La crisis por la COVID-19, que obligó a los gobiernos a tomar estrictas medidas restrictivas, vino a profundizar las violencias que viven las mujeres y niñas, así como las desigualdades y las discriminaciones.
Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).– Elideth Ríos Cabrera se armó de valor para terminar con Omar, quien fue su pareja por al menos 10 años. Cansada de una relación nociva y de mantenerlo, le pidió que se fuera de la casa y él aceptó, pero le solicitó una semana para mudarse. Llegado el plazo se fue, pero antes la mató y llamó al padre de ella para confesar el crimen.
–Don, a su hija la drogué y está muerta–, escuchó Gerardo Ríos por el auricular de su teléfono esa terrible mañana del 22 de junio.
–¡No digas pendejadas!–, contestó el papá de la joven.
–Está drogada y está muerta. Ahí le pido de favor que cuide a mi hijo–, balbuceó Omar y luego colgó.
Gerardo no daba cabida a lo que había escuchado y volvió a marcar, pero no se pudo comunicar: Omar le había llamado de un teléfono público. Gerardo habló a su esposa para ir a la vivienda de su hija, ubicada en la colonia Metropolitana Primera Sección, en el municipio de Nezahualcóyotl (Estado de México). Al arribar al inmueble encontraron en la recámara el cuerpo sin vida de Elideth. Había sido estrangulada.
A pesar de la restricción de movilidad por la pandemia de la COVID-19, la violencia en contra de las mujeres y feminicidios en México, tanto en lo doméstico como en lo comunitario, no se detuvieron; en cambio, lo que sí paró fue el acceso a la justicia para las víctimas, denunciaron activistas y especialistas sobre el tema de feminicidios.
Elideth, de 30 años de edad, es una de las 2 mil 781 mujeres asesinadas entre los meses de marzo a noviembre del 2020, periodo que corresponde al confinamiento derivado por la crisis sanitaria por la COVID-19.
Los asesinatos de mujeres presentaron un repunte durante los dos primeros meses de confinamiento y de arranque de la campaña #QuédateenCasa.
En marzo de 2020, al menos 334 mujeres fueron asesinadas (77 feminicidios y 257 homicidios dolosos), lo que representó un alza de 9.50 por ciento con respecto al mismo periodo del 2019 (305 asesinatos) y un 7.05 por ciento en comparación con el mes anterior, es decir, febrero (312 asesinatos).
En abril del presente año se registraron 336 asesinatos (71 feminicidios y 265 homicidios dolosos), un 7 por ciento más que los reportados en abril de 2019, con un total de 314.
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los asesinatos de mujeres bajaron durante los meses de mayo (300), junio (306), julio (310), agosto (300), septiembre (328) y octubre (312). Pero en noviembre la cifra nuevamente descendió (255).
Las cifras oficiales del total de asesinatos de mujeres ocurridos durante la pandemia (2 mil 781) muestran una ligera disminución con respecto al número registrado al mismo periodo del año pasado, de marzo a noviembre de 2019, que fueron 2 mil 895.
Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios, y María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, consideran que el problema de los feminicidios es más grave de lo que muestran los números del Secretariado.
“En México no ha bajado el problema de asesinatos de mujeres. Todavía no logramos que acrediten en muchas entidades federativas los feminicidios”, destacó María de la Luz Estrada.
Las expertas estiman que el subregistro de los feminicidios o asesinatos de mujeres estaría en los homicidios imprudenciales.
“Las cifras no reflejan la dimensión real. Hay un subregistro, muchos asesinatos o feminicidios son catalogados no solo como homicidio doloso, sino como homicidio imprudencial”, señaló Figueroa.
Wendy Figueroa sostuvo que el registro estadístico en el país es un área de oportunidad porque existen obstáculos para visibilizar y registrar los asesinatos contra las mujeres de acuerdo con el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
“Una deficiencia es que a nivel nacional el delito de feminicidio no está homologado. Seguimos esperando que la propuesta del legislativo en relación a que el delito fuera homologado en el Código Penal sea aprobada, lo que significaría que todo asesinato contra mujeres y niñas sea investigado como feminicidio”, destacó.
