Pobladores enunciaron que desde la semana pasada habitantes de los pueblos de Los Morros, Carrizal, Campo de Aviación, Tres Cruces, Izotepec y La Escalera, Polixtepec y Corral de Piedra recibieron amenazas de que entrarían los comunitarios que se encuentran en Filo de Caballos, mientras y, simultáneamente, les hicieron llegar videos y fotografías de ejecuciones que están cometiendo en la zona para crear un ambiente de miedo.
Por Zacarías Cervantes
Chilpancingo, Guerrero, 3 de noviembre (El Sur/SinEmbargo).- Civiles armados que operan en la sierra siguen presionando a pobladores para que abandonen sus comunidades del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), denunciaron desplazados y el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández.
Desde la semana pasada habitantes de los pueblos de Los Morros, Carrizal, Campo de Aviación, Tres Cruces, Izotepec y La Escalera, Polixtepec y Corral de Piedra recibieron amenazas de que entrarían los comunitarios que se encuentran en Filo de Caballos, mientras y, simultáneamente, les hicieron llegar videos y fotografías de ejecuciones que están cometiendo en la zona para crear un ambiente de miedo y salgan las familias que aún quedan en esas localidades.
El director del Centro Morelos, Olivares Hernández, declaró ayer que el grupo de familias de Los Morros que llegaron el viernes al auditorio municipal de Chichihualco, sí son desplazadas por la violencia y rechazó las declaraciones del Obispo Salvador Rangel Mendoza de que bajaron a cobrar su apoyo de Prospera.
Ayer domingo, las familias que bajaron desde el viernes de Los Morros, después de caminar casi 10 horas, algunas mujeres con sus niños en brazos, permanecían en el auditorio municipal de Chichihualco. Con ellos, el número de desplazados aumentó a más de 500, y no son 70 como aseguró el Secretario de Gobierno Florencio Salazar Adame durante su comparecencia ante el Congreso local como parte de la glosa del tercer informe del gobernador Héctor Astudillo Flores.
MÁS FAMILIAS SALEN DE LOS PUEBLOS
Olivares Hernández declaró que, por el contrario, cada vez hay más familias que están saliendo de sus pueblos por amenazas de civiles armados, al parecer vinculados con la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo que desde el 11 de noviembre tomaron Filo de Caballos.
El viernes, en un boletín de prensa el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero, informó que de las 18 comunidades que conforman el municipio de Leonardo Bravo ha tomado el control de nueve de ellas y ofreció el retorno de las familias que han sido desplazadas por la violencia generada entre dos grupos del crimen organizado que se disputan la zona.
Sin embargo la coordinación de ese Frente se deslindó de “la guerra que mantienen” Juan Castillo Gómez, El Teniente, y Juan Guevara Rodríguez, El Jaleaco “ya que sus acciones obedecen a un problema de antaño que mantienen por rencillas personales entre estos dos personajes y gente que los sigue”, en aparente referencia a las ejecuciones que se están haciendo llegar mediante videos y fotografías a los pueblos de los que están saliendo más desplazados.
Desplazados que llegaron el viernes al auditorio municipal de Chichihualco contaron que entre el jueves y viernes hombres armados vestidos tipo militar, hicieron circular en redes sociales videos y fotografías de ejecuciones en dos sitios distintos que cometieron en la sierra e hicieron amenazas de que van a entrar en las comunidades.
Algunos de ellos insistieron en que los pistoleros están vinculados con la Policía Comunitaria que sigue en Filo de Caballos.
“Están utilizando una estrategia de terror para que las familias sigan abandonando los pueblos”, dijo ayer Olivares Hernández.
Los desplazados contaron que el miércoles fueron levantados un niño de 16 años de Carrizal y un adulto de 37 de Los Morros, y el viernes se difundió entre la gente de las comunidades un video de la ejecución de ambos.
El sábado, el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, informó en un boletín que las víctimas son Gabriel “N” de 37 años, y Moisés de 18, ambos originarios de Chichihualco.
Pero sus familiares, aseguraron ayer el menor tenía 16 años y que era de Carrizal y la otra víctima era de Los Morros.
Contaron que desde el miércoles que desaparecieron estuvieron solicitando la intervención de la policía para que fuera a rescatarlos y que hasta informaron del lugar en donde podrían ser encontrados, pero denunciaron que la policía fue a levantarlos ya cuando había circulado el video de su ejecución.
“Ojalá algún día se acabe este infierno, que Dios los perdone, y que a esta gente desplazada Dios las bendiga”, dijo uno de los desplazados al escuchar la historia.
El viernes también circularon fotografías de otra ejecución múltiple que habría ocurrido entre Izotepec y Filo de Caballos con un texto que informa de un enfrentamiento entre policías comunitarios de Heliodoro Castillo y pistoleros que fueron abatidos en esa zona. Según los testimonios allí habrían sido asesinados 13 personas, uno de ellos identificado con el alias de El Chaca y cinco de sus pistoleros.
