En México hay más de 27 mil desaparecidos, de acuerdo con cifras oficiales, y la presencia continua del crimen organizado en el país es uno de los factores que permitieron que estos crímenes se agravaran, aseguran expertos. Los niños son uno de los sectores más afectados e ignorados por la llamada guerra contra las drogas.
Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).- La guerra contra el narcotráfico incidió en las desapariciones de personas, pero aún una proporción más grande desapariciones podría deberse a los crímenes cometidos por parte de autoridades coludidas con el crimen organizado, aseguraron expertos.
Las estadísticas oficiales en México señalan que hay 27 mil 659 personas desaparecidas entre el fuero federal y el común.
Un hecho que ha sido retomado en el más reciente informe anual de Amnistía Internacional para retratar la grave crisis de institucionalidad que atraviesa México y que ha servido para que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas calificara el año pasado que existe un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían califi¬carse como desapariciones forzadas”, citó en su informe.
El documento “La Desaparición forzada en México: Una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas” apuntó que la tipificación de la desaparición forzada representa un delito de lesa humanidad desde 1983 y resaltó el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos, la noche del 26 de septiembre del 2014, como un caso representativo.
“El caso paradigmático de Ayotzinapa demuestra que las desapariciones están entremezcladas tanto con el crimen organizado, como con autoridades. Esa es la parte más compleja para poder desglosar el alcance del fenómeno. Por otro lado, la delincuencia común a la que le ocurre esta práctica violatoria de lesa humanidad”, consideró el investigador de la Universidad Iberoamericana, Erubiel Tirado Cervantes.
Aunque hay una propuesta enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto al Senado para tipificar la desaparición forzada como un delito, a la fecha la desaparición forzada está en el Código Federal de Procedimientos Penales, pero no en muchos estados donde las procuradurías deben buscar delitos como el secuestro para castigar a los culpables.
“En el caso de los 43 ahora hay como 130 detenidos, pero van a salir por amplia mayoría, o van a ser retenidos por otros delitos, pero no el de desaparición. Ninguno de los detenidos está asociado con el mismo”, dijo el director de la Red por los derechos de la Infancia en México (REDIM), Juan Martín Pérez García.
El director expuso que en este caso, como en otros más recientes, y citó el de las cinco personas desaparecidas en Tierra Blanca, Veracruz, el 11 de enero, por parte de policías estatales y después supuestamente entregadas a organizaciones del crimen organizado, existe un discurso de evadir la responsabilidad del Estado so pretexto de que el crimen es el principal causante, y no la colusión.
“No se debe establecer una relación causal directa entre la desaparición forzada y el fenómeno del narcotráfico o crimen organizado, o que la desaparición forzada sea consecuencia de fines tan políticos, como sí pudo ser hace 30 años. Sino que es un fenómeno multicausal”, dijo Tirado.
Las desapariciones en México se enmarcan en un contexto de inseguridad. El ex Presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, declaró la guerra al narcotráfico, un hecho que marcó la política de drogas, y que otro ex Presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León, calificó la semana pasada de ser una “estupidez”, por los pésimos resultados.
En el 2012, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estimó en un estudio, titulado “Diez años de panismo. Resultados”, que la lucha contra el crimen organizado emprendida por Calderón costó 467 mil millones de pesos.
Y un año después, en el 2013, los analistas de seguridad ya discutían sobre los daños colaterales que había pagado la población. Daniel Gomez, un ex agente del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (la DEA), al asegurar que la guerra en México cobró, en el sexenio calderonista, 70 mil muertos, incluso más que las 58 mil perdidas humanas a raíz de la guerra de ese país con Vietnam.
De la misma forma las desapariciones se agravaron. Calderón Hinojosa declaró la guerra el 8 de diciembre del 2006. Hasta entonces se contabilizaban 209 desaparecidos por la Secretaría de Gobernación, y durante el año siguiente, la cifra registrada fue de 703.
Cuando finalizó el sexenio, y sólo en el año 2012, el ex Presidente panista entregaba el mando en medio de una crisis que registró 3 mil 346 desaparecidos. Y que se agravó con el mandato de Enrique Peña Nieto.
OPACIDAD EN REGISTROS
La dificultad para saber qué impacto tuvo la guerra en el fenómeno de las desapariciones no es clara debido al a falta de datos confiables en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, (RNPED), aseguró Tirado.
