Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– Activistas que crearon la página 1DMX.org, donde solían denunciar los actos de represión por parte de las autoridades en distintivas protestas tras la toma de protesta del Presidente Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, acusaron al gobierno federal de censurar el sitio a través del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
En conferencia de prensa en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), explicaron que la página fue cancelada desde el 2 de diciembre del año pasado, y de acuerdo con la empresa estadounidense GoDaddy, que se dedica al registro de dominios y alojamiento de páginas web, se les informó que el sitio fue cerrado por violación a las políticas de servicio de la empresa.
Los administradores no se conformaron con dicha respuesta y solicitaron mayor información. GoDaddy explicó que la suspensión del portal se dio como parte de una investigación policial en curso, la cual fue notificada a través de un agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, adscrito a la Embajada estadounidense en la Ciudad de México.
En días recientes, la empresa GoDaddy confirmó que la agencia mexicana que solicitó al gobierno estadounidense la censura de 1Dmx.org, fue el Centro Especializado en Respuesta Tecnológica (CERT), una dependencia de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), que desde el 2013 depende de la Secretaría de Gobernación.
Por ello se interpuso un amparo el 24 de diciembre ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal que fue admitido el 17 de enero.
El recurso legal ordenaba a 10 dependencias del Distrito Federal y del gobierno federal brindar un informe en que el que debían negar su participación en el hecho, o admitir y justifiquen la constitucionalidad del acto de censura.
La oficina del Jefe de Gobierno, la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Seguridad Pública, y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal(PGJDF), así como la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negaron su intervención, sin embargo, ni la Secretaría de Gobernación (Segob) ni la CNS dieron su versión.
“Nos parece lamentable que la colaboración del gobierno de Estados Unidos con el gobierno mexicano comprometa la libertad de expresión en México”, expresaron en un comunicado.
En la conferencia de prensa participaron Darío Ramírez, director de la ONG Artículo 19 para México y Centroamérica, así como Carlos Ventura, coordinador de Educación y Promoción del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Luis Fernando García, abogado.
“La censura es una grave violación a derechos humanos, es importante defender libertad de expresión” dijo Carlos Ventura.
“Publiqué en 1dmx.org sobe los violentos hechos del 1dmx, escribimos pensando que era un espacio de libertad. Es una gravedad extrema que se censure internet, es un espacio clave para libertad de expresión y hoy está en riesgo”, dijo Guiomar Rovira, quien también preguntó “¿Cuál es la injerencia del gobierno de Estados Unidos en México? Las autoridades nos deben una explicación”.
En su participación, Darío Ramírez dijo que “preocupa que el CERT tenga las facilidades y comunicación para censurar páginas en internet y preocupa que el contenido censurado en 1dmx.org sea un ejercicio de documentación de violaciones y de critica”.
También dijo que la exigencia va dirigida hacia el Estado Mexicano, pues “deben responder sobre la censura a 1dmx.org y cualquier sitio”.
Los activistas señalan como responsable de la censura a la página 1Dmx.org a la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad y al Comisionado Manuel Mondragón, a quien acusan como responsable del operativo del 1º de diciembre del 2012.
En la página se encontraba documentación que demuestra que la Policía Federal utilizó balas de goma y que el proyectil que asesinó al director teatral y activista Juan Francisco Kuykendall Leal, provino de los cuerpos policiacos y no de los manifestantes.
