La violencia no ha parado en México. A finales de marzo comunidades de Chiapas y Guerrero huyeron de grupos armados rumbo a las montañas u otro municipio. Otros de los hasta 8 millones de víctimas de desplazamiento forzado interno viven en campamentos desde hace años. Organizaciones civiles alertan que son doblemente vulnerables ante la actual pandemia.
Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).– En una bodega viven al menos 45 indígenas tzetzales, entre ellos un hombre de 73 años y su esposa con diabetes en plena pandemia. Son parte de los entre un millón 200 mil y ocho millones de víctimas de desplazamiento forzado interno en un México en guerra, estimados por la Secretaría de Gobernación. Las 12 familias huyeron del Ejido de Cintalapa, en Ocosingo Chiapas, desde 2009 por la violencia generada por un grupo armado, ha documentado el Centro de Derechos Humanos Ku’ntik.
En San Cristóbal de las Casas hay 254 personas, incluyendo ocho adultos mayores, habitando un campamento otorgado por el Gobierno estatal, que antes era una planta productora de pollos. Viven con desnutrición, en hacinamiento y sin acceso a agua potable. Arribaron del Ejido Puebla, en Chenalhó, desde 2016 por amenazas de un grupo paramilitar a partir de un conflicto electoral. En cada galera conviven 30 personas, incluyendo bebés.
Ante el riesgo por el COVID-19, el director del centro Ku’ntik, Diego Cadenas, solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para 300 personas en hacinamiento provenientes de ambas localidades e hizo un llamado de alerta al Gobierno de Chiapas y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Este hacinamiento les hace susceptibles a un contagio masivo de coronavirus”, advirtió.
Hasta la fecha, aunque la autoridad local ha apoyado con insumos básicos a los centros de refugio de la Coordinadora de Personas Desplazadas, conformada por habitantes de Cintalapa, Ejido Puebla Chenalhó, Tenango y Shulvó Zinacantán, “no ha acudido a darles informes sobre protección sanitaria en sus idiomas tsotsil y tzeltal”.
Respecto a la solicitud de la Secretaría de Salud de quedarse en casa para disminuir la propagación del coronavirus, Cadenas expuso que los adultos antes de ser forzados a huir de sus comunidades, se dedicaban a la agricultura y avicultura. Ahora, en la cabecera municipal los hombres se emplean como albañiles y las mujeres en trabajos del hogar. Viven al día.
Sobre el caso en el municipio de Chenalhó, donde hubo enfrentamiento armados por un conflicto electoral y se registraron al menos dos muertes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió desde hace dos años la recomendación 90/2018.
“Los actos de violencia provocaron que los terrenos, propiedades y bienes tuvieran que ser abandonados por aproximadamente 971 personas pertenecientes a la etnia tsotsil, quienes salieron huyendo del Barrio San Pedro del Ejido de Puebla, Barrio Centro del Ejido Puebla, Xinichilvo, Nuevo Canolal, Tzanembolom, Fracción Canolal, Chimtic, Barrio La Tejería, Barrio Usilhucum, Cabecera Municipal, Lázaro Cárdenas, Barrio Santa Cruz, Las Limas, Jovaltón, Fracción Polhó, Chojoló, Campo los Toros, Centro Poconichim, Takiukum, y Centro Majomut, localidades del municipio de Chenalhó, Chiapas”, documentó el órgano autónomo.
Al principio más de 200 de ellos se refugiaron en una casa de la cultura de la cabecera municipal de Chenalhó, pero en 2017 arribó un grupo armado y las 54 familias decidieron desplazarse a San Cristóbal de las Chiapas, donde actualmente viven en el campamento.
Diego Cadenas, defensor local de derechos humanos, planteó que está en proceso la Ley contra el Desplazamiento Forzado Interno a nivel nacional para establecer las responsabilidades del Estado en esta materia, pero en Chiapas la Ley al respecto de 2012 “está paralizada” y sigue pendiente el padrón oficial de víctimas de desplazamiento y el fondo para atención.
