Las organizaciones de la sociedad civil han sufrido grandes cuestionamientos derivado de la existencia de organizaciones que se han creado a modo o que son cómplices de políticos corruptos que han visto en estas figuras, una forma de desviar fondos públicos, inclusive, en algunos casos, grupos delictivos las identifican como una opción para lavar dinero.
Un ejemplo reciente, la organización “Juntos Podemos” y Josefina Vázquez Mota, actual candidata a la Gubernatura del Estado de México, por el Partido Acción Nacional y Presidenta honoraria de esta fundación, que ha recibido fondos públicos por más de 900 millones de pesos, otorgados a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de transparencia a la sociedad, la información se hizo pública gracias a la asociación Mexicanos contra la corrupción y la impunidad MCCI.
El gobierno de México financió las actividades de “Juntos Podemos” a través de una triangulación de envíos de fondos a dos fundaciones establecidas en Estados Unidos, “Parents Aliannce” y “AEM USA Foundation”.
Como este ejemplo hay varios a nivel federal y local que llaman la atención, dado que la reducción de presupuesto público destinado a convocatorias dirigidas a organizaciones que tienen un claro compromiso de trabajo en agendas que van desde la social hasta las ambientales, se ha ido incrementando con los años. En el mejor de los casos, a estas organizaciones, se les llega a asignar un promedio de 250 mil pesos (menos de 15 mil dólares) que tienen altos niveles de control y auditorias al año.
Es cierto que hay niveles de organizaciones, aquellas que pueden acceder a fondos públicos o privados con mayor facilidad por tener un fuerte apadrinamiento visible, las cuales en la mayoría de los casos no son sujetas a ningún ejercicio de transparencia ni rendición de cuentas. Y otras que sobreviven mucho a costa de la voluntad y creatividad de los que ahí trabajan.
¿Qué se hace por fortalecer a la sociedad civil en México? La respuesta es muy poco o nada, para quienes trabajamos por lograr un cambio social, por visibilizar lo que pasa, que lucha por una sociedad más justa, transparente y equitativa, el apoyo es limitado e insuficiente.
En México es claro que no sé fomenta la participación de la sociedad civil organizada, al contrario muchas veces se castiga, agrede o asesina a los y las defensores de los derechos humanos. No se promueve a través de programas su crecimiento y consolidación. Salvo distinguidas excepciones, se evita trabajar con sociedad civil o porque no se le reconoce como interlocutor o bien porque no se le reconoce en lo absoluto.
Comparativamente con otros países de América Latina y con respecto al tamaño de la población total de México, el número de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) es muy reducido.
Alrededor de 20 mil organizaciones cuentan con Clave Única de Identificación (CLUNI) en el registro oficial que lleva la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y se concentran en unas pocas entidades federativas, con ausencia en muchas comunidades del país, hecho que no facilita una mayor movilidad y organización social para hacer frente a todos los temas que ocupan y preocupan a quienes vivimos o transitamos por México.
Hace más de 10 años varias organizaciones lideradas por Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, AC, discutíamos lo que hacía falta para fortalecer desde las políticas públicas al sector de la sociedad civil organizada y concluimos en los siguientes temas:
– El Gobierno debe reconocer el aporte de las OSC al desarrollo social, al desarrollo económico, a la gobernabilidad democrática, etc. y debe alentar al desarrollo de la sociedad civil como condición de la democracia; debe valorar el conocimiento experto de las OSC como activo del país para avanzar en el desarrollo incluyente, la equidad, el Estado de Derecho y una sociedad que respete los derechos de todas y todos. Con base en ello, el Plan Nacional de Desarrollo debe reconocer la importancia del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil y hacer un compromiso para establecer políticas de fomento y fortalecimiento de la sociedad civil, como agentes de interés público;
– Se requiere fortalecer las instancias de participación existentes para el diálogo en materia de políticas públicas, mejorando su funcionamiento y revisando sus funciones y atribuciones, facilitando su trabajo, dándoles acceso a la información relevante y capacitándolos en las normas y procesos de la administración pública, para que puedan hacer aportes relevantes a partir de su conocimiento experto. El centro de su participación debe estar en aportar al diseño, ejecución y evaluación de las políticas, programas y proyectos de las instancias de la administración pública. Asimismo, es necesario crear mecanismos de participación ciudadana para el diálogo en política pública en las instituciones y dependencia donde no existen, en particular las de las áreas responsables de la política económica (SHCP, Secretaría de Economía, SAGARPA, Banco de México, Comisión Nacional Bancaria, etc.) y las de seguridad (SSP y PGR);
– Promover una Ley Federal de Participación Ciudadana, que incluya las figuras de referéndum, plebiscito, iniciativa popular y revocación de mandato con los candados y apoyos necesarios para que estas figuras no sirvan a la promoción de poderes fácticos y económicos;
– Constituir una comisión con participación del legislativo y las propias OSC a partir del Consejo Técnico de Fomento, para armonizar la legislación federal que tiene que ver con las actividades de las OSC, con objeto de desregular, simplificar, homologar términos y conceptos, vincular registros y evitar duplicidades;
– Aumentar los recursos públicos para el apoyo de los proyectos y actividades que realizan las organizaciones sociales y civiles, bajo una relación sana de corresponsabilidad y respeto a su autonomía. Para ello, es necesario, transparentar, publicitar y fiscalizar los recursos tanto monetarios como en especie, que destinan las distintas instituciones del Estado en los tres niveles de gobierno, en apoyo de organizaciones sociales y civiles.
Asimismo, se requiere eliminar toda discrecionalidad en el otorgamiento de fondos públicos a las OSC, mediante mecanismos transparentes y equitativos de asignación de los recursos.
Desafortunadamente a más de 10 años podemos decir que casi nada ha cambiado y que al contrario hay temas en los que hoy encontramos acentuados retrocesos.
*Nancy Pérez García es directora de Sin Fronteras
