Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2023 cerró con 29 mil 405 homicidios. En 2022, la misma fuente contabilizó 30 mil 973. Esto significa que hubo una disminución de unos mil quinientos casos de homicidio con relación al año anterior. O, lo que es lo mismo, 5% menos. No es una reducción menor.

A reserva de la actualización de datos que hará el INEGI (normalmente al alza), podemos decir que el 2023 fue el año con menos homicidios de la administración de López Obrador.

Se trata de una buena noticia. No por el número absoluto de homicidios —que sigue siendo extremadamente alto— sino por la tendencia estadística a la baja. Hubo un quiebre. A diferencia de los primeros años en que solo se logró contener el incremento de homicidios que venía de la administración pasada, en los últimos dos años ya se observa una reducción significativa.

Falta mucho —muchísimo— para volver a las cifras del periodo 2001-2007, cuando México mantenía cifras por debajo de los diez mil homicidios al año. Los 29 mil homicidios de 2023 implican que, en promedio, fueron asesinadas 80 personas cada día, un promedio de un homicidio cada 18 minutos. Una barbaridad.

En 2018, el promedio era de 90 asesinatos diarios, una media de uno cada 16 minutos. Así visto, el cambio ha sido mínimo. México sigue siendo muy violento. Extremadamente violento.

Como en años anteriores, prácticamente la mitad de los homicidios (47%) ocurrieron en sólo seis estados de la República: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. A pesar de los intentos del gobierno federal, los seis estados llevan todo el sexenio con números altos. Sin avances en esos seis estados es muy complicado que el número global pueda bajar.

Ahora bien, ¿cuáles son y en donde están los retos que enfrenta el país hacia el 2024?

En primer lugar, la emergencia de Chiapas como zona de conflicto entre células aliadas al Cártel Jalisco Nueva generación (CJNG) o al Cártel de Sinaloa, los únicos grupos con verdadera presencia nacional. A pesar de que la tasa de homicidios continúa siendo relativamente baja en el estado, los enfrentamientos de los últimos meses dejan vislumbrar que Chiapas se convertirá en una zona de batalla. ¿El objetivo? Apropiarse de las rutas de ingreso de cocaína al país, así como monopolizar el negocio de secuestro y extorsión de migrantes centroamericanos. Chiapas tiene todos los ingredientes para volverse un polvorín y zona de crisis hacia el segundo semestre del año.

La segunda zona que ya supone un problema grave para el gobierno federal es Tierra Caliente. La extorsión avanza y está en sus niveles más altos en décadas. El cobro de piso lo sufren los más ricos y los más vulnerables. Todos. El linchamiento de criminales en Texcaltitlán es solo la parte visible de un fenómeno que se ha profundizado y al que la autoridad no ha hecho frente como debiera. Los criminales son conocidos y están identificados por la Guardia Nacional y las policías estatales.

No hay pretextos para que los gobiernos de Delfina Gómez (Estado de México), Alfredo Bedolla (Michoacán) y Evelyn Salgado (Guerrero) —todos morenistas— se articulen con el gobierno federal para implementar una estrategia funcional contra los grupos criminales que abundan en la región. En Tierra Caliente se juega, en parte, la posibilidad de que Morena demuestre su capacidad para dar resultados en materia de seguridad. Insisto: no hay pretextos.

El tema central que debemos seguir de cerca durante el primer semestre del año es el de la violencia electoral. Basta mirar al pasado para presagiar el futuro. En el periodo electoral de 2021 se contabilizaron 36 aspirantes o candidatos asesinados. De estos, 31 fueron del ámbito municipal y, en el 90% de los casos, las víctimas eran opositores a los presidentes municipales del lugar en donde vivían. Nada permite pensar que la elección de 2024 será menos violenta. Al contrario.

Concluyo. Hay noticias agridulces. La reducción global en las cifras de homicidios es una buena noticia. Sin embargo, al mismo tiempo que los asesinatos retroceden, aumenta la capacidad de extorsión de grupos criminales en el país. Por último, las elecciones de 2024 presagian dinámicas violentas. Si el gobierno federal no logra controlarlas, el año puede complicarse más de lo debido.

2024 no será un año tranquilo. De eso, ni duda.

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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