Los diagnósticos de Supervisión Penitenciaria de la CNDH han señalado desde 2019 sobre las condiciones de autogobierno, falta de capacitación a personal penitenciario y de custodios en el Cereso de Ciudad Juárez. Un año después, este organismo alertó que bandas al interior del penal tenían el control mediante sobornos, pago de cuotas y extorsiones.
Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- El control que tienen las bandas criminales que han derivado en extorsiones y sobornos dentro del Centro de Reintegración Social (Cereso) número 3, de Ciudad Juárez, Chihuahua, no eran del desconocimiento de las autoridades, debido a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha alertado por años de la situación en este penal, que este domingo 1 de enero fue escenario de un motín en el que escaparon 25 reos y en el que fueron asesinadas 17 personas, entre ellas 10 custodios.
Este episodio de violencia tuvo como objetivo liberar a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alías “El Neto”, identificado como el líder de “Los Mexicles”, una célula criminal aliada del Cártel de Sinaloa. Lo cierto es que los informes que se han hecho en los últimos años sobre las condiciones de autogobierno que persisten muestran que esta tragedia se pudo evitar si se hubieran atendido las alertas previas en las que se advertía del control que tenían los grupos criminales dentro del penal así como la falta de medidas de seguridad.
Apenas el 11 de agosto del año pasado, este Cereso fue el epicentro de un episodio de violencia en Ciudad Juárez. Ahí se desató una riña entre grupos rivales, la cual las autoridades después señalaron que fue orquestada por “Los Mexicles” en un intento para liberar a su líder quien purgaba una condena acumulada por más de 200 años. Cuatro meses después, el grupo criminal repitió una operación similar en la que sí pudo liberar a “El Neto”.
Las autoridades chihuahuenses reconocieron ayer que dentro del penal estatal imperaba la corrupción.“Lo evidente no lo podemos ocultar, se descubrió corrupción… y vamos a culpar a los responsables de estos y los vamos a llevar a los tribunales”, declaró el Fiscal General de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte.
Sin embargo, desde años atrás se sabía que los criminales tenían el control del centro penitenciario así como de las actividades ilícitas que llevan a cabo al interior.
Los diagnósticos de Supervisión Penitenciaria de la CNDH han alertado desde 2019 sobre las condiciones de autogobierno, falta de capacitación a personal penitenciario y de custodios en este Cereso. En el año 2020, incluso, este organismo fue muy específico al señalar el control de las bandas dentro del penal a través de sobornos y pagos de cuotas y extorsiones.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de 2020 destacó en ese sentido los aspectos en los que las autoridades penitenciaras debían de prestar atención: El hacinamiento, la insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, además de las pocas vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
El informe también urgió atender el “ejercicio de funciones de (la) autoridad por parte de personas privadas de la libertad (autogobierno/cogobierno); la falta de capacitación del personal penitenciario, insuficiencia de personal de seguridad y custodia; presencia de actividades ilícitas y cobros (extorsión y sobornos), así como deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias”.
LAS DISPUTAS DENTRO DEL CERESO 3
Desde el 2009 a la fecha se han registrado al menos cinco masacres en este Centro debido a las disputas que se generan entre las bandas criminales de Los Aztecas, aliados del Cártel de Juárez, contra las bandas de Mexicles y Artistas Asesinos, ligados al Cártel de Sinaloa.
Especialistas en materia de seguridad consultados por SinEmbargo indicaron que tras la fuga de “El Neto” y otros reos más se espera que las incidencias y la violencia en Ciudad Juárez se incrementen considerablemente.
“Al final de cuentas están sacando a personas experimentadas, que ya han generado mucha violencia en el pasado y que van a salir, es decir, los sacan precisamente para reforzar esta guerra (entre los carteles)”, indicó el especialista Víctor Sánchez de la Universidad de Coahuila.
Gustavo de la Rosa, Diputado local de Chihuahua y quien hace 25 años fue director de ese penal, explicó a SinEmbargo Al Aire que el motín de este domingo 1 de enero no se trató de ningún enfrentamiento entre las tres agrupaciones delictivas que controlan el penal, sino un ataque para liberar a Ernesto Piñón, alias “El Neto”, líder de “Los Mexicles”.
“No entraron en ningún enfrentamiento ni con los Aztecas ni con los Mexicles, entraron a liberar expresamente a Ernesto Piñón, entraron y lo liberaron, entraron hasta la celda donde él estaba, él sabía que lo iban a liberar”, sostuvo De la Rosa en entrevista para Café y Noticias con Daniela Barragán y Perla Velázquez.
“No fue un enfrentamiento, si lo dicen o lo quieren hacer pasar así, no fue un enfrentamiento”, reiteró el Diputado morenista ante estos hechos, los cuales consideró como una “irresponsabilidad de quienes están al frente del sistema penitenciario en el estado de Chihuahua”.
LUCHA ENTRE PANDILLAS, UN FENÓMENO COMPLEJO
El aumento de la violencia en diversas regiones de México se ha atribuido, por parte de las autoridades y expertos, principalmente a las pugnas que hay entre los cárteles de la droga antagónicos. Sin embargo, en Ciudad Juárez y sus centros penitenciarios el fenómeno es más complejo, pues en esa región las disputas no solo son entre las grandes estructuras, también se dan entre las mismas células delictivas, que son “aliadas” a un mismo cártel, explicaron expertos.
