Datos de la Comisión Nacional de Búsqueda revelan que en México existen 111 mil 937 personas desaparecidas (al 27 de Febrero del 2023). Cuando alguien desaparece y se interpone una denuncia, las autoridades deben abrir una carpeta de investigación, un documento que se convierte en pieza clave en el proceso de búsqueda y localización. Sin embargo, las fiscalías estatales no siempre integran correctamente estas carpetas o les dan seguimiento.
Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– Juan Valentín Jiménez desapareció en Irapuato, Guanajuato, el 18 de febrero de 2020 y desde ese día su hermana, Karla Jiménez, integrante de la Organización Hasta Encontrarte, lo ha buscado sin resultados.
Además de la angustia de no encontrar a su hermano, Karla ha tenido que lidiar contra el peso y lentitud de la burocracia. Esto la ha llevado a pensar que hay un desinterés por parte de las autoridades, porque desde hace tres años han hecho poco por intentar encontrar a su familiar.
Ejemplo de lo anterior es que cuando se acude a la Fiscalía para hacer un “chequeo de tu carpeta de investigación, te das cuenta de que no hay ningún avance, que no hicieron nada”.
Recuerda que cuando acudió por primera vez a la Fiscalía para denunciar la desaparición de su familiar, iba tan mal emocionalmente que no se percató de lo revictimizante que fue el trato: “Tú como familiar vas bastante vulnerable, no captas”.
Dice que si la persona desaparecida es un hombre, las autoridades tienden “a revictimizarte preguntando cosas como si tú sabes a qué se dedicaba”. Y si es mujer a quien buscas te dicen “hay que esperar 72 horas porque posiblemente se fue con el novio o con una amiga”.
Otra de las situaciones desesperantes a las que se enfrentan familiares de desaparecidos, expone, es cuando las autoridades reciben datos o información que la propia familia investigó, y posteriormente no la incluyen en las carpetas de investigación.
“Yo desde el 2020 he estado pidiendo que presenten a una persona como testigo; esa persona estuvo presente en el momento en el que se llevaron a mi hermano y no lo han hecho”, detalló.
El nulo avance en la carpeta de investigación sobre el hermano de Karla Jiménez —a tres años de su desaparición— es tan sólo uno de los miles de casos similares en nuestro país.
Datos de la Comisión Nacional de Búsqueda revelan que en México existen 111 mil 937 personas desaparecidas (al 27 de Febrero del 2023). Cuando alguien desaparece y se interpone una denuncia, las autoridades deben abrir una carpeta de investigación, un documento que se convierte en pieza clave en el proceso de búsqueda y localización. Sin embargo, las fiscalías estatales no siempre integran correctamente estas carpetas o les dan seguimiento.
Ante este escenario poco alentador para familiares de desaparecidos se creó “No somos expedientes”, una plataforma digital elaborada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), junto con la desarrolladora VIRK.
LA PLATAFORMA
Esta guía digital ofrece a familiares de desaparecidos información y herramientas legales para dar debido seguimiento a las carpetas de investigación sobre sus seres queridos, pues muchas veces estas familias no cuentan con conocimientos jurídicos o asesoría legal.
La página nosomosexpedientes.mx contiene los siguientes seis apartados: “Reportar y denunciar una desaparición”. “Carpeta de Investigación”. “Diligencias de búsqueda”. “Amparo y su funcionamiento”. “Proceso de Identificación”, y “Acciones internacionales”.
En cada uno de estos apartados se explican las acciones legales que deben realizar las familias en una Fiscalía, los documentos que deben de presentar y la redacción jurídica de estos. Incluso se da información sobre las instancias a las cuales acudir en caso de detectar que las autoridades no cumplen con su deber.
La misma página explica que tanto la información como las herramientas que se ofrecen “de ninguna manera sustituyen” el derecho de las familias a contar con una “asesoría jurídica digna y adecuada” y acompañamiento de un defensor de confianza.
María Luisa Aguilar, coordinadora internacional del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, detalló que las familias encontrarán “de manera cronológica cuales son las acciones inmediatas que tendría que tomar un Ministerio Público en cuanto recibió una denuncia”.