El activista reconoció que el Gobierno federal ha mostrado un avance en reconocer el fenómeno tras sexenios de invisibilidad sin cifras oficiales ni un marco jurídico, pero ha sido, agregó, “por la presión” internacional y de organizaciones civiles.
Para el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, el paso más importante será restituir las condiciones para que la población desplazada regrese a su comunidad, lo cual implica converger las políticas de atención al desplazamiento forzado interno con las encaminadas a combatir la inseguridad y las orientadas a la reconstrucción del tejido social.
Sin embargo, Brenda Pérez Vázquez, coordinadora del Área de Desplazamiento Interno Forzado en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, expuso que el entendimiento y abordaje de la problemática es todavía primario porque durante décadas no se había reconocido.
“México no cuenta aún con una estructura jurídica e institucional para proteger a la población internamente desplazada. Han habido algunos avances, pero no se han concretado”, dijo.
“La propuesta de Ley General necesita ser fortalecida, hay muchos vacíos de protección y falta de claridad conceptual. Necesita estar apegada a la realidad basada en un diagnóstico amplio. Por un lado que se genere información suficiente sobre dónde está ocurriendo y los territorios más afectados y capacidades técnicas-financieras; por el otro lado, construir un instrumento normativo que permita facultar a distintas instancias de Gobierno para atender y dar respuesta, entender quiénes deben dar asistencia humanitaria, generar políticas de prevención y medidas a largo plazo”, evaluó.
DESPLAZAMIENTOS DURANTE LA PANDEMIA
El riesgo frente al coronavirus para individuos, familias y comunidades enteras forzadas a un desplazamiento interno se extiende a nivel nacional. De 2006, cuando el Gobierno de Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico, a 2018 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) calcula 338 mil 405 personas internamente desplazadas entre amenazas, miedo, quema de casas o cultivos, saqueos de casas, enfrentamientos armados, extorsiones, desapariciones y asesinatos.
Solo de enero a diciembre de 2018, esta organización civil registró 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México, los cuales han afectado a al menos 11 mil 491 personas, de las cuales el 53.6 por ciento se desplazó por la violencia generada por grupos armados organizados, y el 46.4 por ciento a causa de violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales. Del total de víctimas, el 45 por ciento es de población indígena.
Ocurrieron en 20 municipios y 52 localidades sobre todo rurales de Guerrero (5 mil 056), Chiapas (5 mil 035), Sinaloa (860), Oaxaca (300) y Michoacán (240), documenta la CMDPDH.
Brenda Pérez Vázquez, coordinadora del Área de Desplazamiento Interno Forzado en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, expuso que de la semana del 23 al 27 de marzo de este año se registraron dos desplazamientos forzados internos en Chiapas y Guerrero por violencia generada por grupos armados, lo cual viola los derechos a circular libremente, a la residencia, a la unión familiar, a la salud, a la educación, entre otros, de las víctimas.
Entre un ambiente de terror, comunidades tsotsiles huyeron de la zona entre Aldama y Chenalhó, Chiapas, para refugiarse en las montañas, sin acceso a servicios básicos. El conflicto entre ambos municipios se originó por la disputa de 60 hectáreas. Desde 2015 comenzaron a suscitarse agresiones con armas de fuego y los ataques se intensificaron en 2018, expuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un comunicado, donde hizo un llamado enérgico al Gobierno estatal a garantizar la estabilidad social en el área.
“Desde el día 24 de marzo se intensificaron las agresiones armadas a Chivit, Tselejpotobtic , Yetón, Xuxch’en, Coco’, San Pedro Cotzilnam, Tabak y la cabecera municipal de Aldama. En contexto de Covid-19, aumenta el riesgo a la vida de población, en su mayoría mujeres, niñas, niños y personas mayores en situación de desplazamiento forzado constante, quienes se refugian en las montañas ante los reiterados ataques”, alertó el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé”.
