Hace unos días, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal dio a conocer dos informes sobre la violencia en México, que deberían ser analizados a fondo por los encargados de combatirla y por la sociedad en su conjunto.
En el reporte sobre las 50 ciudades más violentas del mundo, se incluye a nueve urbes del país: Acapulco (en segundo lugar, solamente detrás de San Pedro Sula, con una tasa de casi 143 homicidios por cada cien mil habitantes), Torreón (5º lugar mundial), Nuevo Laredo (8º), Culiacán (15º), Cuernavaca (18º), Ciudad Juárez (19º), Chihuahua (32º), Ciudad Victoria (36º) y Monterrey (46º).
La buena noticia es que Durango, Mazatlán, Tepic y Veracruz abandonaron este macabro ranking. La mala es que ingresó en él Ciudad Victoria.
El citado informe hace una mención especial a Ciudad Juárez. “El caso más relevante de reducción de los homicidios es el de Ciudad Juárez, urbe que durante tres años consecutivos (2008, 2009 y 2010) ocupó el primer lugar mundial entre las más violentas del mundo y que en 2011 pasó al segundo lugar y en 2012 a la posición 19. Mientras que en 2010 Juárez alcanzó una tasa de 229 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en 2012 fue de 56: una baja de casi el 76%.” También señala a Tijuana: mientras que en el 2010 ocupaba el lugar número 22, para el año siguiente salió del ranking.
Sin duda, estas ciudades representan dos casos exitosos en el control y reducción de la violencia (aunque el número de homicidios en estas dos urbes continúa siendo inadmisiblemente elevado).
Por otro lado, el citado Consejo Ciudadano también dio a conocer el informe sobre la violencia en los municipios más poblados de México.
Lo primero que se desprende de los datos presentados es que no existe relación alguna entre la violencia y el grado de marginación (o en general con las condiciones socioeconómicas). Ninguno de los diez municipios más violentos, por citar un ejemplo, es de marginación muy alta o alta, sino que son catalogados como de nivel de marginación bajo o muy bajo. Por el contrario, cinco de los municipios con peores condiciones socioeconómicas de la muestra se encuentran entre los menos violentos del país.
El Consejo Ciudadano sostiene, con razón, que el principal factor que explica el aumento de la violencia es la impunidad. Mientras que en el país el 16 por ciento de los homicidios dolosos son castigados, en los 20 municipios más violentos, menos de cinco de cada 100 muertes son sancionadas: tres veces menos que la media nacional. En contraste, en el 60 por ciento de los homicidios cometidos en los distritos con menor violencia fueron encontrados y condenados los responsables: casi cuatro veces más que el promedio nacional.
En realidad no deja de ser algo obvio: “cuando el Estado persigue y castiga a los delincuentes previene nuevos crímenes, pues inhabilita a los que captura y disuade a otros que no ha capturado o a personas que abrigaban la idea de delinquir”, afirma el reporte.
Tenemos que volver a lo básico: investigar los delitos denunciados, dar con los responsables y llevarlos ante un juez para que –llegado el caso– los condene. Nada más y nada menos. Ello pasa en primer lugar por revalorar y por dotar de más recursos –económicos, humanos y de todo tipo– a las procuradurías de justicia, las grandes olvidadas de la administración anterior.
Esperemos que el actual gobierno entienda el mensaje y no repita los errores del pasado.
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