resultado de la apelación”, dijo Jorge Fernández Villarreal sobre el recurso presentado a fines de enero pasado ante el Tribunal de Justicia de Tamaulipas contra la sentencia.

Sin embargo, reconoció que no hay un plazo establecido para que se emita el fallo, y señaló que “ya llevan tres meses y no han resuelto”.

“Está en manos de nuestro sistema judicial de Tamaulipas (noreste), y esperamos de exista todavía gente honesta y con ética profesional, y que den el fallo que tienen de dar, que es la absolución total de Jorge”, expuso el padre en una conversación telefónica.

Precisó que a la corte de apelaciones se han enviado los videos de las sesiones del juicio original, con señalamientos minuto a minuto de supuestas irregularidades.

“Con la mano en la cintura desestiman a todos nuestros testigos y le dan la razón a los testigos de la Fiscalía”, dijo, y añadió que el fallo condenatorio fue “terriblemente equivocado, maliciosa y tendenciosamente evaluado”.

Fernández Villarreal enfatizó que en el nuevo sistema penal acusatorio una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario, “y resulta que nosotros tenemos que demostrar la inocencia de Jorge; es un circo romano”.

“Toda la familia, también la de España, está en la misma sintonía de la inocencia de Jorge, y estamos esperando que le den la libertad”, manifestó.

Por ello, Fernández Villarreal inició una petición en ese sentido en la plataforma Change.org dirigida a la Suprema Corte de México, al Supremo Tribunal de Tamaulipas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En la petición se detallan las supuestas violaciones a los derechos del acusado durante el juicio, y hasta ahora ha sido firmada por casi 11 mil personas.

“Todos firmaron por la inocencia de Jorge. Todos están seguros, porque muchos lo conocen, de que Jorge no es, por muchas razones, capaz de haber cometido ese crimen”, indicó el padre.

Explicó que en el sistema mexicano de justicia no existe la figura de los jurados que puedan dirimir un juicio. “Entonces, vamos a decir que tenemos 11 mil jurados allí”, abundó.

Pilar Garrido, valenciana de 34 años, desapareció el 2 de julio de 2017 cuando viajaba con su marido y su bebé en su automóvil de regreso a Ciudad Victoria, Tamaulipas, tras pasar unos días en la playa.

A finales de julio se encontraron restos óseos y jirones de ropa y 15 días después las pruebas de ADN identificaron a la española.

Aunque en un primer momento se creyó la versión del marido, que aseguraba que había sido secuestrada, el caso dio un vuelco cuando la Fiscalía estatal lo detuvo alegando contradicciones en sus declaraciones.

En particular se resaltó que en el lugar de la desaparición no suele operar el crimen organizado, que el sospechoso tardó mucho tiempo en regresar a Ciudad Victoria y que no pudo precisar por dónde llegó a la ciudad.

La Fiscalía acusó al marido de matar a la española y, al cabo de un juicio que arrancó el 30 de agosto de 2018, fue declarado culpable el 10 de enero pasado y sentenciado a 47 años de prisión.

A lo largo del juicio desfilaron desde testigos que alegaron presenciar malos tratos hasta expertos en ciencias forenses y antropólogos para sustentar esta versión.

Por su parte, los abogados de Jorge Fernández defendían la inocencia del marido alegando inconsistencias en las pruebas aportadas por la Fiscalía y la imposibilidad de determinar las causas de la muerte de la española.