Budapest, 4 abr (EFE).- Todo indica que el Gobierno del polémico primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, seguirá adelante con su “revolución conservadora” gracias a la amplia mayoría que le otorgan todas las encuestas en las parlamentarias del próximo domingo.

Esa “revolución”, aseguran los líderes de la gubernamental formación Fidesz, busca transformar la sociedad y concentrar el poder para dirigir mejor el país, con el objetivo de concluir la transición política iniciada en 1989 con la caída del Telón de Acero.

“Europa necesita una renovación cristiana”, dijo el propio Orbán durante una visita a España el año pasado, al considerar que la crisis actual no es solo económica sino también producto de un “desgaste moral”.

Este afán por crear una sociedad basada en la fe y el orden se refleja también en la nueva Constitución del país, redactada y adoptada en solitario por la formación gubernamental en contra de las protestas y el rechazo de la oposición.

“Dios, bendice al húngaro”, reza la Carta Magna de Hungría, lo que causó un aluvión de críticas de grupos de derechos civiles, que consideran que no es neutral ni integradora, y refleja un excesivo peso de los valores cristianos y nacionalistas.

El pasado junio el Parlamento Europeo mostró su preocupación por la situación de los derechos fundamentales en el país y demandó respeto a los valores democráticos, solicitando incluso que se estudie activar el mecanismo que permite sancionar a Budapest si no cumplía.

Pero las reformas de Orbán no se limitaron a la Constitución, sino que afectan, siempre con leyes de rango constitucional, también a la Justicia, la prensa, la economía y el propio sistema electoral.

Y es que el propio Orbán ha reiterado repetidamente que su objetivo es crear así un sistema que no pueda ser modificado en los próximos 40 años.

Con la llamada “ley mordaza”, sobre la prensa y con la creación del Consejo de Medios, un todopoderoso órgano supervisor con competencias para retirar licencias y cerrar rotativas, el Fidesz dio un importante paso para controlar a los medios.

La ley fue duramente criticado por la Comisión Europea, que entendió que la norma viola el derecho a la libertad de prensa.

Debido a las fuertes críticas internacionales el Fidesz cedió y el Parlamento enmendó la legislación en algunos puntos.

Pese a esos cambios, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sigue cuestionando la imparcialidad de la Televisión Pública y de la agencia pública de noticias MTI, mientras que destaca que la autoridad de supervisión de la prensa está compuesta por miembros nombrados por el partido gobernante.

También el recorte de competencias del Tribunal Constitucional, del poder judicial en general, y de los frenos y contrapesos democráticos, causaron confrontaciones con Bruselas y otras organizaciones internacionales.

Orbán respondió con un “euroescepticismo populista”, basado en la soberanía nacional, subrayando que Bruselas no tiene competencias en asuntos internos, explica a Efe Csaba Tóth, analista político del Instituto “Republikon” de Budapest.

“Este es el conflicto básico hasta hoy”, agrega.

En sus discursos, el primer ministro suele hablar de una “lucha” o “guerra” para defender los intereses y la independencia del país.

En la primera mitad de 2011, justo cuando Hungría presidía la Unión Europea, Orbán comparó a Bruselas con la Unión Soviética, y aseguró que “Hungría no tolera que le dicten” lo que debe hacer, al tiempo que acusó a los funcionarios de la UE de estar influidos por la izquierda.

“Para Orbán la amistad con (el presidente ruso) Vladimir Putin y el europeísmo no son contradictorios”, asegura Tóth, ya que “esas dimensiones de los valores europeos no son suyos”.

El analista aludía a que Orbán firmó en enero un acuerdo valorado en 12.500 millones de euros con Putin, para construir dos reactores en la central nuclear de Paks, una medida criticada porque creará una fuerte dependencia energética de Moscú.

Tampoco faltaron los conflictos con los países vecinos por la concesión de la doble ciudadanía a más de dos millones de húngaros que viven en Rumanía, Eslovaquia, Serbia, Ucrania y Austria, cuyos gobiernos, especialmente el de Bucarest, considera una intromisión en asuntos internos.

Recientemente, una controvertida ley que prevé expropiar a agricultores extranjeros, sobre todo austríacos, e incluso amenaza con penas de cárcel, ha lastrado las históricas buenas relaciones con Austria, que pasan ahora por malos momentos.

Mientras que Budapest asegura que muchos de los agricultores austríacos consiguieron tierras ilegalmente, a través de testaferros locales, Viena exige el respeto del derecho comunitario en Hungría.EFE