Un Juez negó a Mario Marín Torres continuar su proceso penal en arraigo domiciliario, como pidió su defensa legal argumentado que el sufre un padecimiento en el riñón y podría enfermar de COVID-19. El miércoles 10 de febrero se vencerá el plazo para resolver si se dictará auto de libertad o formal prisión contra el exmandatario.
Quintana Roo/ Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo/Periódico Central/EFE).– El exgobernador de Puebla Mario Marín Torres compareció esta tarde ante un juez en una audiencia en la que se reservó su derecho a declarar, pero solicitó arraigo domiciliario para enfrentar el juicio en su casa pues teme contagiarse de COVID-19 en prisión, la misma petición que han hecho el empresario Alonso Ancira (detenido por presunto lavado) y el exsecretario de Seguridad Genero García Luna (detenido por presuntos nexos con el narcotráfico).
Sin embargo, la petición de Marín, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho en 2005 tras desvelar una red de prostitución infantil, no fue concedida por el juez.
La abogada Araceli Andrade, representante legal de Cacho, informó que la defensa legal de Mario Marín solicitó ampliar el término constitucional de 72 a 144 horas, por lo que el miércoles 10 de febrero se vencerá el plazo para que un juez resuelva si dictará auto de libertad o formal prisión contra el exmandatario.
“El miércoles a las 12 de la noche volvemos a ver si se queda él a su juicio en prisión”, explicó en entrevista con medios.
La organización Artículo 19 informó esta tarde que el exgobernador también pidió continuar el proceso legal desde su domicilio alegando que sufre un padecimiento en el riñón.
🔻Mario Marín solicitó seguir su proceso en arraigo domiciliario, alegando padecimiento en el riñón, peligro de contagio de COVID19 al interior del CERESO y su edad avanzada. Dicha petición le fue denegada por el juez.
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) February 4, 2021
La abogada Araceli Andrade informó que insistió al juez para no aceptar el arraigo domiciliario de Marín Torres porque la medida podría poner en riesgo a Lydia Cacho.
“Mario Marín no está aquí por voluntad, tiene medios políticos, económicos, materiales para sustraerse de la acción de la justicia, él aquí no está por voluntad. Si el pudiera estar mediante arraigo domiciliario lo ponen en la facilidad de sustraerse de la justicia y ponen en peligro a la víctima, físico y psicológico, a Lydia, es algo que ya sucedió, por eso nosotros solicitamos eso ante el Ministerio público federal”, detalló al salir de la audiencia.
El exgobernador llegó esta tarde al Juzgado Segundo de Distrito de Cancún para la primera audiencia por el delito de tortura por el cual podría alcanzar hasta 12 años de prisión.
La abogada Araceli Andrade, representante legal de Lydia Cacho, adelantó que el exmandatario podría reservarse su derecho a declarar.
La movilización del mandatario se realizó en un convoy de la policía procesal del estado, la cual inició alrededor de las 14:40 horas del penal de Cancún a los juzgados federales del Segundo Distrito en la avenida Andrés Quintana Roo.
El exgobernador de Puebla (2005-2011), fue detenido este miércoles en Acapulco, Guerrero, por presuntamente haber torturado a la periodista Lydia Cacho en 2005 tras destapar una red de pornografía y prostitución infantil.
Marín era buscado desde hace casi dos años, después de que en abril de 2019 una jueza del suroriental estado de Quintana Roo emitiera una orden de aprehensión contra cuatro personas: el exgobernador, el empresario José Kamel Nacif, el exjefe de la policía estatal, Adolfo Karam, y su director de mandamientos judiciales, Juan Sánchez.
Marín gobernó el central estado de Puebla dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La activista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif.
El empresario era uno de los principales señalados en el libro dedicado a la investigación del suceso titulado “Los demonios del Edén”, en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil.
Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en 2007 que no se violaron “de forma grave” las garantías individuales de Cacho.
En 2018 el Comité de los Derechos Humanos de la ONU aprobó un dictamen que declaró al Estado mexicano responsable de varias violaciones de derechos humanos en contra de Lydia Cacho y otorgaba 180 días para implementar las medidas correspondientes.
A comienzos de 2019, el Gobierno de México pidió disculpas a la periodista al reconocer que se violaron sus derechos humanos cuando fue agredida en 2005 tras denunciar una red de pederastas ligada a empresarios y gobernantes.
–Con información de Edmundo Velázquez, Periódico Central, y EFE.