“Son bandas peleando, muchas de ellas son aliadas, pero por ejemplo lo que hace más complejo el tema en Chihuahua es que los Cabrera y los Salgueiro (ambas bandas aliadas al Cártel de Sinaloa) a veces pelean con los Salazar (también brazo armado del Cártel de Sinaloa), entonces a veces entre células del propio Cártel de Sinaloa también se pelean entre sí, eso es bastante complejo de entender”, explicó Víctor Guerra Sánchez.
En Chihuahua, el estado territorialmente más extenso, hay al menos tres cárteles de la droga que se disputan el trasiego y mercado de drogas: el Cártel de Juárez, que ahora se ha convertido en el Nuevo Cártel de Juárez, el Cártel de Sinaloa, y el Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG), de reciente incursión en la entidad.
El experto en materia de seguridad e investigador de la Universidad de Coahuila precisó que los cárteles de Juárez y de Sinaloa operan a través de células delictivas y pandillas, nacidas en El Paso, Texas, por lo que en la entidad son al menos 10 células delictivas “peleando”, e incluso entre las mismas bandas aliadas.
“Chihuahua tiene una configuración especial, porque estos cárteles en realidad operan a través de células. El Cártel de Juárez, que hoy se convirtió en algo que le llaman el Nuevo Cártel de Juárez no es otra cosa que una o simple evolución del mismo, pero trabaja en conjunto con una pandilla que se originó en el Paso, Texas, llamada Barrio Aztecas, y La Línea, su principal brazo armado”, comentó.
TRES CÁRTELES CON MUCHAS CÉLULAS
En cuanto al Cártel de Sinaloa, el grupo predominante es Los Salazar o Gente Nueva, “pero además de eso trabaja con las pandillas de Artistas Asesinos y los Mexicles”. El Cártel de Sinaloa también está ligado —aunque en menor medida— con otras células delictivas: Los Cabrera y Los Salgueiro.
Sin embargo, el estudioso destacó las configuraciones del crimen organizado: el CJNG ha ingresado a la zona, a través de alianzas con el Cártel de Juárez que se debilitó en los últimos años por la guerra sostenida contra el cartel encabezado por el Ismael “El Mayo” Zambada.
“Lo que tenemos son tres grandes organizaciones criminales, pero, si las fraccionas, en realidad tenemos como como 10 células delictivas peleando y muchas de ellas son aliadas”
Para Víctor Sánchez, el motín y la evasión de internos son un reflejo de la ineficiencia que persiste en el sistema penitenciario a nivel nacional. El especialista destacó que es urgente, no solo reforzar la seguridad en estos centros de reclusión:
“Tenemos que poner mayor atención que pasa en los penales. A veces creemos que cuando encerramos ahí a las personas, ya concluye el asunto o el crimen, pero es muy importante que en los penales se apueste por la reinserción”.
A causa del motín, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua cesó al director del Cereso 3, Alejandro Alvarado Téllez. La FGE señaló que el ahora exdirector, así como personal operativo, administrativo y de otras áreas están sujetos a investigación por “el ingreso de objetos prohibidos, omisiones como autoridad penitenciaria y autorizar actos que están fuera de la Ley”.
“Tenemos un sistema penitenciario que no propugna por la reinserción. En realidad, tenemos a las personas encerradas, pero en muchos casos, en las cárceles del país existe autogobierno y las decisiones muchas veces las toman las bandas criminales y son focos de corrupción […] como existe autogobierno y muy pocas medidas de seguridad, pues dar un golpe así es desde sencillo porque dentro del reclusorio ya hay armas y oficiales o guardias que están cooptados por el crimen organizado”, sostuvo Víctor Sánchez.
En Chihuahua hay al menos 8 mil 879 personas privadas de la libertad en seis penales estatales:
Centro de Reinserción Social Estatal No. 4, en Hidalgo del Parral; Centro de Reinserción Social Estatal No. 3 de Ciudad Juárez; Centro de Reinserción Social Estatal No. 1 en Aquiles Serdán; Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 1 en Aquiles Serdán; Centro de Reinserción Social Estatal No. 5 en Chihuahua y Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 2 en Chihuahua.
Las prisiones estatales de Chihuahua en su conjunto tienen una calificación de 7.7, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH. El Cereso 3 de Juárez obtuvo una calificación de 6.7.
El Gobierno federal ha responsabilizado al Gobierno de María Eugenia Campos Galván por la fuga de los internos. Sin embargo, la CNDH ha detectado y mostrado su preocupación por el abandono institucional, que involucra a diversas autoridades, no solo estatales, pues en su más reciente diagnostico advirtió:
“Derivado de supervisiones que se efectuaron por parte de personal de la CNDH, llama la atención y preocupa profundamente a este organismo, las condiciones detectadas en los centros penitenciarios que durante varios años no habían sido supervisados por este organismo nacional, constatando un generalizado abandono institucional por parte de las autoridades penitenciarias, gobiernos estatales, municipales y corresponsables en la materia inobservando lo mandatado en la Ley Nacional de Ejecución Penal”.
