Por Iván Benumea*

El 3 de abril de 2016 fueron revelados los Panama Papers, y desde entonces, la comunidad internacional por la justicia tributaria conmemora este día para exigir poner fin a uno de los mayores abusos fiscales de nuestra era. Según las últimas estimaciones, anualmente cerca del 1 por ciento del PIB de nuestro país no es recaudado por culpa de estos lugares. Por su parte, el mundo pierde 483 mil millones de dólares en impuestos por el uso de paraísos fiscales por parte de las multinacionales e individuos ultrarricos (1), lo que habría alcanzado en 2021 para aplicar un esquema de vacunación completo contra el COVID-19 a mil personas cada segundo (2).

Los paraísos fiscales no son solamente pequeñas islas del Caribe. Las grandes potencias económicas, como Estados Unidos de América y el Reino Unido, también son responsables directos de este problema. Los Pandora Papers revelaron que Dakota del Sur y Nevada, en Estados Unidos, son jurisdicciones utilizadas para pagar menos impuestos; mientras que en Reino Unido la Telaraña Británica (una red de siete jurisdicciones que dependen de la Corona), es una de las opciones preferidas por las multinacionales para pagar menos impuestos (3).

A siete años de los Panama Papers afortunadamente el escenario global está comenzando a cambiar. El 23 de noviembre de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución general que podría significar el fin de los paraísos fiscales. Gracias a esto, los países de bajos ingresos —a quienes más les afectan los abusos fiscales extraterritoriales— finalmente podrán jugar un papel decisivo en el diseño de las reglas tributarias globales, un rol que les ha sido negado constantemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien en la última década ha desarrollado propuestas que son complacientes con los países ricos, e insuficientes para erradicar los paraísos fiscales.

Como consecuencia de la histórica resolución de la ONU, los estados miembros deberán comenzar a discutir un nuevo marco tributario global que potencialmente contribuya a disminuir las extremas desigualdades e incrementar la recaudación de los países de bajos ingresos. En el centro de estos debates, las propuestas poco ambiciosas de la OCDE —como una tasa mínima global del 15 por ciento a las multinacionales— podrían modificarse radicalmente, pero también será crucial encontrar nuevos mecanismos de cooperación internacional para gravar la riqueza y transparentar los activos de los ultrarricos (4).

Ante este prometedor escenario para poner fin a los paraísos fiscales, la posición del Estado mexicano continúa siendo desconocida. México, por ejemplo, no se ha sumado oficialmente a la convocatoria del Gobierno colombiano para crear una postura regional conjunta en el marco de la Primera Cumbre de Latinoamérica y el Caribe por una tributación global incluyente, sostenible y equitativa a celebrarse en los próximos meses. Por fortuna, nuestro país todavía está a tiempo de preparar el camino y jugar un rol decisivo en la promoción de un nuevo paradigma global de la justicia fiscal.

* Iván es coordinador del programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.

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(1)  En este artículo utilizamos el plural masculino para referirnos a las personas ultrarricas, ya que debido a que los sistemas económicos están sesgados y excluyen a muchas mujeres, se ha visto como consecuencia que son hombres quienes dominan puestos de poder económico y concentran la mayor parte de la riqueza.

(2) Tax Justice Network. Estado de la Justicia Fiscal 2021.

(3) Tax Justice Network.

(4) ICRICT.

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