La disputa del territorio entre grupos delictivos locales, y cédulas del Cártel Jalisco Nueva Generación, han recrudecido la violencia en Guerrero. Tan sólo en el primer mes de 2024 se registraron más de 30 homicidios, según lo reportado por la Fiscalía estatal.
Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).– Los recientes episodios de violencia en el estado de Guerrero que llevaron a Taxco de Alarcón a un estado de emergencia y han resultado en más de 30 muertes en menos de 30 días que van de 2024 así como las cifras oficiales del Gobierno federal, dan cuenta del aumento en homicidios y desaparición de personas en la entidad federativa, que durante dos años de mandato de Evelyn Salgado Pineda, ha tenido un incremento de 17.66 y 32.16 por ciento, respectivamente.
Si bien hubo una disminución en las cifras de homicidios y desapariciones a partir de la pandemia de COVID-19 en 2020 con respecto al 2019, nuevamente a partir de esa fecha comenzó a presentarse un incremento en dichos delitos: las muertes violentas pasaron de mil 469 en 2020 a mil 819 tres años después; y las personas desaparecidas de 344 a 489 en este mismo periodo de tiempo.
Expertos en seguridad han apuntado que la problemática de violencia e inseguridad en Guerrero se ve reflejado en delitos como narcomenudeo, homicidios y desaparición forzada de personas; pero tiene más de 30 años gestándose y aumentando. Además, está directamente relacionado con la pugna del territorio entre grupos delictivos como Los Rojos, Los Ardillos, Los Tlacos, la Familia Michoacana, y cédulas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Hay un incremento en los homicidios dolosos que tiene que ver, seguramente, con los conflictos que ha habido en la entidad entre los distintos grupos criminales que se están disputando el control del portafolio de actividades delictivas en distintas regiones: en Chilpancingo, en la zona de montaña, en Zihuatanejo, en la zona de Acapulco”, expuso el especialista en seguridad David Saucedo.
Tan sólo en los primeros 10 días del año, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó sobre el homicidio de 14 personas, de las cuales resalta el hallazgo de cinco personas calcinadas dentro de un vehículo ubicado en Tetela del Río —presuntamente debido a una confrontación entre la Familia Michoacana y Los Tlacos—, un triple asesinato en Chilapa de Álvarez, y un ataque en un palenque de Petatlán que resultó en seis muertos y 13 heridos.
Una de las aristas particulares al estado de Guerrero, explicó Saucedo, es la cercanía entre mandos políticos y policiacos con líderes de grupos delictivos. Resalta cuando, en julio de 2023, circuló un video donde se observa a la Alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, reunirse con Celso Ortega Jiménez, uno de los presuntos líderes de Los Ardillos.
“No fue un pacto de la delincuencia lo que se habló, quiero que se extraiga ese video y quiero que se investigue”, dijo en ese momento la Alcaldesa sobre el tema, a la par que insistió en que el video estaba editado y se trató de un encuentro fortuito.
Al respecto, Saucedo recalcó que da la percepción que en el estado de Guerrero, tanto en la definición de la gubernatura como para los cargos municipales, hubo en el pasado entendimientos con los grupos de narcotráfico. “Estos acuerdos están desplazando a otros grupos que evidentemente están dando la pelea para no ser desplazados en la constelación de grupos de narcotráfico que operan en el estado”, señaló el especialista en seguridad pública.
EL MERCADO INTERNACIONAL DE DROGA
Por su parte, el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, también especialista en seguridad pública, recordó que Guerrero tiene una complejidad geográfica y geopolítica “muy importante” que no solamente involucra al narcotráfico a nivel nacional, sino que está vinculado a los mercados criminales de droga internacionales.
Igualmente, el investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia AC apuntó que las cifras de pobreza en la entidad, sumado a la alta conflictividad por regiones, han resultado en una falta de consolidación gubernamental.
