La abogada María Elisa Franco Martín del Campo, de la organización Impunidad Cero, urgió al Poder Ejecutivo federal a aprobar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual forzaría a que las 2.3 millones de trabajadoras domésticas del país cuenten con un contratos de trabajo y sus derechos laborales correspondientes: seguridad social, pensión, vacaciones y aguinaldo. Además, pidió políticas públicas para generar un cambio cultural respecto de los prejuicios, roles y estereotipos de género, que son los causantes de la discriminación y violencia contra ellas, en especial niñas, migrantes e indígenas.
Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).– Desde una perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos laborales, las 2.3 millones de trabajadoras domésticas remuneradas en México enfrentan alguno de los múltiples escenarios de discriminación y violencia, incluyendo hostigamiento sexual. Además, al carecer de un contrato laboral escrito, trabajan jornadas superiores a la ley sin paga extra, no cuentan con seguridad social, pensión, vacaciones ni aguinaldo, determinó un estudio de la organización Impunidad Cero.
El 81 por ciento de ellas se dedica a ese trabajo por razones de necesidad económica y factores de pobreza, entre los que destaca la falta de
estudios y oportunidades. Además, el 23.8 por ciento no ha concluido la primaria, de acuerdo con cifras oficiales citadas.
“Las trabajadoras del hogar son un grupo en situación de vulnerabilidad. Sufren múltiples escenarios de discriminación (xenofobia y racismo) y violencia. Enfrentan carencias económicas y factores de pobreza (falta de estudios y oportunidades), así como condiciones de trabajo precarias”, expuso la autora del informe, la abogada María Elisa Franco Martín del Campo.
A pesar de ello, el Poder Ejecutivo federal no ha enviado al Senado de la República para su estudio y aprobación el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que forzaría a que las trabajadoras domésticas cuenten con seguridad social, pensión y contratos de trabajo. Otros países de América Latina ya lo han ratificado y tiene fuerza de Ley.
“El problema es que el Ejecutivo federal firmó el convenio 189 desde 2011, pero es fecha que no lo ha mandado al Senado a pesar de que [en diciembre] lo ha exhortado para que lo envíe y pueda estudiarlo”, dijo en entrevista.
En México, el 90 por ciento no tiene un contrato laboral, de acuerdo con la Comisión Nacional contra la Discriminación (Conapred). Esto las priva de derechos de seguridad social como seguro médico, licencia de maternidad, guardería para sus hijos, pago por incapacidad, pensión, ahorro y créditos para vivienda.
De acuerdo con la especialista en derecho, el trabajo en el hogar se realiza en condiciones de discriminación y precariedad laboral porque por los roles de género establecidos no se considera propiamente un trabajo y al ser en la esfera privada es “invisibilizado e infravalorado” respecto a su valor productivo.
“El cuidado de personas, la limpieza y la preparación de alimentos son indispensables para el bienestar de todas las personas y para la preservación de la vida en sociedad, por lo tanto deberían reconocerse y valorarse como tales. Sólo así estaremos en condiciones de garantizar un trabajo decente para las trabajadoras del hogar”, determinó María Elisa Franco Martín del Campo, quien también fue Jefa de Departamento de Empleo y Trabajo en la Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres.
Además, a pesar de que una parte del trabajo doméstico no se paga —la mayoría hecho por mujeres—, genera un gran valor al equivaler casi un cuarto del Producto Interno Bruto (PIB).
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), citado por el estudio, el valor económico del trabajo doméstico no
remunerado en nuestro país en 2015 fue de 4.4 billones de pesos, lo que representa el 24.2 por ciento del PIB.
El Conapred revela que un 46 por ciento de las trabajadoras del hogar labora más de las ocho horas establecidas en la ley; un 45 por ciento no cuenta con el derecho a disfrutar de descanso semanal; un 66 por ciento no tiene vacaciones y un 57 por ciento no recibe aguinaldo.
Sin embargo, el 74.9 por ciento recibe hasta dos salarios mínimos. “Mucho trabajo y poco pago”, respondió el 41 por ciento al ser cuestionadas sobre su principal problema laboral.
A pesar de que el artículo 337 de la Ley Federal del Trabajo establece obligaciones “especiales” para los patrones de trabajadoras del hogar, no los obliga a pagar las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda.
Además, la fracción II del artículo 13 de la Ley del Seguro Social se traduce en que los patrones no tienen la obligación de asegurarlas, por lo que se deja a buena voluntad del empleador. Ante ello, solo el 0.14 por ciento se encuentran aseguradas en el régimen de trabajadoras domésticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“En México se encuentra legalizada la situación de precariedad laboral para las trabajadoras del hogar. De aquí que se considere indispensable una legislación adecuada. Pero un cambio legislativo no será suficiente —aun si es esencial— para garantizar los derechos humanos de las trabajadoras del hogar. Es imprescindible que el Poder Ejecutivo instrumente las políticas públicas necesarias para generar un cambio cultural respecto de los prejuicios, roles y estereotipos de género, que en última instancia son los causantes de la discriminación y violencia contra las trabajadoras del hogar”, expuso la autora en su estudio.
Vía telefónica agregó que el reto es que se implementen políticas públicas en materia de educación y difusión en medios de comunicación para superar los estereotipos. Aunque la barrera es que se “trata de temas arraigados”, deben evidenciarse para modificarse.
DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE Y VIOLENCIA EN IMPUNIDAD
La discriminación y violencia sufridas por las trabajadoras del hogar tienen su origen en el género, pero el estudio destaca que hay otros elementos relacionados que las potencian: la pobreza, el pertenecer a una comunidad indígena, la edad y la condición migratoria. Esto genera que las niñas, las
mujeres migrantes y las mujeres indígenas “se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) expuso en un documento sobre el tema que “las personas trabajadoras del hogar
sufren discriminación múltiple y también son discriminadas por su apariencia, su edad, su condición socioeconómica, su pertenencia étnica y su orientación sexual”.
Respecto a las mujeres menores de edad, en promedio 5 por ciento de las trabajadoras del hogar en zonas urbanas de nuestro país son niñas, y 36 por ciento de ellas empezaron a trabajar antes de los 18 años, documenta Conapred.
Las trabajadoras domésticas migrantes también son más vulnerables por encontrarse en una ciudad o país que no conocen, vivir donde no hay familiares cercanos y por enfrentarse en ocasiones a problemas de barreras lingüísticas, destaca el estudio de Impunidad Cero.
De acuerdo con una encuesta realizada por el Conapred, 51 por ciento de las trabajadoras del hogar son migrantes internas.
Las trabajadoras del hogar de origen indígena de igual forma enfrentan formas múltiples de discriminación. El 33 por ciento señaló en la encuesta haber recibido un trato de desprecio por esa razón, mientras que al 25 por ciento se le prohibió hablar su lengua indígena.
Asimismo, también son víctimas de violencia verbal, emocional, económica y sexual, pero se mantiene en la impunidad en la mayoría de los casos, expuso el estudio.
La especialista en derecho María Elisa Franco Martín del Campo destacó que la violencia contra las mujeres representa necesariamente una forma de discriminación, y que toda discriminación contra las mujeres es a su vez una forma de violencia.
“La preocupante situación en la que se encuentran las trabajadoras del hogar se origina en gran medida en los roles de género, pero se mantiene activa sobre todo debido a la ausencia de una legislación adecuada en nuestro país”, concluyó.
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