La coordinadora del Área de Desplazamiento Interno Forzado de la CMDPDH, Brenda Pérez, aseguró que junto con los migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, personas privadas de la libertad y que viven en extrema pobreza, los desplazados constituyen los grupos en situación más vulnerable, la cual se acentúa ante esta pandemia que evidencia las desigualdades sociales.
“Hoy hay familias completas que están teniendo que huir de sus hogares a causa de la violencia. Además de tener que abandonar absolutamente todo, enfrentan un doble riesgo no solo al estar expuestos a la violencia, sino a otros impactos que afectan severamente su salud. Dentro de la población desplazada amenazada por el virus, hay con triple vulneración por ser desplazada, indígena, mujer embarazada o ser adulto mayor”, dijo.
“¿Qué va a pasar si se enferman?, ¿podrán acceder al sistema de salud? La población desplazada padece en mayor medida las consecuencias de esta emergencia no solo de salud, sino de riesgo a morir. Muchos no cuentan con su documentación oficial, lo que les imposibilita el acceso a derechos más fundamentales como la salud, educación, empleo y vivienda. No pueden tomar las medidas adecuadas para prevenir el riesgo de contagio porque se ven obligados a buscarse el sustento todos los días; muchos se encuentran refugiados en un mismo lugar en hacinamiento sin agua. ¿Los gobiernos locales tienen identificada a esta población?”, cuestionó.
También en esa semana del 23 al 27 de marzo, alrededor de 200 personas salieron de localidades del municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, por un episodio de violencia, monitoreó la CMDPDH. En efecto, el diario local El Sur reportó que llevan más de una semana en un plantón en una carretera de Chichihualco, a la interperie y bajo el sol. Decidieron armarse, incluyendo menores de edad.
“Ya estamos cansados de que el Gobierno no nos haga caso”, informaron esta semana mediante un comunicado con el que adjuntaron fotografías de niñas y niños encapuchados y portando armas largas. Frente al coronavirus, son doblemente víctimas, declaró el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández.
En Leonardo Bravo y en Eduardo Neri, antes de la pandemia, desde finales de 2018 al menos 50 escuelas de 18 comunidades fueron cerradas por el miedo al crimen organizado, y enfermeras del Hospital Básico Comunitaria de Filos de Caballo se negaban a ir a los centros de salud tras incendio de autos donde se transportaban.
En la prensa también se han documentado desplazamientos forzados internos desde los municipios guerrerenses Chilapa, Zitlala, Cochoapa el Grande, Petatlán, Coyuca de Catalán y San Miguel Totoloapan, en los últimos años.
Esta semana, el diario local El Sur publicó que el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) traerá información sobre cuántas personas han sido desplazadas de sus hogares, pero solo entre estados y municipios. En Guerrero muchos se refugian en las cabeceras municipales, por lo que una importante cantidad no quedará registrada.
También se han reportado salidas masivas en Parácuaro, Buenavista y Aguililla, en Michoacán; al igual que de sierras sinaloenses en Rosario, Concordia, Mazatlán, San Ignacio, Choix, Badiraguato o Cosalá y comunidades El Tecomate de la Noria, El Tiro, Zaragoza, El Platanar de los Ontiveros y La Noria al sur de Sinaloa; de triquis desde San Copala de Oaxaca, y desde comunidades de Chihuahua y Sonora.
“Yo ya estoy más muerto que vivo. Tengo crisis emocional. Que le maten a uno a dos hijos, que le roben la casa, la bodega, que le quiten a uno absolutamente todo… no es fácil olvidar y aceptar, no es fácil […] Y luego viene uno y se encuentra con la negligencia, con la falta de respuesta de organismos, de autoridades, de las puertas que hemos tocado […]”, contó un hombre desplazado de Chihuahua a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).
Llegan a sitios para sobrevivir en precariedad, hacinamiento, falta de servicios básicos y dificultades para obtener empleo o escuela entre señalamientos y, en ocasiones, división de familias.