“Es muy común que las instancias del ámbito del Gobierno municipal y estatal sean débiles, en comparación con otras entidades, o en comparación con otras instancias del nivel de Gobierno federal. También esto ha derivado en el ámbito concreto de fenómenos de ingobernabilidad y fenómenos de promoción de la violencia”, notó Aguilar.
En enero de 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró un laboratorio clandestino empleado para elaborar droga sintética en el municipio de Petatlán, Guerrero; y en otro operativo confiscó siete armas largas, un kilogramo de supuesta mariguana, tres kilogramos de semillas similares a las de amapola, y aproximadamente 100 gramos de probable goma de opio. Ahí se confiscaron dos mil 200 litros de sustancias químicas.
Tres meses después, militares encontraron nueve kilogramos de aparente goma de opio en el municipio de General Heliodoro Castillo; y nuevamente en agosto en el municipio de Tetipac se decomisaron 40 kilogramos de una hierba similar al mariguana.
Para octubre de 2021, la Sedena informaba de al menos 851 homicidios ocurridos ese año vinculados a la delincuencia organizada, y el año anterior un total de mil 122 homicidios vinculados al narcotráfico. Si se considera que el total de todos los homicidios registrados ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para 2020 fueron mil 469, se trataría de tres de cada cuatro.
ELECCIONES EN LA MIRA
Si bien Guerrero no será uno de los nueve estados que renovará gubernatura en 2024, el hecho de que se realizarán elecciones federales y a nivel local se votarán más de 800 cargos entre diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías implica que probablemente haya una participación de los grupos del narcotráfico, destacó el analista David Saucedo.
“Lo más probable es que tengamos un incremento de la violencia, sobre todo porque los grupos del narcotráfico tienen tres modalidades para ir avanzando en la conquista de territorios”, explicó Saucedo.
En un primer término está la modalidad armada, el enfrentamiento con otros grupos del narcotráfico para eliminar estructuras rivales. En segundo lugar se puede tener una conquista de espacios mediante asociaciones entre grupos de macrocriminalidad y las mafias locales que tienen un control en ciertas regiones o municipios; y finalmente la participación del narcotráfico al financiar candidatos, movilizar sus bases de apoyo en pro o en contra de alguien con la intención de que a quien respalden opere una vez en funciones en defensa de los grupos de los cuales recibieron financiamiento.
“Lamentablemente, en el caso de Guerrero yo alcanzo a apreciar que se dan las tres modalidades. Es muy evidente que en Guerrero, desde hace mucho tiempo hay un avance considerable de la así llamada narcopolítica, es algo que no se ha podido combatir”, compartió. “A pesar de que se ha insistido mucho a los institutos electorales a nivel nacional, al INE, y a los institutos electorales locales, no se ha podido avanzar para que puedan frenar este fenómeno”.
Apenas a mediados de enero del año en curso, la dirigencia guerrerense de Movimiento Ciudadano anticipó que no postularía candidatos en al menos 20 municipios de Tierra Caliente, Costa Grande y la región norte del estado debido a los altos índices de violencia y un ambiente “hostil” hacia los aspirantes.
Ya se han registrado en años anteriores episodios de violencia contra candidatos y aspirantes a cargos públicos en el marco de las elecciones en Guerrero. En el proceso electoral de 2021, la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cutzamala de Pinzón, Marilú Martínez Núñez, fue privada de su libertad.
Incluso, apenas en diciembre de 2023 Ricardo Taja, quien fuera precandidato a Diputado federal de Morena, fue asesinado a balazos en Acapulco, Guerrero.
El investigador Juan Manuel Aguilar Antonio ofreció otro análisis con base en el registro histórico: un año electoral suele tener una reducción en la violencia social pero incrementa la violencia electoral y política.
“[La violencia] está enmarcada en el proceso de las elecciones, y precisamente todas las personas que deseen participar en el ámbito del proceso de elección popular se vuelven víctimas lo objetos de ataques directos de parte de los grupos delincuenciales”.