Dijo que la falta de homologación genera que haya asesinatos de mujeres que son clasificados como homicidios dolosos u homicidios culposos, que son dos clasificaciones que invisibilizan el delito de feminicidio, es decir, asesinatos por razones de género.
“Hay feminicidios, lo hemos visto en comunidades indígenas, que son clasificados como suicidios. Nuevamente el delito se oculta, se maquilla”, ejemplificó.
Otro obstáculo para poder tener clara la realidad, detallaron las expertas, es que en México en el tema de feminicidios o violencia contra las mujeres hay una cifra negra de más del 90 por ciento.
“Esto significa que lo reflejado por el Secretariado Ejecutivo o por alguna otra fuente es una pincelada de lo que realmente ocurre en nuestro país”, detalló Figueroa.
Esta cifra negra se relaciona con la falta de tipificación, pero también porque no hay un seguimiento en los casos y no hay una evaluación.
“No vamos a poder comparar (con las cifras oficiales) porque hay un subregistro. Yo lo veo, yo que estoy trabajando directo con estados, veo que los bancos de datos no están actualizados. Muchos de los casos la autoridad no los documenta”, dijo la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Wendy Figueroa agregó que “son muchos los obstáculos los que nos llevan a tener estas fluctuaciones en las cifras”.
En al menos 21 entidades federativas se han decretado Alertas de Violencia de Género en las que se generaron lineamientos y protocolos para documentar e investigar los feminicidios, sin embargo, es en la práctica donde existe el problema porque los protocolos no se implementan correctamente.
“Entonces lo que hacemos es revisar esas implementaciones de Alerta de Género. Nosotras vemos cómo se tienen que estar revisando las investigaciones porque en los asesinatos de mujeres muy pocos se investigan como feminicidios”, dijo Figueroa.
Las autoridades, detalló, insisten en referir que muchos de los asesinatos de mujeres están vinculados con el crimen organizado, pero tampoco los están investigando, pues son competencia federal.
“Nadie los investiga. El feminicidio por lo regular es un crimen del fuero común y lo que pasa con estos casos es que nadie los investiga y siguen en la impunidad. En un país donde no se investiga, al final del ambiente es de impunidad”, dijo María de la Luz Estrada.
Y añadió: “puedo afirmar que más del 50 por ciento de los asesinatos de mujeres de estos casi 3 mil son feminicidios. ¿Por qué lo digo con esa certeza? Porque acompañamos los casos, porque trabajamos con las autoridades y porque nos damos cuenta que no los están investigando. La autoridad no quiere vincularlos como feminicidio porque considera que eso da mala imagen, es un tema que les genera mucho ruido, sin comprender que si no se visibiliza y no se investiga, no se va a poder generar la política criminal que requiere”.
Wendy Figueroa insistió que existe un incremento en la violencia contra las mujeres que compagina con la pandemia de la COVID-19, en comparación con el año 2019. “Siempre lo hemos dicho: sí hay un incremento suficiente para que se pueda hacer un análisis de las fallas y de lo que se está omitiendo en el acceso a la justicia integral para poder tomar acciones como Estado mexicano”.
La directora de la RNR informó que a nivel nacional hay un incremento de 68 por ciento de mujeres y niñas atendidas por la Red de Refugios, en el periodo marzo a noviembre, en comparación con el mismo lapso de 2019.
“Pero dentro de este incremento sí hemos visto que en estas fluctuaciones, en junio y julio, bajó un poco. En agosto y septiembre volvió a subir el índice de atenciones vía telefónica y solicitudes de auxilio presenciales. En octubre y septiembre, por ejemplo, cada hora se comunicaron al menos dos mujeres a las redes sociales o línea telefónica, y el incremento en refugios fue muy visible con un alza de 66 por ciento de auxilios dentro de centros de atención externa”, detalló.
Las especialistas reiteraron que la COVID-19 vino a profundizar las violencias que viven las mujeres y niñas, así como las desigualdades y las discriminaciones.
María de la Luz Estrada destacó que además de los feminicidios hay que recalcar que más de 5 mil mujeres fueron desaparecidas en 12 estados del país, de las cuales, siguen sin encontrar a más de 1 mil 200 mujeres y el 48 por ciento eran menores de edad cuando desaparecieron.