El director del Centro Morelos, Olivares Hernández, dijo que por estas imágenes que se están enviando a los pueblos y las amenazas de que entrarán los comunitarios, las familias siguen abandonando sus comunidades, e insistió que las familias que llegaron el viernes a Chichihualco, sí son desplazados que llegaron de Los Morros.
“Se vinieron familias enteras, con sus niños, si vinieran a cobrar Prospera como dice el obispo, ¿para qué se traen a sus hijos?, son muchos niños”, insistió el director del organismo que ha sido designado por los desplazados como su representante.
“Yo no sé si el obispo tenga alguna otra información, pero para nosotros son desplazados, están en el auditorio y nos comentaron las circunstancias por las cuales se tuvieron que salir”, declaró.
REUNIÓN CON NUEVOS FUNCIONARIOS
Informó que el 27 de noviembre se reunieron con funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del nuevo gobierno federal, a quienes le plantearon que una comisión interinstitucional a nivel federal venga a platicar con las familias de desplazadas, “que conozca la situación y firmen una minuta de acuerdos para asegurar su retorno a corto o mediano plazo a sus pueblos”, o, en todo caso, que vayan pensando en su reubicación, si es que el gobierno federal considera que es difícil pacificar la región.
Olivares agregó que esperan que en esta semana tengan una respuesta de los funcionarios con los que se reunieron.
Informó que la petición se hizo de manera verbal y después por escrito que enviaron vía correo electrónico.
Informó que la gente con la que platicaron reconoció que el desarme y el retiro de los policías comunitarios que tienen tomado Filo de Caballos, “no se puede resolver con un tronar de dedos”, que tiene que seguirse un proceso y que primero tienen que conocer bien cuál es la realidad y tener toda la información, porque la administración que salió no les compartió este tipo de casos.
Olivares agregó que con la información que vengan a recabar de manera directa van a poder implementar una estrategia de solución de este asunto.
CONFIRMAN NUEVOS ENFRENTAMIENTOS
Mientras tanto, representantes de los desplazados en el auditorio municipal de Chichihualco confirmaron mediante un boletín que hubo enfrentamientos “entre los grupos delincuenciales que pelean el control del territorio”, el martes 27 de noviembre, uno entre las localidades de Carrizal y Filo de Caballos, dejando como resultado, de acuerdo a lo publicado en las redes sociales 3 muertos y el otro enfrentamiento ocurrido el mismo día entre las comunidades de Los Morros y Campo de Aviación, sin aparente pérdida de vidas.
El boletín, firmado por Maricela Cástulo Guzmán, Mario Palacios Salgado, Alma González Solano y Crescencio Pacheco González, denuncia que esos nuevos enfrentamientos “nos muestra como la inacción o complicidad de las autoridades federales lleva como finalidad que el nuevo gobierno federal asuma el poder con un país hundido en una crisis humanitaria y en la ingobernabilidad”.
Asimismo, criticaron que “los intentos por deslindar a la pseudo policía comunitaria de estos enfrentamientos llevan como finalidad justificar su presencia ante la inseguridad que se vive en la zona, cuando todos sabemos que son estos sicarios comunitarios los que han tomado a sangre y fuego varias comunidades del municipio de Leonardo Bravo, apoyados por otros grupos de supuestos comunitarios de municipios como Apaxtla de Castrejón y Teloloapan”.
Insistieron que esto está obligando a decenas de familias a desplazarse y que a otras las retienen junto con los comisarios municipales de las comunidades “para usarlos en determinado momento como escudos humanos y para que digan que están de acuerdo con la presencia de los pseudo policías comunitarios”.
Denunciaron que “a pesar de la gravedad de la situación, la soberbia del gobernador se impone a mínimo raciocinio humano” y añadieron que la situación “debiera llevarlo a dar la cara y enfrentar la situación presentándose al auditorio municipal de Chichihualco a dialogar con las familias, víctimas de desplazamiento forzado y plantearles algunas propuestas de solución, pero por el contrario, como es su costumbre, delega esa responsabilidad en el secretario de Gobierno Florencio Salazar Adame, en el subsecretario de Desarrollo Político Martín Maldonado del Moral y en la delegada de Gobierno en la zona Centro Norma Yolanda Armenta Domínguez, quienes no tienen la capacidad para resolver este tipo de problemas”.
En su boletín, los representantes de los desplazados, demandaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, que acuda a dialogar con las familias desplazadas y sus representantes y les ofrezca una estrategia de solución; que “los presuntos comunitarios” sean desarmados o replegados a sus municipios.
Asimismo, acordar con cada comunidad el número de elementos policiacos y militares que brindarán la seguridad en cada una de las comunidades; que se garanticen los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación y al empleo a las familias desplazadas; que se evalúen las pérdidas que cada familia haya tenido en sus propiedades y posesiones para su reposición por parte del gobierno federal y estatal.
Además, que las autoridades federales garanticen la seguridad pública en la región, así como la investigación y sanción de los responsables de la violencia, estableciendo garantías de no repetición.
Además del cumplimiento irrestricto de la Ley 487 para la Atención y Prevención del Desplazamiento Interno y de la Ley General de Víctimas, y los estándares internacionales en la materia.