“No hay, por desgracia, una metodología que nos permita ver el alcance de este fenómeno. Y la muestra de ella de esta ausencia o déficit metodológico, que no nos permite ver con esta certeza mínima”.
En el mismo sentido coincidió el director de la Redim, ya que dentro de las organizaciones civiles se manejan diferentes cifras, y la base de datos del RNPED, que es alimentada por agentes del ministerio público carece de rigor.
“No tiene solidez en su calidad técnica, ni garantía de ser verdadera. Por ejemplo, hay archivos que no tienen datos completos, y eso te invalida ese registro. Es posible que no conozcamos el nombre de la persona, pero si no tienes la edad, está más difícil. Si tengo edad, o el nombre, pero no registro del hecho, pues tampoco funciona”, Juan Martín Pérez García.
La base de datos fue creada en el 2011 y se hizo con base al Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa que registró 29 mil 707 personas desaparecidas, de las cuales16 mil 274 fueron localizadas con vida, y 901 muertas, refirió un análisis de la investigadora, Ximena Antillón Najlis, del área de Derechos Humanos de Fundar.
Después, en sólo dos años la cifra de desaparecidos del Gobierno de Enrique Peña Nieto ya era igual al 78 por ciento del total durante el sexenio de su predecesor.
De diciembre del 2012 al 31 de julio de 2014 se reportan 23 mil 234 personas desaparecidas, de las cuales 12 mil 821 fueron localizadas con vida y 623 muertas.
“Con todo y las diferencias que pudiese uno haber tenido con el Gobierno de Calderón, al menos en cuanto a la calidad de la información, y aunque hubo debates con los homicidios dolosos y datos del crimen organizado, pues había una discusión, un abordamiento técnico de parte del Inegi, del IFAI, entonces, que nos permitió más o menos abordar una metodología que después abandonaron. Ahora el Gobierno informa menos, y en el mejor de los casos informa mal, en el peor de los casos manipula la información”, opinó Tirado.
MUJERES Y EL NARCO
En el fuero común al menos el 27 por ciento del total de personas desaparecidas son mujeres. Organizaciones en defensa de los derechos de la mujer han hecho ver que las problemáticas específicas del género tampoco son atendidas. Y que el crimen organizado también juega un rol aún no es reconocido.
“De acuerdo a los juicios que se llevaron a cabo el año pasado, lo que se reflexionó como organizaciones de la sociedad civil con las aportaciones de los testigos protegidos es que hay vinculación entre el crimen organizado, las desapariciones y el narcotráfico”, consideró Gabriela Reyes, tanatóloga de la organización civil Mujeres de Pacto que opera en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Reyes recalcó que para los cárteles las mujeres son vistas como objetos, por lo que son comunes las desapariciones con el fin de esclavizarlas, someterlas a trabajo forzado, o trafico de blancas.
“Obviamente, en Ciudad Juárez, cuando fue la gran idea de Calderón de implementar el plan ‘Todos somos Juárez’ hubo más desapariciones de mujeres. En el Valle de Juárez, los soldados estaban en los retenes y jalaban a las chicas”, detalló Reyes.
La situación del narcotráfico y la desaparición de mujeres no ha sido desmenuzada en Chihuahua. Aunque cárteles como los zetas han sido descabezados, quedan pendientes las redes que colaboraron con ellos para sustraer a las chicas, comentó la especialista.
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Asimismo, entre los grupos poblacionales más afectados por el delito de desaparición están los jóvenes. Dentro de los cuales, 4 mil 154 se encuentran en las edades que van de 15 a 19 años.
Las entidades donde se concentraban mayores desapariciones de personas de entre 0 y 17 años entre 2006 y 2014 fueron Tamaulipas, con mil 914 personas, el Estado de México, 562, y Guanajuato, 19.
La Redim refirió que en México hay 6 mil 725 casos pertinentes a niños y adolescentes desaparecidos, lo que representa casi el 30 por ciento del total en el país.
El director Juan Martín Pérez refirió que esta situación queda, en especial, remarcada en el hecho de que uno de los casos más paradigmáticos de esta crisis fue justo la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.
“La verdad de las respuestas que dan las autoridades hay cierta complicidad. Esta idea de evadir responsabilidad, de colocar la desaparición sólo en particulares, o como parte del crimen organizado, lo único que demuestra es la incapacidad. No puede operar en este país, ningún grupo criminal por muy pequeño que sea sin la participación de la autoridad”, dijo.