Lo que preocupa a las especialistas y defensoras es que a pesar de que hubo menos movilidad por las medidas de sanidad, las desapariciones continuaron. Esto es alarmante porque una desaparición puede incurrir en el delito de feminicidio.
“En una desaparición o no las encontramos, o las encontramos asesinadas o se encuentran en una situación muy delicada, donde no tenemos autoridades especializadas para atenderlas sino todo lo contrario: autoridades que revictimizan y las culpan de que ellas tuvieron la responsabilidad por la cual se las llevaron los agresores”, afirmó Estrada Mendoza.
ACCESO A LA JUSTICIA
El feminicidio de Elideth Ríos Cabrera sigue impune. Omar, su agresor, sigue prófugo de la justicia.
Gerardo Ríos, padre de Elideth, denunció que las autoridades actuaron de manera lenta e incluso omisa, pues primero emitieron una orden de aprehensión contra el agresor con otro nombre.
Además destacó que a los pocos meses del crimen él llevó información importante a las autoridades sobre la posible ubicación del presunto responsable, pero no fue atendido de manera inmediata.
La familia de la joven, que era madre de un niño de 10 años de edad, destaca que a lo largo del proceso son ellos quienes han realizado varias acciones e investigaciones que entregan a las autoridades, sin embargo, su caso no avanza.
“Las autoridades no hacen su trabajo. Me mandaban de una oficina a otra y se echaban la bolita unas a otras. Son indolentes. No hacen para nada su trabajo, nada más están en la silla sentados aplanándose las nalgas porque no solucionan absolutamente nada. Yo solo he estado buscando al cabrón ese, podría decir que casi el 90 por ciento del trabajo porque no veo ningún avance en el caso de mi hija”, compartió el señor Gerardo Ríos.
La falta de acceso a la justicia y la protección por parte del Estado mexicano ha sido una demanda constante por parte de colectivos feministas y víctimas. La pandemia provocó que este problema se agudizara.
“En la pandemia esperarías que, al menos en lo comunitario, la violencia hubiera disminuido y no fue así, eso nos alarma. La pandemia no disminuyó la violencia, todo lo contrario, se volvió un obstáculo más para el acceso de la justicia, porque si en tiempos normales la autoridad es omisa, mucho más ahora con la pandemia porque no trabaja todo el personal”, ejemplificó María de la Luz Estrada.
Las autoridades bajaron su nivel de atención hasta un 40 por ciento debido a la pandemia, de acuerdo con el OCNF, lo que desprotegió mucho más a las mujeres.
“Cuando se habla de la pandemia se dice que ha aumentado (el feminicidio) porque el confinamiento trajo a las mujeres el aislamiento y eso provocó que las mujeres tuvieran menos posibilidad de protegerse o denunciar al agresor; además cuando lo denuncian no tienen la protección”, dijo Estrada Mendoza.
POSTURA DEL ESTADO
La respuesta del Estado frente a la problemática de los feminicidios ha sido laxa y de dobles discursos, consideraron Figueroa Morales y Estrada Mendoza.
La directora de la Red Nacional de Refugios ejemplificó que, en lugar de ver mayores acciones, lo que se ha obtenido como respuesta por parte del Estado mexicano es disminuir los presupuestos y el debilitamiento de las instancias que procuran el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos. Por otro lado, también el Gobierno federal ha apostado por la criminalización y persecución a los movimientos feministas y a las asociaciones civiles.
“El Estado tiene que trabajar en lo que le compete, que es garantizar un Estado de derecho pleno, pero eso no existe. El panorama siento que no cambia, no se hace visible la importancia de transformar las políticas en políticas públicas intersectoriales, con enfoque de género de derechos humanos”, destacó Wendy Figueroa.
María de la Luz Estrada reiteró que la COVID-19 evidenció aún más la incapacidad del Estado para responder ante las violencias de género y la violencia que ya existía en el país.
“Sentimos que hasta el día de hoy el Gobierno no ha podido dar una respuesta a estos problemas muy graves, y otra cosa que también hemos alertado al Gobierno federal es que la violencia no está solo en el ámbito federal, y si no la miran en otros ámbitos, no vamos a poder avanzar para que el Estado realmente vea cómo está la violencia comunitaria”, puntualizó.
