Por Luis Pásara*

Ya en su tercer mes, el Gobierno de Dina Boluarte deja pocas dudas acerca de su perfil. Más que el discurso, son los hechos los que van definiéndolo como un Gobierno autoritario que responde con dureza a las protestas que reclaman su fin. Por el contrario, la Presidenta parece encaminarse a permanecer en el cargo hasta 2026, mientras que sus palabras echan sobre el Congreso la responsabilidad de acortar su mandato e ir a elecciones generales.

La represión ha costado hasta ahora más de medio centenar de muertos, que los fiscales investigan con lentitud. El periodismo de investigación ha contribuido a aclarar algunos de los casos en los que se muestra cómo el Ejército y la policía han disparado a matar. Un trabajo de investigación de IDL reporteros indagó minuciosamente la forma en la que murieron varios civiles el 15 de diciembre de 2022 al recibir en Ayacucho algunos disparos de fusiles de guerra. Ese episodio inauguró semanas de represión violenta que se extendió luego a la región de Puno.

Aunque las muertes se han dado, sobre todo, en el interior del país, en Lima también tuvo lugar el homicidio de Víctor Santisteban. Sobre este caso, han circulado dos videos. Uno de ellos no deja dudas acerca de cómo un policía dispara a quemarropa una bomba lacrimógena a la víctima cuando ésta se hallaba parada en una calle sin realizar ningún acto indebido.

Los tres partidos de derecha que tienen representación en el Congreso respaldan, junto a varios medios de comunicación conservadores, estas actuaciones. Más aún, el partido Avanza País ha planteado la necesidad de amnistiar a militares y a policías que resulten responsables de las muertes que ha habido al reprimir las protestas. En palabras de uno de sus dirigentes, Aldo Borrero: “Una de nuestras grandes preocupaciones es la Policía Nacional del Perú y nuestros militares […] creemos que debemos tener mecanismos de defensa para todos ellos. Inclusive, hemos propuesto a la Presidenta una amnistía para todos los policías y militares en este rango de tiempo que ha habido manifestaciones. Nosotros no podemos abandonarlos […] cuando el Perú más lo necesitó, ellos salieron al frente y defendieron nuestra democracia”.

La justicia nacional debe juzgar los delitos que el personal de las fuerzas del orden pueda haber cometido en estas semanas de represión y, de ser absolutorias sus decisiones, podrían ser llevadas ante el sistema interamericano de derechos humanos.

Anticipando esa posibilidad, un representante de otro partido de derecha, Renovación Popular, el almirante en condición de retiro, Jorge Montoya, se ha dirigido por escrito a la Presidenta Boluarte para solicitar el retiro del Estado peruano de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según el texto, la soberanía nacional “no puede estar sometida al arbitrio de una entidad extranjera”, dado que, afirmó, los miembros de la Corte IDH son “designados mediante oscuros procedimientos manejados por las ONG de izquierda”. Añadió que, con el retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos (una medida ya adoptada por el dictador Alberto Fujimori en 1999), se podrá reimplantar la pena de muerte en el Perú.

Haciendo apenas una mención (“esa agitación”) a las protestas, pero sin referirse al saldo mortal, producto de la actuación gubernamental, Mario Vargas Llosa ha expresado su respaldo a la gestión de Boluarte. “Usted viene ejerciendo su cargo de manera muy valiosa, con el apoyo de un número importante de peruanos. Permítame felicitarla también por eso”, escribió en una carta enviada a la Presidenta el Premio Nobel peruano.

La derecha aparece, pues, respaldando al Gobierno de Boluarte e intentando trazarle un rumbo de mano muy dura. Los mensajes y las declaraciones de la Presidenta ante la prensa la muestran como alguien que no comprende a cabalidad la situación que enfrenta, pero sí está decidida a permanecer en el cargo hasta que le sea posible, aunque deba recurrir a renovar y ampliar el estado de emergencia en las regiones con más protestas. No obstante, su nivel de aprobación era del 18 por ciento, según una encuesta de IPSOS en la primera quincena de febrero (mientras que el del Congreso que la respalda era del 11 por ciento).

El consejo directivo de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, junto con el de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú, ha planteado a Boluarte la necesidad de que renuncie al cargo y fuerce, así, a que el presidente del Congreso llame a elecciones. Ella, pese a esos reclamos, las protestas y el mayoritario rechazo que muestran los sondeos de opinión, permanece aferrada al cargo.

Mientras tanto, en las redes sociales se constata un aumento del enfrentamiento entre dos sectores irreconciliables. Uno de ellos considera que la vacancia de Pedro Castillo en la Presidencia (dicha vacancia fue declarada por el Congreso el 7 de diciembre) fue un golpe de Estado, por lo que se ignora que fue precisamente Castillo quien, horas antes, anunció un golpe que clausuraba el Congreso e intervenía el sistema de justicia que lo investigaba por corrupción.

El otro sector afirma que las protestas y manifestaciones que duran ya más de dos meses son el resultado de la agitación y el extremismo comunistas, que cuentan con el apoyo de Evo Morales y, en alguna versión más delirante, de manos venezolanas y cubanas. Mostrando el mayor desprecio por la filiación étnica de los manifestantes, en muchos mensajes no se muestra la menor reserva al exigir que se les balee como forma drástica de acabar con las protestas que bloquean carreteras y realizan ataques a locales públicos y privados.

En medio de esa polarización, caen en el vacío los llamados a un diálogo que formulan voces bien intencionadas como la del expresidente Francisco Sagasti. De no producirse un cambio importante en la situación del país, este puede estar encaminándose, con este Gobierno o el que lo reemplace, al establecimiento de un régimen autoritario que sólo podrá reimplantar el orden que reclaman los sectores de extrema derecha a un costo muy alto en vidas humanas. Quizás una reacción preventiva y vigorosa de la comunidad internacional podría evitarlo.

 *Luis Pásara es sociólogo del derecho. Ha estudiado los sistemas de justicia en América Latina, asunto sobre el cual ha publicado extensamente. Ha ejercido la docencia en Perú, España, Argentina y México. Es “senior fellow” de Due Process of Law Foundation.

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