Asimismo, datos de oficiales, recompilados por REDIM, refieren que alrededor de la mitad de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos, el 49.8 por ciento, eran mujeres. Sin embargo, en las entidades Oaxaca, Quintana Roo y Campeche, las mujeres representaban el 82.1, 78.5 y el 75 por ciento de los menores de edad.
“Tenemos un caso muy fuerte de desaparición, siete de cada diez desapariciones osn de mujeres”, dijo Martín Pérez. La ola de adolescentes desaparecidas aumentó 255.8 por ciento con la administración de Enrique Peña Nieto. De 2012 a 2014, el número ascendió de 172 a 612, mientras el incremento en las desapariciones de la población masculina del mismo grupo de edad fue de 74.4 por ciento, de 133 a 232 casos.
En esta materia el Comité de Desapariciones de la ONU manifestó a México al menos 10 recomendaciones.
“El Comité insta al Estado parte a aprobar de manera expedita la Ley general sobre desapariciones forzadas y asegurar que estas sean tipificadas tanto a nivel federal como estatal, de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta ley debe incluir medidas específicas para abordar las desapariciones de niñas y niños, particularmente las de niñas”, citó en un documento.
INDIFERENCIA DEL ESTADO
El 20 de diciembre del 2012 Jocelyne Calderón Reyes, de 13 años, salió de su casa en la colonia Aldana, Ciudad Juárez, con el propósito de reunirse con una amiga que la esperaba en el centro de aquella ciudad fronteriza.
Su madre, Perla Reyes Loya, no sospechó que algo extraordinario estuviera sucediendo hasta unas horas después, cuando su hija no daba rastros de su paradero. Aunque en su momento se puso la denuncia, y se activó el protocolo Alba, hoy, Perla considera que las autoridades no hicieron por buscar a su hija.
“Me han dicho que la han visto seis veces. La gente me dice, y yo les digo a las autoridades para que me ayuden, que hagan algo, pero no hacen nada. La última vez fue hace tres meses que una conocida me dijo que la había visto en el centro, que la llevaban a mi hija otras personas”, relató a SinEmbargo.
Loya afirma que no tiene capacidad para discernir si realmente han visto a su hija, pero sí espera que las autoridades cumplan con su tarea de investigar el caso de su hija.
Cada 15 días se reúne, junto a otro grupo de madres, con autoridades de la Fiscalía Especializada en la Mujer de la localidad para dar seguimiento al caso de sus hijos.
“Antes éramos 15 o 20, ahora sólo cinco, porque muchas madres dijeron que era una pérdida de tiempo. Me da mucho coraje que no hagan nada, a veces sólo llegan y hacen un recuento de retenes, de intervenciones que han hecho en bares o así, pero sólo son palabras”, dijo.
De esta cuenta la madre asegura que el Fiscal de la entidad, Ernesto Jáuregui Venegas, no ha puesto interés en estos casos y teme que su hija haya podido ser trasladada del otro lado de la frontera.
De acuerdo con la REDIM estos casos no han sido retomados por el Estado, en su obligación de garante del Estado derecho.
“Si algo sucede en un territorio donde no se respetan las leyes, es porque no hay funcionarios, o la gente que está en ese puesto está participando en beneficios ya sea económicos, políticos, apoyos a los grupos criminales. Si el Estado es omiso, pues eso se llama aquiescencia. Es obligación del Estado buscar a los 27 mil. Generar acciones concretas para que no vuelva a pasar”, refirió Martin Pérez, director de REDIM.
A nivel general, las desapariciones tampoco son reconocidas. En febrero del año pasado, el informe del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, en sus observaciones finales sobre México, detalló que la problemática se ha generalizado.
Pero pocas horas después de que se publicara el documento, el Gobierno Mexicano anunció que las conclusiones no aportaban “elementos adicionales” para abordar el problema. Un hecho que lamentó Amnistía Internacional.
“Yo no sé qué se está haciendo. Los resultados son evidentes. Si hay un señalamiento de carácter internacional, de tipo jurídico, o político, quiere decir que hay una realidad, y no se puede tapar con una maniobra política”, consideró el experto en seguridad Pablo Monzalvo Pérez.