“Las acciones que deberían generarse dentro de los expedientes de las carpetas de investigación para hacer búsqueda de familiares de personas desaparecidas”, sostuvo.
Por su parte, Jesús Peña, Representante Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos —organismo que acompañó desde un principio la presentación de esta plataforma— consideró que ante “una cifra de 110 mil personas desaparecidas” en México, los organismos de Derechos Humanos, o la misma sociedad civil, a veces no tienen suficiente capacidad para lograr acompañar a este conjunto tan grande de familiares que buscan a un ser querido.
Por ello aseguró que “una plataforma como ésta permite que mucha más gente tenga estos instrumentos” y herramientas legales en las cuáles apoyarse. Esta herramienta digital, sostuvo, “me parece un muy buen ejemplo de cómo se puede facilitar el acceso a información, además desde cualquier lugar del país (…) y además es gratuita”, explicó.
UNA GUÍA “BASTANTE ENTENDIBLE”
A unas semanas de presentarse la plataforma “No somos expedientes”, Karla Jiménez, de la Organización Hasta Encontrarte, dice sentirse agradecida pues ahora sabe cuales son sus “derechos como buscadora” y los de su hermano como persona desaparecida.
Antes yo iba con las autoridades y “les decía que necesitaba ver la carpeta (de investigación) de mi hermano y me decían ‘sí, nada más que tráenos un escrito’ y yo no soy licenciada”. No podía hacer un “escrito de petición” porque tenía que fundamentar con artículos que no conozco, explicó.
Por ello, “ahora con esta plataforma es muy fácil”. Escribes el nombre del desaparecido “el llenado es bastante fácil, imprimes, firmas, lo llevas y ya no hay manera de que la Fiscalía te rebote un documento porque ya viene con todos los artículos como se necesitan”. Quedé encantada, dice, “es una herramienta que nos facilita la búsqueda de nuestro desaparecido”.
MALAS PRÁCTICAS DE AUTORIDADES
María Luisa Aguilar, del Centro Agustín Pro, explicó que las autoridades suelen ser “omisas, negligentes o revictimizantes” en su trato con familiares de desaparecidos. Existe “una falta de empatía total a las víctimas, y esto es, yo diría que de manera generalizada”.
Recuerda que recientemente se dio el caso en el que familiares solicitaron resguardar los de datos telefónicos de una persona desaparecida (con éstos se puede saber su última ubicación o si su línea sigue activa) y las autoridades contestaron: “‘Sí, pero eso me lo tiene que poner por escrito’, aunque ésta sea su responsabilidad y su obligación”.
Otra mala práctica recurrente de autoridades es la de solicitar a familiares esperar hasta 72 horas transcurridas después de una desaparición para presentar una denuncia.
“Seguimos escuchando testimonios de familiares de personas desaparecidas que llegan a denunciar y que lo primero que le dicen es que tienen que esperar 72 horas. Queda muy claro que las primeras horas después de una desaparición son las horas en las que se deben de hacer acciones puntuales” para localizar a las personas.
NoSomosExpedientesAlgo que consideró no debe dejar de observarse es que a veces presentar una denuncia por desaparición ante autoridades conlleva riesgos, porque éstas “en diversos estados, diversos contextos, están coludidos con el propio crimen”, aseguró.
En la opinión de María Luisa Aguilar, el tema de personas desaparecidas en México, no es algo de otros sexenios. “Es muy claro que esto no es un tema del pasado (…) más del 30 por ciento de las 110 mil personas desaparecidas, lo están a partir de diciembre del 2018. Es decir, mucho de estas cifras, más de 30 mil personas han desaparecido en estos últimos cuatro años de acuerdo con registros oficiales”, explicó.
Más allá de lo anterior, informes del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, tras su visita a México en el año 2021, revelaron que sólo entre el dos y seis por ciento de casos de personas desaparecidas en nuestro país habrían sido judicializados. Esta cifra podría dejar entrever el rezago en la integración de las carpetas de investigación de personas desaparecidas.
Y aunque no se cuenta con cifras actualizadas sobre la judicialización de estos casos, en la opinión de Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para DDHH, considera que hoy con más de 110 mil personas desaparecidas en México esto es un tema que “debe llamar a la reflexión”, finalizó.